El pasado 17 de abril, durante la transmisión del noticiero Hechos Noche de televisión Azteca, el conductor del programa, Javier Alatorre, declaró lo siguiente: “…como todas las noches, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.
Las palabras pronunciadas por el comunicador provocaron un sinfín de opiniones en redes sociales desaprobando de Alatorre, a quien acusaban de desinformar a la población respecto de un tema tan delicado como el provocado por la pandemia del Covid-19. Incluso, este hecho dio lugar a que el presidente de la República emitiera una declaración. Desde su despacho en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo en un video que se trató de
…una actitud no bien pensada, porque Javier [Alatorre] es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos y, además, hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse y manifestarse. No debe haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista; inclusive que pueda decir algo, en estos momentos difíciles, que afecte a la colectividad. Incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos; que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse. Que viva la libertad. Prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí, donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismos, que se garantice el derecho a disentir. Pero, sí aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al Dr. Hugo López-Gatell.
Sin embargo, el mensaje ofrecido por el presidente es confuso. Por un lado, reconoce que Alatorre tenía el derecho a manifestarse libremente en contra de su gobierno, incluso si ello implicaba poner en riesgo a la población. Pero, a su vez, señala que no fue correcto el llamar a desobedecer las indicaciones de quien, sin duda, se ha perfilado como una de las figuras más importantes en la campaña sanitaria contra la pandemia del Covid-19.
Ilustración: Víctor Solís
A pesar del afable mensaje del presidente López Obrador, el 18 de abril la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre el apercibimiento público que será emitido en contra de la Televisora Azteca, por las declaraciones que hizo Alatorre en las que, al desconocer el vocero de la estrategia sanitaria, en realidad llamó a desobedecer los mandatos del Consejo de Salubridad General. A reserva del documento oficial que difunda la Secretaría, en el comunicado de prensa se lee:
[…] En el noticiero nocturno del día 17 de abril,… se invitó a desobedecer las instrucciones del subsecretario,… respecto a los datos estadísticos y recomendaciones que diariamente… se emiten. En el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca, a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de la emergencia sanitaria… sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud.
Este caso ha provocado un debate en torno a los límites de las libertades de expresión e información frente a situaciones de emergencia nacional como la que actualmente vivimos. Más cuando las fuentes no sólo derivan de medios de comunicación masivos como la televisión y la radio, sino también a través de las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos que carecen de todo tipo de control o supervisión gubernamental.
Sin duda la desinformación puede convertirse en un peligroso enemigo en situaciones donde el patrimonio y los derechos de las personas están peligro. Tal como lo sostuvo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “No sólo estamos enfrentando una epidemia, sino una infodemia. Las noticias falsas se propagan más rápido y más fácil que este virus, pero son igual de peligrosas”.1
Por tanto, si garantizar la difusión de información certera entre la población constituye una prioridad para mitigar las situaciones de emergencia nacional, sería prudente cuestionarnos hasta qué punto podría interferir el Estado para lograr estos fines. ¿Deberíamos permitir que el Estado se convierta en el único emisor de información? Poniendo esta cuestión en contexto, ¿la información que emita el Consejo de Salubridad General debería ser la única que admita difusión entre los medios de comunicación?
El gobierno de la India hizo esta misma pregunta a la Corte Suprema en el caso Alakh Alok Srivastava v. Union of India.2 El asunto surgió cuando un grupo de abogados promovieron diversas acciones en favor de los miles de trabajadores migrantes radicados en la capital del país, Nueva Delhi. Los demandantes acusaron al Estado de no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la integridad de los trabajadores, después de que se difundiera la noticia de que Nueva Delhi sería puesta bajo cuarentena, provocando un gran pánico entre los trabajadores quienes decidieron regresar a sus ciudades natales con el peligro que ello implicaba el permitir que el virus pudiera ser fácilmente esparcido en otras regiones del país.
En respuesta a la demanda, los representantes del Estado presentaron a la Corte un informe (status report3) en el que expusieron a los jueces todas las medidas que el gobierno había tomado para salvaguardar los derechos de la población y de los trabajadores migrantes. No obstante, alegaron que el éxodo de trabajadores se había provocado debido a la difusión de una noticia falsa que había anunciado el cierre total de la ciudad de Nueva Dehli por más de tres meses, lo que había provocado temor entre los trabajadores migrantes, quienes decidieron volver a sus lugares natales antes de ser confinados en la ciudad.
Debido a esta circunstancia, en el informe los representantes del Estado sostuvieron que la difusión (deliberada o inconsciente) de información falsa a través de cualquier medio electrónico, impreso, red social o sitio web, implicaba un riesgo -serio e inevitable- de causar daño a la sociedad. Por tanto, con el fin de procurar el mejor interés para la justicia y la sociedad, los representantes solicitaron a la Corte que emitiera una orden a través de la cual impidiera que en cualquier medio de difusión pudiesen imprimir, publicar o transmitir todo tipo de información relacionada con la pandemia, sin que el gobierno emitiera previamente una posición oficial. En otras palabras, no podría difundirse ningún tipo de información que no fuera producida y aprobada por el Estado.
De esta forma, un asunto relacionado con la protección a los derechos de trabajadores migrantes se convirtió en la oportunidad perfecta para que el gobierno obtuviera el monopolio y control de la información en un país donde habitan más de mil millones de habitantes.
La Corte Suprema no intentó evadir la petición presentada por el gobierno; era un hecho incontrovertible que el retorno masivo de trabajadores se había producido por la difusión de la noticia falsa. No obstante, los jueces se negaron a interferir en la libre difusión de información: “Confiamos y esperamos que todos los involucrados, el Estado, los gobiernos, las autoridades y los ciudadanos de este país, cumplan con las directivas, avisos y mandatos emitidos por el gobierno, en interés del interés público”.
No obstante, la Corte hizo un llamado a los medios de comunicación a mantener su sentido de responsabilidad para asegurarse que la información falsa o no verificada, no fuera difundida de forma irresponsable a la población. Para ello, la Corte señaló que en 24 horas, después de ser emitida la sentencia, el gobierno publicaría un boletín informativo disponible a través de todos los medios de comunicación, con el fin de resolver todo tipo de cuestionamientos sobre el tema y, de esta manera, evitar la difusión de información falsa. Pero, además, los jueces recordaron al gobierno que el ordenamiento jurídico lo había dotado de diversos mecanismos a través de los cuales era posible controlar el efecto de las noticias falsas, tales como la previsión de sanciones para aquellas personas que desacaten las órdenes de la autoridad, así como para aquellas que, de forma deliberada, propaguen falsas alarmas entre la población. “Si bien no tenemos la intención de interferir en el libre debate de la pandemia, debemos procurar que los medios de comunicación publiquen y refieran a las versiones oficiales sobre los avances que se presenten [durante la pandemia]”.
La petición presentada por el gobierno indio no parece extraña. Al enfrentar situaciones relacionadas con la salud pública es necesario que las autoridades mantengan cierto control respecto de la información que circula. En ese sentido, si bien existe una clara postura a favor del control por parte de las autoridades, lo cierto es que la libre circulación de información parece ser la mejor opción ante estos escenarios, no sólo por que combate eficazmente las falsas noticias, sino porque también permite que la sociedad supervise de cerca la actuación del Estado.
La libre circulación de información abre el debate y permite que las personas conozcan la oferta de información y opiniones relacionadas con algún tema específico. Es cierto, sin embargo, que esto implica la posibilidad de que ciertas noticias falsas comiencen a ser difundidas; pero también es una oportunidad para que sea el propio foro social sea el encargado de desvirtuar la información falsa al someterla al debate y escrutinio públicos, pudiendo alertar, a su vez, a las autoridades para emitir una posición definitiva y desvirtuar las noticias falsas a través de sus propios medios.
Un ejemplo: mientras que el subsecretario López-Gatell ha sostenido que el cubrebocas debe ser utilizado únicamente por las personas que presentan síntomas; las autoridades sanitarias de diversos estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, han sugerido o implementado el uso general y obligatorio del cubrebocas. En este caso, la información proviene de fuentes oficiales que claramente son contradictorias. En los medios de comunicación y redes sociales se advierten argumentos a favor y en contra del uso generalizado. ¿Quién tiene la razón? ¿En quién debemos confiar? Si siguiéramos la lógica sostenida por el gobierno indio en el caso expuesto, la postura oficial (y obligatoria) debería ser la sostenida por el gobierno federal; pero esto de ninguna manera la convierte en información incontrovertible.
Ahora bien, ¿no es acaso una función esencial de los medios de comunicación el exhibir las divergencias en la información proporcionada por el gobierno? No es mi intención justificar ninguna acción, pero me parece fundamental tomar en cuenta el contexto periodístico en que Alatorre llamó a desatender las indicaciones del subsecretario; esto es, advertir que las cifras proporcionadas por el gobierno federal en sus reportes diarios, no coincidían con los datos proporcionados por el gobierno de Baja California. Diferencia que fue subrayada por el propio gobernador Jaime Bonilla, quien acusó al gobierno federal de ocultar los reales datos de personas enfermas y fallecidas a causa del Covid-19. Resulta extraño que las redes sociales se hayan concentrado en criticar las declaraciones del conductor, y no en el hecho —incontrovertido— de que las cifras proporcionadas por las autoridades locales y federales simplemente no coinciden.
Aun así, es importante reconocer que este confrontamiento provocó que el subsecretario saliera ante los medios a explicar por qué los datos no coinciden, sosteniendo que se debe a que la actualización de éstos no se lleva a cabo en tiempo real.4 De ahí la importancia de que se continúe garantizando el debate y la libre circulación de la información.
Es probable que las palabras pronunciadas por Alatorre no hayan sido las correctas, pero también es cierto que muchas veces es difícil separar la opinión de la información; diversos tribunales constitucionales del mundo, incluida nuestra Suprema Corte, han sostenido que el uso pertinente del lenguaje no debe ser motivo de sanción y mucho menos de censura. Si bien es cierto que los medios de comunicación deben ser cuidadosos en los mensajes que envían a la sociedad, ello de ninguna manera implica sostener una actitud acrítica frente a la actuación del Estado; es justamente en estos momentos cuando los medios y la opinión pública deben (más que nunca) alzar sus voces y exigir respuestas al Estado, aun y cuando ello pueda incomodar u ofender a ciertos grupos.
Erik Castro Salas. Abogado por la Escuela Libre de Derecho; maestro en derecho constitucional por el CEPC. Twitter: @erik_cs.
1 Corte Suprema de la India, WritPetition (Civil) 468-469/2020, AlakhAlokSrivastava v. Union of India, Sentencia, 7 de abril de 2020, página 6.
2 Corte Suprema de la India, WritPetition (Civil) 468-469/2020, AlakhAlokSrivastava v. Union of India, Sentencia, 7 de abril de 2020.
3 Corte Suprema de la India, WritPetition (Civil) 468-469/2020, AlakhAlokSrivastava v. Union of India, Status Report (government).
4 “La omisión es del estado”: López-Gatell reveló porqué las cifras federales de coronavirus no coinciden con las estatales, Portal Infobae, 21 de abril de 2020.
Recuerdo el linchamiento televisivo contra Cuahutemoc Cárdenas cuando mataron al narco Paco Stanley….
Ahora, los «conservadores» siguen siendo los mismos de entonces, pero ahora el Presidente es amigo de ellos. Y saluda de mano a la mama del chapo.
Cosas vereís, Sancho!