A casi nueve años de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, los avances en el combate a este fenómeno parecen ser pocos. Por lo anterior, es importante exponer, por una parte, las cifras que muestran el estado del país respecto de la corrupción y; por otra, algunos acontecimientos recientes en materia jurídica sobre lineamientos y normas del sistema que constitucionalmente se estableció como la instancia de coordinación entre las autoridades de distintos niveles para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción en México.

Además de la omisión de contemplar en el PEF recursos para la reparación de los daños ocasionados por Otis en Acapulco y de la insuficiente cantidad de recursos que se destinarán por parte del gobierno federal a esta causa, es importante tener en cuenta que asignar una cifra a determinado tema no basta para dar soluciones eficientes a los problemas que enfrenta el país.

Sin duda, la época actual y las condiciones climáticas tanto de México como del mundo demandan de los gobiernos una evolución y mejora constante en las acciones que llevan a cabo para brindar justicia climática a sus poblaciones. El hecho de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad patrimonial frente a los gobernados no solo implica acciones de distribución de ayuda humanitaria entre los afectados. Supone implementar programas para la reparación integral de los daños causados a la población; integrar políticas de diseño urbano y ordenamiento territorial que contemplen medidas de adaptación en zonas como la costa de Guerrero afectada; implementar medidas de prevención y mejoras en los sistemas de protección civil municipal, estatal y federal al igual que medidas para reparar los ecosistemas y bosques afectados. La responsabilidad patrimonial del Estado es un mecanismo para mejorar permanentemente la función administrativa y lograr la justicia climática en beneficio de los habitantes.

Este texto busca generar una reflexión tanto jurídica como sociológica a partir del terrible caso de Debanhi. Para conseguir lo anterior, en primer lugar, narraremos los lamentables hechos; en segundo lugar, mencionaremos ciertas acciones básicas que debieron realizar las autoridades y que negligentemente no hicieron, además, retomaremos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de las autoridades de investigar con perspectiva de género y; en cuarto lugar, expondremos nuestras reflexiones finales.

Un médico y una médica, ambos cirujanos, recibieron la orden de atender posibles pacientes con COVID-19 sin estar capacitados ni tener equipamiento para ello. Se les indicó que sólo se les proporcionarían EPP hasta que existieran contagios confirmados. Ante ello, presentaron un amparo y reclamaron violación a los derechos a la vida, al trabajo en su vertiente de libre elección y condiciones satisfactorias de seguridad, así como el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, sus elementos de disponibilidad y calidad en la vertiente de acceso y disponibilidad de equipos de protección para el COVID-19, así como al uso máximo de recursos disponibles para garantizar la salud y la vida.