A lo largo de este texto, propongo sumar una crítica no menor: las personas comunes y corrientes no tenemos tiempo para participar activamente en una elección judicial. Es un apunte simple, pero pragmático. Como expondré brevemente, votar por las y los jueces implicaría investigar, contrastar y elegir —sin exageración— miles y miles de candidaturas para tan sólo una jornada electoral. Mientras tanto, la persona mayor de edad promedio en México a duras penas tiene tiempo para dormir por sus múltiples obligaciones laborales, familiares y escolares, entre otras. Así, la elección popular de jueces exige una ciudadanía herculina, sin que el Estado mexicano le provea de aquellos servicios que le permitirían tener suficiente tiempo para intervenir adecuadamente.

Presento mi candidatura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, periodo 2025-2030, con la profunda convicción de que mi conocimiento, sobre todo en el ámbito jurisdiccional y académico, así como mi experiencia, compromiso y visión, pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de esta institución fundamental para la defensa y protección de los derechos humanos de nuestra región.

Es verdad que, como se ha externado públicamente, la reforma en sí misma atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos reconocido en el artículo 1.º constitucional, al imponer una restricción que anteriormente no existía en la Ley de amparo y, por ende, limitar la protección que puede otorgarse en juicios de esta naturaleza cuando existe un deber de todas las autoridades mexicanas para ampliar -y no restringir- la protección a los derechos humanos. No obstante, la reforma parece adolecer de un verdadero análisis técnico-jurídico sobre el alcance del juicio de amparo y los precedentes en los que los tribunales han modulado el principio de relatividad, lo que podría tornarla irrelevante.

Quiero presentar a Lea Ypi, esa pensadora de primer orden que cada vez influye más en el pensamiento de cualquiera que haga teoría política. Y quiero desmenuzar las nociones de libertad que atraviesan Free, pero también la vida y ya obra de Ypi. Porque, como dice Silva-Herzog Márquez, citando a Paz, “la libertad no es una idea, es experiencia. Una experiencia […] “concreta y singular, enraizada en un aquí y un ahora irrepetibles”.

Esto significa que la Ley Federal de Revocación de Mandato debiera reformarse ─o sustituirse en su integridad─ en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arrancará el 1.º de febrero de 2022. No se encuentra en juego solamente el derecho de todas y todos a saber, con la oportunidad debida, bajo qué supuestos y condiciones nuestro sufragio podría ser privado de efectos. También está en riesgo potencial la estabilidad y salud del sistema democrático, que podría ser objeto de ataques mediante la manipulación y distorsión del procedimiento revocatorio de mandato, en función de las coyunturas que surjan de aquí a 2027.

Desde el silencio, apareció de manera imprevista el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Quienes pudimos atestiguar dicho hecho, de manera cercana, sólo pudimos asentir un sentimiento de regocijo al sabernos fortalecidos en las causas que nos motivaron a salir a las calles como acto cívico. La presencia y autoridad de un ministro en activo y un ministro en retiro cimentaron la fuerza con la que se recorrieron las calles del centro histórico ese día.