La discusión a estas alturas ya no puede girar en torno a si deben o no los Estados poner coto y, por ende, regular a Facebook y demás gigantes tecnológicos; por el contrario, el debate, pero sobre todo las acciones de los poderes públicos, tienen que centrarse en cómo emprender dicha regulación.

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para participar en el debate público y una manera más directa de comunicar nuestras preocupaciones a los gobernantes. La continua expansión y evolución de Internet como medio de comunicación obligará a los jueces a examinar y aplicar doctrinas “tradicionales” a nuevos contextos como lo son las redes sociales. En este sentido, como ocurrió en Knight y otros casos resueltos por Cortes estadounidenses federales, los jueces tienen que adoptar un entendimiento más sensible y apegado a la nueva realidad de la expresión a través del debate público online.

El 20 de mayo de este año, el Consejo Asesor de Contenidos de Facebook (CAC) resolvió el caso 2021-005-FB-UA, en el que determinó revocar la decisión inicial de Facebook de eliminar un comentario por incumplir sus Normas comunitarias sobre lenguaje que incita al odio. Si bien este caso no ha tenido la misma repercusión que el caso Trump, no debemos perder de vista sus implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en plataformas como Facebook frente a la moderación de contenidos. En este artículo se analiza brevemente la decisión del CAC y sus implicaciones.