En estos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el amparo en revisión 556/2022, promovido contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 2020, mismas que introdujeron el mecanismo de aviso y retirada (notice and takedown) de contenidos ilícitos en Internet (MAR). En la presente colaboración, presentamos argumentos sobre por qué la SCJN debe sostener la constitucionalidad de dicho mecanismo.

Algo está cambiando profundamente al sistema de justicia mexicano. Durante demasiado tiempo pasó desapercibido, pero está empezando a notarse. Durante la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) del mes pasado, que giró en torno al tema “Los desafíos para una justicia digital en México”, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña, resaltó la necesidad por parte de las personas juzgadoras de mirar al futuro, y pensar en cómo las nuevas tecnologías pueden permitir ampliar el acceso a la justicia, mejorar la gestión de casos, hacer más eficiente la labor de las personas operadoras del sistema de justicia, reducir costos y explorar nuevas formas de resolución de disputas en línea.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de los artículos reformados porque éstos han generado diversas violaciones en materia de derechos humanos a partir de su introducción en el sistema normativo mexicano. Básicamente, con ellos se ha creado un sistema de incentivos y castigos para que las empresas sean quienes determinen qué contenidos son lícitos o no, supliendo la obligación estatal de determinar la legitimidad, proporcionalidad y necesidad de la protección al derecho del autor vis a vis el derecho humano a la libertad de expresión.

Más de cuarenta fiscales generales del mismo número de estados de la Unión Americana demandaron recientemente a Meta (empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás), por implementar funciones para enganchar por mayor tiempo a sus usuarios menores de edad. En concreto, por diseñar y poner en operación herramientas psicológicamente manipuladoras para inducir el uso compulsivo y prolongado de sus usuarios adolescentes y jóvenes.

Existen debates contemporáneos intensos y acentuadas críticas sobre las visiones que colocan a la vivienda como una mercancía susceptible de transacción o como un servicio dispuesto exclusivamente para un negocio, en lugar de un derecho social de especial centralidad. Uno de esos espacios de la mercantilización es la compraventa de propiedades virtuales en entornos ficticios o de posrealidad que se ofertan en páginas web o sitios de internet de realidad virtual. Este fenómeno, apenas explorado en la literatura jurídica, ha empezado a diversificar el mercado inmobiliario virtual, resultando necesario plantearse al menos dos cuestiones: ¿tiene sentido regular jurídicamente a la vivienda virtual? y ¿una posible regulación debería plantearse desde las normas del derecho a la vivienda?

La inteligencia artificial está transformando cada una de las esferas de la sociedad, las posibilidades de un impacto positivo son por demás amplias y, por ello, es indispensable que los países y regiones del mundo impulsen políticas públicas para aprovechar esta herramienta para mejorar la vida de las personas. No obstante, esta tecnología no está exenta de riesgos.

Los casos que el Ejecutivo federal actual busca que la Corte Suprema revise se basan en decisiones que varias Cortes de Apelación emitieron el año pasado con respecto leyes que fueron aprobadas en 2021 en los estados de Florida (SB 7072) y Texas (HB 20) que, según este gobierno, no cumplen con la Primera Enmienda

Normalmente, el sector privado es renuente a ser regulado. Por esa razón, fue interesante escuchar a Sam Altman, CEO de OpenAI (creador de ChatGPT), declarar ante el Senado de Estados Unidos que, si bien la tecnología tiene la potencia para mejorar nuestras vidas, se requiere de intervención gubernamental para mitigar diversos riesgos. Entre otros, Altman planteó que pueden establecerse diversos requisitos para permitir el desarrollo de modelos que superen cierto umbral de capacidad. Unos días después del testimonio de Altman, comprobamos uno de los peligros de la tecnología con respecto a la difusión de desinformación. Una imagen creada con la ayuda de IAG, que mostraba una supuesta explosión en el Pentágono, generó incertidumbre y la caída de los mercados financieros de Estados Unidos.

En México, como en el resto del sur global, requerimos que nuestros legisladores, en especial aquellos que apoyan a la clase obrera, promuevan legislaciones que faciliten a los trabajadores establecer su situación laboral. Asimismo, es necesario legislación laboral que facilite la sindicalización de los trabajadores de las plataformas. A mayor cobertura sindical, más pronto es posible llegar a acuerdos sectoriales que garanticen una remuneración justa y condiciones laborales dignas en el sector.