La soberanía ya no se ejerce sólo sobre el territorio, sino sobre los datos y la conducta económica de la población en plataformas digitales. Mientras el Estado recauda desde los individuos, las grandes empresas tecnológicas concentran el valor y reconfiguran el poder.

La inteligencia artificial ha acelerado el acceso a la información, pero también ha reducido los incentivos para pensar de forma crítica. Ahora, el reto no es tecnológico, sino preservar el juicio humano frente a la automatización.

La incorporación de inteligencia artificial en la judicatura requiere regulación institucional y cautela. Evocando la lección del “aprendiz de brujo”, este ensayo reflexiona sobre los riesgos de emplear tecnologías poderosas sin comprender sus alcances.

México enfrenta cambios significativos en sus estructuras de poder. Las diversas reformas constitucionales impulsadas por la actual administración están generando incertidumbre jurídica en varias esferas sociales respecto su viabilidad y, por lo mismo, pueden afectar la posición global del país. Esto, sumado a eventos internacionales, como la reelección de Trump, impacta a no pocos ámbitos. Una de éstos es, sin duda, lo relativo a la inteligencia artificial y su posible (pero cada vez más necesaria) regulación.

El 20 de noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento fundamental en su caso contra Google. Una demanda antimonopolio que busca desmantelar el dominio del gigante tecnológico en los mercados de motores de búsqueda y publicidad digital. Este texto analiza la evolución del caso, las propuestas del mencionado Departamento de Justicia y, no menos importante, sus eventuales implicaciones para la industria tecnológica y los consumidores.

En los últimos meses, se han dado pasos significativos en el ámbito regulatorio, destacando especialmente la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial por parte del Parlamento Europeo. Este hito ha situado el tema de la IA en el epicentro de los debates sobre política pública a nivel global. En este contexto, el propósito del presente artículo es analizar los avances en la intersección entre el derecho y la IA generativa a nivel mundial, centrándonos específicamente en el ámbito de la competencia económica.

Hace algunos días, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos en dos casos que podrían marcar un antes y un después en la relación entre el derecho a la libertad de expresión e internet. Me refiero a los casos Moody v. Netchoice y Netchoice v. Paxton. En estos casos, esta Corte resolverá sobre la constitucionalidad de leyes promulgadas en Texas y Florida que, en esencia, buscan impedir que las principales plataformas de contenido (YouTube, Facebook, TikTok, etc.) excluyan determinados usuarios o determinadas publicaciones por tener un punto de vista que no comparten.