El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En medio del torbellino de noticias, el asunto pasó casi desapercibido. Sin embargo, las disposiciones de este código conllevan uno de los cambios más profundos y significativos para el derecho mexicano, pues modifica sustancialmente los procedimientos para aplicar las reglas y principios del juicio oral, considera los beneficios de la justicia alternativa, reconoce e introduce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y permite ajustes al procedimiento para que, sin alterar el principio de igualdad procesal, las autoridades jurisdiccionales puedan reconocer las condición de vulnerabilidad de las partes.

El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara de utilidad pública la “conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” de tres tramos otorgados mediante título de concesión a Ferrosur, S. A. de C. V. El decreto ordena la “ocupación temporal inmediata” a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V que es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Marina y que es “integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

El sábado pasado Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República y el autor de la llamada “Verdad histórica” del caso Ayotzinapa, fue imputado como autor intelectual de los delitos de tortura y desaparición forzada, y autor material de delitos contra la administración de justicia. De acuerdo con la escasa información disponible, en la acusación se señala que Murillo es responsable del delito de tortura por ser el superior jerárquico de quienes la realizaron. Se añade que el móvil era generar la “Verdad histórica” para dar una explicación a la sociedad. Se le acusa también de delitos contra la administración de justicia por estar de acuerdo en la siembra de pruebas y romper la cadena de custodia. El delito de desaparición forzada se configuraría porque la “Verdad histórica” obstruyó otras líneas de investigación. ¿Qué implica todo lo anterior para el esclarecimiento de lo que sucedió esa trágica noche, la identificación y sanción de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición?