El objetivo del libro que anunciamos “La Suprema Corte y el matrimonio igualitario en México” publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2017), es reflexionar sobre la línea jurisprudencial de la Suprema Corte mexicana sobre el matrimonio igualitario, particularmente, teniendo en cuenta el papel que ha tomado a partir de las reformas constitucionales en las materias de amparo y derechos humanos de 2011.

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

No es mi intención, desde luego, erigirme en juez del juez; pero me parece demostrado que Anuar González no llegó a su conclusión luego de un sesudo análisis jurídico, sino al contrario, partió de una conclusión preconcebida para luego justificarla mediante la aplicación forzada y manipulada de normas y jurisprudencia que instrumentalizó para sus fines. La forma tan burda de hacerlo sugiere desde luego que el juez adolece de una formación que está muy por debajo de lo que exige su mandato; pero más allá de esto, construir intencionalmente un silogismo inverso —es decir, partir de la conclusión para luego acomodar las premisas y cuadrar todo el razonamiento—, está lejos de ser sólo estulticia; implica, de hecho, una grave falta a la ética judicial. Por el buen nombre de los jueces honestos y bien formados, Anuar González tiene que ser investigado.

El pasado 10 de marzo se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación tres tesis aisladas que abordan el principio de confianza legítima. Si bien este concepto ya había sido analizado con anterioridad por el Poder Judicial de la Federación; en esta ocasión, la Suprema Corte estableció las bases de un concepto que se encuentra en plena construcción —al menos en nuestro país—, pero que, con los criterios referidos, se va perfilando como un principio que será utilizado de manera frecuente por los órganos jurisdiccionales nacionales.

Falta un sentido de responsabilidad social y jurídica, en el que se dé seguimiento a quiénes han pasado por la prisión para que su retorno a la comunidad sea satisfactorio culminando con el desistimiento delictivo y no en la reincidencia criminal. Esto solo podrá lograrse a través de políticas públicas que reconozcan la importancia de los servicios post-penitenciarios. Y que tengan claro que la reinserción no termina al salir de la prisión; al contrario, justo es ahí cuando comienza.