La extradición de Emilio Lozoya, personaje clave de la administración (léase: corrupción) peñanietista, ha puesto en el centro del debate público la figura del testigo colaborador, una herramienta usada de manera habitual en distintos ordenamientos jurídicos en el mundo. Se trata, para decirlo rápido, de otorgar beneficios penales a un acusado o sentenciado a cambio de que delate a sus cómplices. El objetivo es lanzar la red de la justicia criminal más lejos (un mayor número de investigaciones/detenciones) o más hondo (hasta los miembros de la más alta jerarquía), aunque ello suponga una condena menos severa, incluso injustamente suave, para el colaborador.