Caso Presunto Culpable: ¿censura o derecho a la propia imagen?

La noche de ayer, empezó a circular en las redes sociales la noticia de que una Juez de Distrito había ordenado de manera provisional suspender la exhibición del aplaudido documental Presunto Culpable. Hoy por la mañana en los principales periódicos se registra esta noticia básicamente en los mismos términos (Milenio, El Universal, La Razón, Excelsior, La Jornada): la juez 12 de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, dio entrada a la demanda de amparo de Víctor Daniel Reyes Bravo, primo de la víctima de homicidio y testigo de cargo en contra del proceso a José Antonio Zúñiga -personaje clave del documental-. Según estos periódicos, el argumento principal de Bravo Reyes es que su aparición en el documental le causa daño moral ya que él nunca autorizó la filmación de la declaración y careo que sostuvo en juzgado, lo cual llevaron a cabo los responsables del documental: Layda Negrete y Roberto Hernández. En respuesta, la juez ordenó la suspensión del acto impugnado: la autorizacion por parte de la Secretaría de Gobernación de exhibir y distribuir el documental, mientras se determina si efectivamente Reyes Bravo no autorizó el uso de su imagen en el documental y, en su caso, si tal uso le ha causado un daño moral.

Inmediatamente, saltó a la opinión pública la lectura de que esta suspensión es claramente un acto de censura por parte de la juez. En redes sociales y medios de comunicación tradicionales, no pocos han hinchado el pecho para defender la libertad de expresión. Puede ser que se trate efectivamente de un acto de censura, pero también es necesario pensar de manera más reflexiva y considerar que en los últimos lustros se ha desarrollado tanto en la doctrina como en tratados internacionales el derecho a la propia imagen. El cual implica, entre otros aspectos, la posibilidad de no autorizar la difusión de nuestra imagen en medios de comunicación masivos. Es decir, este derecho otorga a las personas el control último del uso que se le pueda dar a sus imágenes. Esto no significa, claro está, que no se pueda abordar en términos informativos, críticos o noticiosos un evento relacionado con alguna persona, sino que relacionar tal registro informativo con su imagen debe quedar sujeto a decisión de cada persona.

Hace algunos años, por ejemplo, Gabriel Zaid, el brillante ensayista y poeta originario de Monterrey, demandó a un periódico por haber difundido una imagen suya sin su autorización. El argumento de Zaid no era evitar que se publicara la nota cuyo protagonista era él; por el contrario, su propósito era más simple pero no por ello menos relevante: hablen de mí si quieren, pero no utilicen mi imagen sin autorización para tal propósito. ¿Acaso Gabriel Zaid buscó censurar al medio de comunicación en cuestión? Su objetivo, que logró por cierto, era simplemente que en la nota periodística no apareciese su imagen.

Con esto, no sugiero por supuesto que le asista la razón a Víctor Daniel Reyes Bravo. Empiezan a circular argumentos bastante plausibles en contra de su demanda: algunos arguyen que él otorgó su consentimiento de manera tácita al no negarse a continuar su declaración y careo ante la presencia de diversas cámaras de video; otros señalan que los juicios penales se pueden filmar independientemente de la voluntad de los involucrados -aunque aquí, me parece, habría por lo menos que considerar cuando tales grabaciones se reconfiguran en un lenguaje mediático con aspiraciones de máxima difusión, como un documental que se exhibe en cines comerciales-; y otros sugieren que en todo caso la demanda debería situarse en la cancha del derecho civil.

Lo cierto es que la falta de información dura ha propiciado que tanto aquellos que ven en esta decisión de la juez un atentado en contra de la libertad de expresión como los que consideran que sí hay una violación al derecho a la propia imagen, resbalen en posiciones fáciles y sin sustrato jurídico. ¿Cuáles son los argumentos en concreto de la demanda de Reyes Bravo? ¿En qué consisten los argumentos de la juez para otorgar la suspensión provisional? Se desconoce. Si uno revisa la página Web del Consejo de la Judicatura Federal el expediente de este asunto (amparo indirecto 171/2011), la información más relevante es la siguiente:

Así, y sin conocer bien a bien esta información jurídica, considero que la juez no debió otorgar la suspensión provisional -la cual, me parece, que la concedió no por censura sino por un criterio jurídico bastante miope-, debe regresar cuanto antes a cartelera y, en su caso, una vez resuelto el juicio de amparo, la imagen de Reyes Bravo podría difuminarse. Pues lo más importante es no olvidar que lo medular aquí es el logro de este documental: ofrecer un crudo y agudo retrato de la podredumbre de nuestro sistema de justicia. Y esa es la imagen verdaderamente relevante.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.