México enfrenta cambios significativos en sus estructuras de poder. Las diversas reformas constitucionales impulsadas por la actual administración están generando incertidumbre jurídica en varias esferas sociales respecto su viabilidad y, por lo mismo, pueden afectar la posición global del país. Esto, sumado a eventos internacionales, como la reelección de Trump, impacta a no pocos ámbitos. Una de éstos es, sin duda, lo relativo a la inteligencia artificial y su posible (pero cada vez más necesaria) regulación.

El 20 de noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento fundamental en su caso contra Google. Una demanda antimonopolio que busca desmantelar el dominio del gigante tecnológico en los mercados de motores de búsqueda y publicidad digital. Este texto analiza la evolución del caso, las propuestas del mencionado Departamento de Justicia y, no menos importante, sus eventuales implicaciones para la industria tecnológica y los consumidores.

En los últimos meses, se han dado pasos significativos en el ámbito regulatorio, destacando especialmente la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial por parte del Parlamento Europeo. Este hito ha situado el tema de la IA en el epicentro de los debates sobre política pública a nivel global. En este contexto, el propósito del presente artículo es analizar los avances en la intersección entre el derecho y la IA generativa a nivel mundial, centrándonos específicamente en el ámbito de la competencia económica.

Hace algunos días, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos en dos casos que podrían marcar un antes y un después en la relación entre el derecho a la libertad de expresión e internet. Me refiero a los casos Moody v. Netchoice y Netchoice v. Paxton. En estos casos, esta Corte resolverá sobre la constitucionalidad de leyes promulgadas en Texas y Florida que, en esencia, buscan impedir que las principales plataformas de contenido (YouTube, Facebook, TikTok, etc.) excluyan determinados usuarios o determinadas publicaciones por tener un punto de vista que no comparten.

En estos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el amparo en revisión 556/2022, promovido contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 2020, mismas que introdujeron el mecanismo de aviso y retirada (notice and takedown) de contenidos ilícitos en Internet (MAR). En la presente colaboración, presentamos argumentos sobre por qué la SCJN debe sostener la constitucionalidad de dicho mecanismo.

Algo está cambiando profundamente al sistema de justicia mexicano. Durante demasiado tiempo pasó desapercibido, pero está empezando a notarse. Durante la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) del mes pasado, que giró en torno al tema “Los desafíos para una justicia digital en México”, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña, resaltó la necesidad por parte de las personas juzgadoras de mirar al futuro, y pensar en cómo las nuevas tecnologías pueden permitir ampliar el acceso a la justicia, mejorar la gestión de casos, hacer más eficiente la labor de las personas operadoras del sistema de justicia, reducir costos y explorar nuevas formas de resolución de disputas en línea.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de los artículos reformados porque éstos han generado diversas violaciones en materia de derechos humanos a partir de su introducción en el sistema normativo mexicano. Básicamente, con ellos se ha creado un sistema de incentivos y castigos para que las empresas sean quienes determinen qué contenidos son lícitos o no, supliendo la obligación estatal de determinar la legitimidad, proporcionalidad y necesidad de la protección al derecho del autor vis a vis el derecho humano a la libertad de expresión.