Fue la propia Cámara de Diputados quien confirmó, en su reglamento que quien presida la mesa directiva tiene la presentación originaria para que, por sí mismo, presente demandas de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de la cámara, incluso en los períodos de receso. Esa es una facultad jurídicamente legitimada por la propia Cámara de Diputados, lo que implica que la diputada Laura Rojas no actuó de forma arbitraria.
Sergio Charbel Olvera Rangel
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El deporte nacional: reformar la Constitución
El texto original de la Constitución, publicado el 5 de febrero de 1917, tiene 22 029 caracteres; mientras que el texto actual tiene 70 432. En ambos casos, considerando a los artículos transitorios que acompañan al texto original y sin considerar a los transitorios que acompañan a los decretos de reforma, los cuales también son normas constitucionales. Esos datos implican que la Constitución vigente tiene 48 403 caracteres más que el texto vigente, es decir, el texto ha aumentado un 219.7 %.
La inconstitucionalidad de la facultad para desaparecer poderes locales
La Constitución federal no prevé la facultad del Senado de la República para desaparecer los poderes de las entidades federativas ni para destituir a gobernadores. Más bien, prevé la facultad del Senado para declarar la situación fáctica de la desaparición de poderes de las entidades federativas, no para desaparecerlos.
Los juzgadores de amparo y su obligación de denunciar posibles delitos
Los órganos jurisdiccionales de amparo tienen todos los medios jurídicos para ser los principales detonadores del respeto, protección y garantía de los derechos humanos, ya que están obligados a investigar, denunciar y hacer del conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos que conozcan a través de su función jurisdiccional. El amparo es un recurso efectivo en tanto los juzgadores de amparo cumplan con todas sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos. Esto permitirá reducir la impunidad y fortalecer el estado garantista de derecho.