Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda sea considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social. Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego, los cuales han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

A pesar de que el caso de Mónica Lang y Donald Trump cuentan con diferencias notables, las acciones que los llevaron a la corte son de gran importancia dentro del marco jurídico actual. Las sentencias dictaminadas por ambas cortes guiarán y establecerán, de una manera u otra, la forma en la que el derecho empieza a regular la conducta de las personas dentro de las redes sociales. Debido a la naturaleza de Internet, cualquier regulación deberá considerar todos los posibles aspectos de cada caso particular, puesto que uno de los principales atractivos de las redes sociales ha sido la posibilidad del anonimato.

Esta nueva era digital trae consigo retos y cambios constantes; para determinar las normas y ajustar su funcionamiento en este siglo XXI, es necesario tomar en cuenta a una sociedad cada vez más activa, informada y conectada en la que, con la finalidad de que cada usuario sea capaz de tomar una decisión considerada conveniente para los fines de política púbica, los reguladores ofrezcan información amplia, oportuna y exacta a través de medios óptimos.

Llama la atención que el juez de distrito no analizó el modo en que opera Alphabet y sus múltiples empresas controladas, ni tampoco analizó si el tratamiento de datos transfronterizo que suele darse en la red incide de alguna forma en la cuestión competencial, pues no puede perderse de vista que el origen del problema ocurre solo en el mundo virtual, en Internet.

Los anteriores son apenas unos ejemplos de las consecuencias que, desde el punto de vista probatorio, puede tener el Internet de las cosas. Constantemente parecemos olvidar que, si queremos defender derechos o asegurar el cumplimiento de obligaciones, es indispensable probar nuestros reclamos o nuestras defensas. Mientras no seamos capaces de robustecer nuestros procesos, y dentro de ellos los aspectos probatorios, ante la avasalladora tecnología en que vivimos nuestros derechos seguirán existiendo solo en el papel.