Las constituciones políticas tienen, entre sus muchas finalidades, dos objetivos centrales. Uno es regular la cotidianidad del poder. A través de reglas, órganos y procedimientos, el orden constitucional acota el uso del poder público. Nos dice qué puede y qué no puede hacer la autoridad. Con ello, asegura cierta predictibilidad para los individuos de un país.
Pero las constituciones también suelen imaginar y regular lo improbable. La mayoría de las constituciones en el mundo occidental no fueron escritas con ingenuidad. Una buena parte de ellas fueron redactadas o reformadas durante la posguerra (1945 en adelante). Otras siguieron períodos revolucionarios, como la mexicana, en donde la experiencia indicaba que las excepciones (de todo tipo) son parte inevitable de la vida democrática. Por eso, en prácticamente todas las constituciones hay apartados importantes dedicados a regular lo extraordinario.
Ilustración: Patricio Betteo
En el caso del coronavirus, no hay duda que se trata de un reto excepcional a todos los órdenes jurídicos. En su libro, The Deadliest Enemy (2017),1 Michael Osterholm, uno de los más importantes epidemiólogos de Estados Unidos, predecía que una de las principales consecuencias de una pandemia (particularmente una relacionada con algún tipo de influenza o gripa) sería poner en riesgo la estabilidad sociopolítica de varios Estados, así como la gobernabilidad de regiones enteras. No exageraba. Cuando la pandemia crezca aún más, tanto en su impacto en vidas como en sus consecuencias humanas y económicas, la solidez de múltiples Estados será probada a una escala que no habían visto generaciones previas.
Por ello, los gobiernos han recurrido a medidas extraordinarias. Hasta ahí, ninguna novedad. Una pandemia demanda acciones urgentes y fuera de lo común. Exige flexibilidad de las instituciones públicas y rapidez en la actuación de los jugadores políticos. Pero los riesgos que acompañan estas medidas no son menores. Muchos gobiernos verán en la crisis una oportunidad para aumentar su poder o para evitar resultados políticos adversos.
Y es que difícilmente un gobernante tendrá más apoyo que en momentos como este. Para muestra, algunos botones: el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, cuenta con el apoyo de más del 70% de la población.2 Donald Trump, por su parte, ha aumentado dentro del porcentaje de los individuos que aprueban su gestión.3 Angela Merkel y Emmanuel Macron han visto crecer su popularidad en más de 10 puntos porcentuales en menos de un mes.
Dentro de ese contexto, Anne Applebaum relata en un interesante texto en la revista The Atlantic4 cómo algunos gobiernos han aprovechado la situación de emergencia sanitaria para expandir sus poderes. Ahí relata que, recientemente, el primer ministro de Hungaria, Viktor Orban, envió una iniciativa al Congreso buscando la ampliación de sus facultades ejecutivas a unas prácticamente dictatoriales, a la vez que propone la creación de dos nuevos delitos claramente sobre-inclusivos, que podrían servir para perseguir a la prensa independiente y opositores políticos.
En Israel, el polémico primer ministro, Benjamin Netanyahu, emitió un decreto ejecutivo donde canceló las sesiones del poder judicial del país, por lo que, con ello pospuso también el inicio de un juicio en contra de él por supuestos actos de corrupción, que hubiera comenzado hace dos semanas. Esto le ha dado, frente a la situación política adversa que enfrentaba previo a la crisis, capital político.5
En Chile, por su parte, los militares ahora patrullan las calles y plazas públicas6 y un jefe militar es el responsable de supervisar las medidas tomadas por el gobierno chileno. En Bolivia, se pospusieron las elecciones presidenciales que tendrían lugar en mayo.7
Muchas de estos cambios serán temporales y cesarán sus efectos una vez que pase la peor fase de la crisis. Muy probablemente los militares vuelvan a los cuarteles, las cortes a sesionar y las elecciones pospuestas se llevarán a cabo. Pero otros cambios tendrán un impacto mayor y duradero en la relación entre sociedades y gobiernos. Distinguir entre unos y otros será indispensable para no otorgar cheques en blanco a los gobiernos.
En entrevista para este artículo, Douglas Rutzen,8 presidente y director general del Centro Internacional para la Ley sin fines de lucro y profesor de medio tiempo de la Universidad de Georgetown, advierte sobre los riesgos que se corren cuando los poderes ejecutivos –primer ministro, presidente u otra figura análoga- concentran demasiado poder de manera indefinida aún cuando se trata de una crisis. No duda que muchas de las acciones tomadas hasta ahora sean necesarias, pero “deben tener una fecha de caducidad (dos meses, por ejemplo) y una fuerte vigilancia por parte de los congresos.” No limitar temporalmente los cambios legales, advierte, “hará muy difícil revertir estas decisiones en el futuro, pues los gobiernos no querrán ceder lo ganado.”
Las reacciones frente a la pandemia obligarán a debatir qué gobiernos fueron más eficaces. Mucho se ha comentado que el régimen autoritario chino logró frenar la epidemia con rapidez y efectividad. La tentación de elogiar de botepronto a gobiernos autoritarios estará presente en los próximos meses. Pero, en realidad, los gobiernos democráticos cuentan con medidas autoritarias -previstas jurídicamente- para lidiar con la pandemia. La dicotomía entre regímenes autoritarios y democracias ante una situación tan dramática como la que se vive es, en cierto sentido, falsa9. Porque en una democracia hay licencias temporales para mutaciones transitorias de régimen. En un artículo reciente, el exsenador Roberto Gil la llamó con precisión la “la tiranía constitucionalmente lícita para cuidar la salud de todos”.10
La discusión pública que tendrá más impacto es sobre tecnología y democracia. Y, ahí sí, los cambios serán de largo aliento. Corea del Sur, uno de los referentes mundiales que más eficazmente ha enfrentado al virus, lo hizo en buena medida mediante un uso muy agresivo de datos personales de sus ciudadanos (además de otras medidas, desde luego, como la aplicación masiva de exámenes a casos sospechosos). Su gobierno ha utilizado los datos celulares de la población -datos de geolocalización, compras de tarjetas de crédito, etc.-, para monitorear a aquellos que han sido infectados por el virus, así como a quienes pudieron haber tenido contacto con ellos en días previos.
En Israel, la agencia de seguridad nacional está por iniciar la operación de un sistema de seguimiento a la localización de teléfonos inteligentes que inicialmente fue diseñado para operativos anti-terrorismo.11 En Bélgica, las tres empresas de telecomunicación más grandes del país acordaron compartir parte de su información con el gobierno central. En Alemania, Deutsche Telekom, la compañía más grande de la rama, ya compartió datos de localización con la agencia federal encargada de combatir el virus. En Estados Unidos, el gobierno se encuentra en pláticas con las compañías tecnológicas más relevantes para decidir cómo utilizar la información de localización para combatir el virus.12
En esta coyuntura mundial, el Comité Europeo para la Protección de Datos Personales, uno de los órganos reconocidos globalmente por su defensa férrea y estricta de los mismos, clarificó hace unos días que el seguimiento de teléfonos individuales -en oposición a los datos anónimos-, bajo ciertas circunstancias podría estar permitido, una excepción importante a su doctrina tradicional.13
Es evidente que muchos gobiernos usarán esta crisis para conseguir objetivos de corto plazo. Pero hay otros que no serán fáciles de deshacer, que serán aquellos cuyo efecto no terminará con la crisis.
Los termómetros vinculados a Internet, las cámaras de imágenes termales, el reconocimiento facial, los algoritmos que procesan comentarios en redes sociales, así como el posible uso de drones para monitorear a la población y entregar provisiones indispensables,14 pueden todos contribuir a combatir el esparcimiento del virus. Los epidemiólogos, sin duda, lo agradecerían.
No es difícil pensar que, en circunstancias como la actual, una mayoría de ciudadanos cederían una parte considerable de sus datos personales al gobierno con la esperanza de que eso devolviera pronto la tranquilidad y la normalidad. Hoy la privacidad no nos parece tan preciada como ayer. De un mes a otro, la privacidad dejó de ser un valor concebido como absoluto en democracia para ser uno más de los valores que deberá balancearse frente al interés público.
Pasando el 11 de septiembre de 2001, se aprobó en Estados Unidos The Patriot Act, un conjunto de leyes que le proporcionó al gobierno federal y las agencias de seguridad un conjunto de medidas para intervenir, con muy poca supervisión legislativa y judicial, comunicaciones privadas, vigilar ciudadanos y detener con pocos elementos a sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas. En el momento, lo obvio era fortalecer al poder ejecutivo. Durante los años siguientes, AT&T y Verizon entregaron millones de llamadas e información de usuarios al gobierno federal. Cuando la historia fue reportada,15 el escándalo nacional fue brutal. La lección en momentos de miedo y pánico nacional es que lo que parece obvio y necesario en una crisis mañana podría ser la historia del abuso. Lo que aparenta ser indispensable en un momento de angustia social y política resulta ser intrusivo y arbitrario en condiciones de normalidad.
En esas condiciones, ¿qué estamos dispuestos a entregarle al gobierno? ¿Qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana? ¿Qué cambios legales podrían cambiar nuestra vida en esta circunstancia pero también intervenir en ella una vez superada la crisis? Ese es el debate que se avecina en las próximas semanas. Y el debate que definirá una parte importante del futuro colectivo.
Juan Zavala. Abogado y estudiante en la universidad de Georgetown.
1 “Deadliest Enemy: Our War against Killer Germs”.
2 Nota del Financial Times.
3 “How unpopular is Donald Trump?”.
4 Artículo publicado en The Atlantic. 23 de marzo de 2020. “The People in Charge See an Opportunity”.
5 Nota del New York Times. 18 de marzo de 2020. “Israel’s Coronavirus Crisis Lets Netanyahu Seize the Initiative”.
6 Nota del New York Times. 18 de marzo de 2020. https://nyti.ms/39vS7u0.
7 “Bolivia posterga su elección ante la crisis del coronavirus”.
9 Desde luego que los gobiernos autoritarios tienen menos límites para actuar y mayores libertades para emplear la violencia arbitrariamente. En este punto, sin embargo, lo importante es mencionar que muchas de las medidas tomadas por gobiernos autoritarios también pueden ser tomadas excepcionalmente por regímenes democráticos.
19 Artículo publicado en El Financiero. 30 de marzo de 2020. “La tiranía de la salud”.
11 Nota del New York Times, 18 de marzo de 2020. “To Track Coronavirus, Israel Moves to Tap Secret Trove of Cellphone Data”.
12 “Leveraging Location Data to Fight COVID-19 – How the U.S. Compares to the Rest of the World”.
13 “Declaración sobre el procesamiento de datos personales en el contexto del surgimiento del Covid-19”. Resolución del Comité Europeo Para la Protección de los Datos Personales. 19 de marzo de 2020.