Más de cuarenta fiscales generales del mismo número de estados de la Unión Americana demandaron recientemente a Meta (empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás), por implementar funciones para enganchar por mayor tiempo a sus usuarios menores de edad. En concreto, por diseñar y poner en operación herramientas psicológicamente manipuladoras para inducir el uso compulsivo y prolongado de sus usuarios adolescentes y jóvenes.

Existen debates contemporáneos intensos y acentuadas críticas sobre las visiones que colocan a la vivienda como una mercancía susceptible de transacción o como un servicio dispuesto exclusivamente para un negocio, en lugar de un derecho social de especial centralidad. Uno de esos espacios de la mercantilización es la compraventa de propiedades virtuales en entornos ficticios o de posrealidad que se ofertan en páginas web o sitios de internet de realidad virtual. Este fenómeno, apenas explorado en la literatura jurídica, ha empezado a diversificar el mercado inmobiliario virtual, resultando necesario plantearse al menos dos cuestiones: ¿tiene sentido regular jurídicamente a la vivienda virtual? y ¿una posible regulación debería plantearse desde las normas del derecho a la vivienda?

La inteligencia artificial está transformando cada una de las esferas de la sociedad, las posibilidades de un impacto positivo son por demás amplias y, por ello, es indispensable que los países y regiones del mundo impulsen políticas públicas para aprovechar esta herramienta para mejorar la vida de las personas. No obstante, esta tecnología no está exenta de riesgos.

Los casos que el Ejecutivo federal actual busca que la Corte Suprema revise se basan en decisiones que varias Cortes de Apelación emitieron el año pasado con respecto leyes que fueron aprobadas en 2021 en los estados de Florida (SB 7072) y Texas (HB 20) que, según este gobierno, no cumplen con la Primera Enmienda

Normalmente, el sector privado es renuente a ser regulado. Por esa razón, fue interesante escuchar a Sam Altman, CEO de OpenAI (creador de ChatGPT), declarar ante el Senado de Estados Unidos que, si bien la tecnología tiene la potencia para mejorar nuestras vidas, se requiere de intervención gubernamental para mitigar diversos riesgos. Entre otros, Altman planteó que pueden establecerse diversos requisitos para permitir el desarrollo de modelos que superen cierto umbral de capacidad. Unos días después del testimonio de Altman, comprobamos uno de los peligros de la tecnología con respecto a la difusión de desinformación. Una imagen creada con la ayuda de IAG, que mostraba una supuesta explosión en el Pentágono, generó incertidumbre y la caída de los mercados financieros de Estados Unidos.

En México, como en el resto del sur global, requerimos que nuestros legisladores, en especial aquellos que apoyan a la clase obrera, promuevan legislaciones que faciliten a los trabajadores establecer su situación laboral. Asimismo, es necesario legislación laboral que facilite la sindicalización de los trabajadores de las plataformas. A mayor cobertura sindical, más pronto es posible llegar a acuerdos sectoriales que garanticen una remuneración justa y condiciones laborales dignas en el sector.

Recientemente la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda, como autoridad competente para Meta Platforms Inc. (antes conocida como Facebook) concluyó una investigación de oficio a través de la cual sancionó a Meta por incumplimiento del GDPR en la prestación de los servicios de la plataforma Facebook.

La inteligencia artificial (IA) está en todas partes. Su ritmo de mejora e innovación es tan acelerado que ha sido un verdadero reto escribir un artículo sobre esta materia que continúe actualizado cada día que pasa. El objetivo de este artículo es reflexionar y despertar curiosidad en el lector sobre siete cuestiones jurídicas y de cumplimiento legal (compliance) que surgen en virtud de la rápida evolución de la IA, como son: propiedad intelectual, ejercicio de la profesión legal, privacidad, respeto a derechos humanos, competencia económica, derechos del consumidor y combate a crímenes financieros.

Mientras el gobierno y los legisladores norteamericanos han reforzado últimamente las acciones para prohibir TikTok o forzar su venta, el gobierno de China se pronunció enfáticamente en contra de la venta forzada de la red social. Más que aspectos técnicos relacionados con la recopilación y el uso de los datos personales de los usuarios de TikTok, lo que parece estar en el fondo de los intentos por prohibirlo es la disputa por la primacía en el internet. TikTok se ha vuelto el campo de batalla para dirimir parte de las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, los resultados son de pronóstico reservado, pero sin duda tendrán un impacto a largo plazo y a escala planetaria sobre la forma en que usamos el internet.