Sin duda, la época actual y las condiciones climáticas tanto de México como del mundo demandan de los gobiernos una evolución y mejora constante en las acciones que llevan a cabo para brindar justicia climática a sus poblaciones. El hecho de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad patrimonial frente a los gobernados no solo implica acciones de distribución de ayuda humanitaria entre los afectados. Supone implementar programas para la reparación integral de los daños causados a la población; integrar políticas de diseño urbano y ordenamiento territorial que contemplen medidas de adaptación en zonas como la costa de Guerrero afectada; implementar medidas de prevención y mejoras en los sistemas de protección civil municipal, estatal y federal al igual que medidas para reparar los ecosistemas y bosques afectados. La responsabilidad patrimonial del Estado es un mecanismo para mejorar permanentemente la función administrativa y lograr la justicia climática en beneficio de los habitantes.

Este texto busca generar una reflexión tanto jurídica como sociológica a partir del terrible caso de Debanhi. Para conseguir lo anterior, en primer lugar, narraremos los lamentables hechos; en segundo lugar, mencionaremos ciertas acciones básicas que debieron realizar las autoridades y que negligentemente no hicieron, además, retomaremos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de las autoridades de investigar con perspectiva de género y; en cuarto lugar, expondremos nuestras reflexiones finales.