Los tiempos políticos, desafortunadamente, no son los más adecuados para un debate inteligente al respecto; con una sucesión presidencial adelantada, es difícil imaginar que la clase política abra siquiera una discusión en torno a una eventual legislación creativa y moderada para aterrizar la entrada en vigor de esta disposición en julio del 2023. No obstante, lo que está en juego no es menor: aprovechar lo pactado en el T-MEC, para trazar reglas mínimas de la conversación pública digital de la democracia mexicana.

A finales del año pasado, Facebook echó a andar uno de sus experimentos más ambiciosos y controvertidos: su Consejo Asesor de Contenidos (Oversight Board for Content Decisions), cuyo principal propósito consiste en seleccionar y revisar un determinado número de las apelaciones de los usuarios de esta plataforma de Internet respecto sus decisiones de contenido. En los últimos meses, esta especie de Corte Suprema de Facebook ha emitido sus primeros fallos y pronto tendrá que resolver si la decisión de cancelar la cuenta de Trump en esta plataforma fue atinada y, en su caso, si debe ser definitiva. Pero, en concreto, ¿cómo funciona esta institución? ¿Cuál es el alcance de sus decisiones? ¿Qué implica que este tribunal internacional privado defina la libertad de expresión?

Falta esperar la suerte de esta iniciativa del senador Monreal en el Congreso, pero lo justo es mencionar que sí ofrece un acierto de enorme relevancia: se trata de un contraejemplo idóneo de una buena política pública en la materia y, en este sentido, puede convertirse en un buen punto de partida para enfrentar una asignatura pendiente en la conversación pública del país: entender cada vez más y mejor qué son las plataformas de Internet, sus riesgos puntuales para el discurso púbico democrático y las opciones viables para una eventual regulación sin chicotazos autoritarios e inoperantes.