Esto significa que la Ley Federal de Revocación de Mandato debiera reformarse ─o sustituirse en su integridad─ en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arrancará el 1.º de febrero de 2022. No se encuentra en juego solamente el derecho de todas y todos a saber, con la oportunidad debida, bajo qué supuestos y condiciones nuestro sufragio podría ser privado de efectos. También está en riesgo potencial la estabilidad y salud del sistema democrático, que podría ser objeto de ataques mediante la manipulación y distorsión del procedimiento revocatorio de mandato, en función de las coyunturas que surjan de aquí a 2027.

Desde el silencio, apareció de manera imprevista el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Quienes pudimos atestiguar dicho hecho, de manera cercana, sólo pudimos asentir un sentimiento de regocijo al sabernos fortalecidos en las causas que nos motivaron a salir a las calles como acto cívico. La presencia y autoridad de un ministro en activo y un ministro en retiro cimentaron la fuerza con la que se recorrieron las calles del centro histórico ese día.

El pasado domingo 22 de octubre, miles de personas en todo el país acudimos a manifestarnos en defensa del Poder Judicial de la Federación. Esta no fue sólo una marcha para defender a los trabajadores. Fue una marcha por la dignidad de la institución, por la salvaguarda de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, por el respeto a la división de poderes, por la preservación de la democracia y por la tutela de los derechos humanos.

El 7 de marzo de 2023 entraron en vigor importantes reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Estas reformas constituyen el último clavo en el ataúd de personajes animados que formaron parte de la infancia de millones de mexicanos, tales como osito Bimbo, el tigre Toño, Melvin el elefante o Sam el tucán.

El asunto estelar de estos últimos días en la Suprema Corte sin duda fue la decisión de declarar la invalidez del traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena por vulnerar el carácter civil que el artículo 21 de la Constitución exige para dicha institución policial. No obstante, antes de iniciar esa discusión, la Corte finalizó la votación de la acción de inconstitucionalidad 46/2016, promovida por la CNDH en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Se trató de un asunto crucial para la definición de los límites del fuero militar.

En su sesión de ayer, el Pleno de la Suprema Corte abordó un asunto que seguramente tendrá un impacto significativo en la manera en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) continúan ejerciendo labores de seguridad pública en México. A través de la acción de inconstitucionalidad 63/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó algunas porciones normativas, así como una omisión legislativa, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD), una de las piezas de legislación secundaria adoptadas por el Congreso de la Unión a raíz de la creación de la Guardia Nacional de 2019.

En Intersecta entendemos que el debate constitucional actual no es sobre si las Fuerzas Armadas deben de participar o no en labores de seguridad pública. Frente a esta pregunta, hoy las normas constitucionales y convencionales ofrecen una respuesta contundente: sí pueden; según establece el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional “en materia de Guardia Nacional”, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas. El debate constitucional actual versa, más bien, en torno a cómo debe ser esta disposición; sobre cómo pueden participar las Fuerzas Armadas en estas labores. Desde nuestra perspectiva, el asunto actual —esto es, la acción de inconstitucionalidad sobre la LNRD— le plantea a la Suprema Corte la pregunta respecto esas condiciones y límites a la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo resolverlo?

Como consecuencia de la aprobación de estas modificaciones legislativas, la minoría parlamentaria del Senado de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad; a su vez, diversas organizaciones y activistas han interpuesto recursos de amparo para combatir la inconstitucionalidad de la reforma. De manera notoria, en Guanajuato se presentó el juicio de amparo indirecto 1161/2022, en el cual, la Jueza Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la suspensión definitiva para detener la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este lunes conocimos la tan esperada sentencia de la acción de inconstitucionalidad 16/2018 y su acumulada 107/2018. Este asunto, como saben, se discutió el pasado 9 de septiembre del 2021 pero hasta ahora fue que conocimos el texto final de la sentencia. Esta acción de inconstitucionalidad es de suma importancia en tanto que la Suprema Corte se pronunció sobre una porción normativa de una constitución local que señalaba que se protegía la vida desde la concepción —cláusula que se ingresó a las constituciones de muchos estados con el objetivo de impedir u obstaculizar el acceso al aborto.