El 20 de mayo de este año, el Consejo Asesor de Contenidos de Facebook (CAC) resolvió el caso 2021-005-FB-UA, en el que determinó revocar la decisión inicial de Facebook de eliminar un comentario por incumplir sus Normas comunitarias sobre lenguaje que incita al odio. Si bien este caso no ha tenido la misma repercusión que el caso Trump, no debemos perder de vista sus implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en plataformas como Facebook frente a la moderación de contenidos. En este artículo se analiza brevemente la decisión del CAC y sus implicaciones.

Por lo que ve a la democracia, ha quedado evidenciada la trascendencia que pueden llegar a tener las decisiones de Facebook y de dicho Consejo. Basta con ver el bloqueo reciente a Maduro, al Ejército de Myanmar y a Donald Trump, así como las reacciones de los líderes políticos del mundo a tales acciones, para apreciar la importancia. De hecho, el bloqueo de las cuentas de Donald Trump, a raíz de lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio, está siendo analizado por el CAC. Quizá el sentido y el impacto de la decisión de ese caso nos dé más luz sobre el CAC y su futuro.

A finales del año pasado, Facebook echó a andar uno de sus experimentos más ambiciosos y controvertidos: su Consejo Asesor de Contenidos (Oversight Board for Content Decisions), cuyo principal propósito consiste en seleccionar y revisar un determinado número de las apelaciones de los usuarios de esta plataforma de Internet respecto sus decisiones de contenido. En los últimos meses, esta especie de Corte Suprema de Facebook ha emitido sus primeros fallos y pronto tendrá que resolver si la decisión de cancelar la cuenta de Trump en esta plataforma fue atinada y, en su caso, si debe ser definitiva. Pero, en concreto, ¿cómo funciona esta institución? ¿Cuál es el alcance de sus decisiones? ¿Qué implica que este tribunal internacional privado defina la libertad de expresión?

Falta esperar la suerte de esta iniciativa del senador Monreal en el Congreso, pero lo justo es mencionar que sí ofrece un acierto de enorme relevancia: se trata de un contraejemplo idóneo de una buena política pública en la materia y, en este sentido, puede convertirse en un buen punto de partida para enfrentar una asignatura pendiente en la conversación pública del país: entender cada vez más y mejor qué son las plataformas de Internet, sus riesgos puntuales para el discurso púbico democrático y las opciones viables para una eventual regulación sin chicotazos autoritarios e inoperantes.

El 27 de enero se conmemoró el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Esto nos recuerda que en un contexto mundial de explotación masiva de datos personales a través del big data y la inteligencia artificial (IA), es necesario contar con instrumentos y organismos autónomos que protejan la privacidad de los usuarios de las tecnologías. La primera ocasión que se volvió parte de la discusión pública mundial saber quién tiene y para qué utilizan nuestros datos personales fue fruto del escándalo respecto la compañía Cambridge Analytica. Este fue un precedente que marcó a la comunidad global al conocer cómo sus datos eran sustraídos y vendidos a diversas empresas no sólo para ofrecer mejores servicios sino para beneficiarse económicamente de éstos.

Las redes sociales, en este sentido, se han convertido en la plaza pública moderna, como las denominó el juez en retiro de la Corte Suprema estadounidense Anthony M. Kennedy. Sin embargo, se trata de una plaza pública cuyo control está en manos de unas cuantas empresas privadas (Facebook, Twitter, Google), que deciden unilateralmente y sin rendir cuentas a nadie lo que pueden o no decir sus usuarios. De tal manera que son instituciones privadas son las que determinan los alcances y límites de la libertad de expresión en la plaza pública moderna.

Durante las primeras conferencias matutinas del año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer patente su resistencia hacia los órganos constitucionales autónomos; en particular, señaló al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como una institución cuyas funciones pueden ser ejercidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que —señaló— promoverá reformas administrativas encaminadas a trasladar las facultades del IFT a la administración pública federal.