Imagine un escenario en que un grupo armado ataca con armas de alto calibre las oficinas de un medio de comunicación local en algún municipio de la República. Ahora imagine otro escenario paralelo, en que un grupo de personas lanza bombas molotov a las instalaciones de uno de los poderes federales. Frente a estos hechos podríamos preguntarnos: ¿Cuál de ellos debería considerarse más grave?

Está por verse la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que verificar si los ministros secundan a los juzgadores más jóvenes, quienes, desde las primeras instancias, realizan una aplicación innovadora del marco legal de derechos humanos. En un contexto de profundos cambios en la vida pública nacional, sería de esperar que el Poder Judicial se constituya como un verdadero contrapeso y que la defensa de su independencia sea parte de un nuevo entorno democrático.

Actualmente en México, la percepción pública se inclina a considerar que los jueces no asumen responsabilidades frente al Estado y frente a los justiciables. Que sus actos y omisiones siempre pueden llegar a justificar que los resultados de un litigio no resolvieron las ambigüedades que esconde la ley.

Pero, pese a todo, la decisión de la SCJN pretende abonar a la construcción de un sistema de justicia que cuente con estándares de actuación adecuados para todos los actores involucrados … Los controles procesales definitivamente existen. El reto es echarlos a andar. Amordazar a la policía no es la solución. Y si algo nos deja la sentencia de la SCJN —además de la declaratoria de constitucionalidad— es una invitación a seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo de nuestro sistema de justicia y a orientar nuestras acciones a consolidarlo.

La expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI) constituye un nuevo espacio de lucha para las mujeres y las defensoras de derechos humanos por su derecho a una vida libre de violencia. A pesar de que dicha ley resulta violatoria de sus derechos humanos, la lucha de las mujeres desde el ámbito jurídico se podría enfrentar a obstáculos legales que, de no ser salvados por los tribunales, les impedirán a ellas cuestionar la validez de dicha norma.