Más allá de los cambios que el poder judicial, desde la SCJN, esté generando, es obligación directa del poder legislativo hacer las modificaciones pertinentes desde que se emitió el primer fallo. Los nuevos integrantes del Congreso de la Unión están frente a una oportunidad histórica para corregir el rumbo de las políticas prohibicionistas a partir de los criterios que la Corte ha establecido.