Un análisis sobre el "interés legítimo diluido" en la propuesta de reforma a la Ley de Amparo: "puede anticiparse que en la práctica el nuevo "interés legítimo diluido" que propone la iniciativa presidencial terminará regresándonos a la época en que sólo se podía acudir al amparo si existía interés jurídico fehaciente".

Las y los desaparecidos irrumpieron en un sexenio que pretendía relegarlos al olvido, a partir de los hallazgos realizados por los colectivos de madres buscadoras en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Guerrero.

La propuesta que hoy se discute instrumentaliza el justificado enojo mayoritario frente la incapacidad de nuestro sistema de justicia para prometer un resultado que no entregará. Elegir a las personas juzgadoras no resolverá los problemas estructurales que subyacen a esta incapacidad, relacionados sobre todo con la falta de acceso igualitario a la justicia; es decir, con el mal funcionamiento de los poderes judiciales locales, de los servicios periciales, de las defensorías públicas, de la abogacía privada, de las comisiones de víctimas, de las instancias de búsqueda de personas desaparecidos y, sobre todo, de las disfuncionales fiscalías. Hoy la nación invierte tiempo y recursos en debatir sobre el acceso de algunos y algunas a encabezar los órganos de impartición de justicia y no, como deberíamos, en discutir sobre el verdadero acceso igualitario a la justicia de todos y todas; particularmente, de las personas más excluidas. Esta es la cuestión urgente que, trágicamente, estamos dejando de lado.

Quizá la mejor manera de hacer un balance sobre la primera década de la reforma de derechos humanos no sea elaborar el enésimo recuento de las tesis de la SCJN o un nuevo panegírico sobre el papel de determinado ministro, sino más bien adoptar la perspectiva de Epp y analizar cómo se encuentran en el país las estructuras de apoyo a las luchas por los derechos; el apoyo público a esta agenda; el ensanchamiento de esa estrecha puerta mediante la que se accede a la justicia que es el derecho procesal; el desamparo de las víctimas ante la impunidad; la provisión de servicios jurídicos para los más pobres.