En 2021 el gobernador de Jalisco presentó al Congreso local una iniciativa de ley que tenía por objetivo llevar a cabo ambiciosas modificaciones al régimen pensionario público contenido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Esta iniciativa fue aprobada sin mayor dilación. Sin embargo, un punto controversial fue la reducción de las tasas de aportación, desencadenándose un impacto en los montos de pensión a los que se puede aspirar una vez que reúnan los requisitos; además de establecer un tope a las pensiones de modo que no podrán ser superiores a 39 veces el valor de la UMA elevado al mes -aspecto que, en un artículo transitorio, se determinó que fuese aplicado a todas aquellas pensiones que ya se encontraban siendo pagadas superiores a ese monto.

Lo que sí se puede afirmar, es que la respuesta que ha suministrado la Suprema Corte no es convencionalmente suficiente, pues merma los efectos de lo que ha sido considerado un plazo razonable, que deben ser empleados de igual manera para determinar, en casos de prisión preventiva oficiosa o automática, si la revisión que periódicamente se debe realizar sobre las causas de mantenimiento -y de forma oficiosa- se ha llevado a cabo de conformidad con el cúmulo de derechos que se encuentran relacionados con esta situación jurídica.

Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional.