Festejar la decisión de la primera sala y alentar que el proyecto avance en establecer claramente la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública y, al mismo tiempo, mantenga los estándares sobre tortura, no es menor. Se trata de exigir que nuestras leyes penales sean claras, protejan bienes jurídicos determinados y no permitan la ambigüedad, lo cual es primordial para cualquier sociedad que se ostente como democrática.