Los procedimientos, la regulación, los protocolos de actuación y otro tipo de normas no son una vanidad y no son de cumplimiento optativo. Son reglas aprobadas por mayorías legales y legítimamente constituidas que nos permiten preservar principios, derechos y valores compartidos. En las democracias constitucionales, la regla de la mayoría es sólo una de varias más y, tal como nos evidencia este proyecto de sentencia, no alcanza para socavar ni el resto de los principios democráticos, ni los derechos de las minorías. La forma también es fondo.

¿Cómo debe actuar la Corte frente al plan B? Es imperativo adoptar un enfoque estratégico, tanto en la suspensión como en la resolución de fondo del conflicto. En situaciones constitucionales y políticas, la implementación de una visión estratégica resulta vital, en particular en escenarios complejos. La Suprema Corte podría aprovechar una oportunidad valiosa para superar los desafíos institucionales que enfrentamos y reforzar su papel en el marco constitucional.

Mucho se ha cuestionado si la segunda parte del Plan B electoral —propuesto por el presidente López Obrador luego de que su reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Unión— consistente en modificaciones a diversas leyes, la abrogación de una y la expedición de otra, es constitucional o no. Para resolver dicho planteamiento, dejando de lado cualquier carga ideológica, basta con contrastar el texto del decreto con la Constitución.