La armonización de reforma judicial en las entidades implicará inevitablemente la instalación de nuevos procedimientos de selección de jueces y magistrados, los cuales deberán adecuarse a los mecanismos que prevé la reforma nacional, es decir, mediante la postulación de candidatas y candidatos que cumplan con los requisitos fijados en la propia Constitución federal. Además, se tendrán que reformar las constituciones locales, la ley orgánica de sus respectivos poderes judiciales y, finalmente, su ley del servicio profesional de carrera judicial. Aquí es donde emerge la siguiente pregunta: ¿Pueden las entidades federativas hacer frente, mediante la armonización de sus constituciones locales, a la reforma judicial?