En una sociedad democrática, no es raro que surjan voces críticas cuando una autoridad plantea revisar el contenido de un libro. Es entendible que se difundan reflexiones alarmistas cuando simplemente se concibe esta idea. Las instituciones públicas, especialmente los órganos judiciales como el Tribunal Electoral, deben analizar los hechos a la luz de la legislación vigente. Quienes integran estos órganos tienen permitido utilizar su imaginación en la interpretación de la ley y los hechos, pero sin caer en excesos.