El pasado domingo 22 de octubre, miles de personas en todo el país acudimos a manifestarnos en defensa del Poder Judicial de la Federación. Esta no fue sólo una marcha para defender a los trabajadores. Fue una marcha por la dignidad de la institución, por la salvaguarda de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, por el respeto a la división de poderes, por la preservación de la democracia y por la tutela de los derechos humanos.

El 7 de marzo de 2023 entraron en vigor importantes reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Estas reformas constituyen el último clavo en el ataúd de personajes animados que formaron parte de la infancia de millones de mexicanos, tales como osito Bimbo, el tigre Toño, Melvin el elefante o Sam el tucán.

El asunto estelar de estos últimos días en la Suprema Corte sin duda fue la decisión de declarar la invalidez del traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena por vulnerar el carácter civil que el artículo 21 de la Constitución exige para dicha institución policial. No obstante, antes de iniciar esa discusión, la Corte finalizó la votación de la acción de inconstitucionalidad 46/2016, promovida por la CNDH en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Se trató de un asunto crucial para la definición de los límites del fuero militar.

En su sesión de ayer, el Pleno de la Suprema Corte abordó un asunto que seguramente tendrá un impacto significativo en la manera en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) continúan ejerciendo labores de seguridad pública en México. A través de la acción de inconstitucionalidad 63/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó algunas porciones normativas, así como una omisión legislativa, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD), una de las piezas de legislación secundaria adoptadas por el Congreso de la Unión a raíz de la creación de la Guardia Nacional de 2019.

En Intersecta entendemos que el debate constitucional actual no es sobre si las Fuerzas Armadas deben de participar o no en labores de seguridad pública. Frente a esta pregunta, hoy las normas constitucionales y convencionales ofrecen una respuesta contundente: sí pueden; según establece el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional “en materia de Guardia Nacional”, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas. El debate constitucional actual versa, más bien, en torno a cómo debe ser esta disposición; sobre cómo pueden participar las Fuerzas Armadas en estas labores. Desde nuestra perspectiva, el asunto actual —esto es, la acción de inconstitucionalidad sobre la LNRD— le plantea a la Suprema Corte la pregunta respecto esas condiciones y límites a la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo resolverlo?

Como consecuencia de la aprobación de estas modificaciones legislativas, la minoría parlamentaria del Senado de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad; a su vez, diversas organizaciones y activistas han interpuesto recursos de amparo para combatir la inconstitucionalidad de la reforma. De manera notoria, en Guanajuato se presentó el juicio de amparo indirecto 1161/2022, en el cual, la Jueza Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la suspensión definitiva para detener la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este lunes conocimos la tan esperada sentencia de la acción de inconstitucionalidad 16/2018 y su acumulada 107/2018. Este asunto, como saben, se discutió el pasado 9 de septiembre del 2021 pero hasta ahora fue que conocimos el texto final de la sentencia. Esta acción de inconstitucionalidad es de suma importancia en tanto que la Suprema Corte se pronunció sobre una porción normativa de una constitución local que señalaba que se protegía la vida desde la concepción —cláusula que se ingresó a las constituciones de muchos estados con el objetivo de impedir u obstaculizar el acceso al aborto.

Las recientes reformas para militarizar la seguridad pública, que alentó el presidente de la República y aprobó el bloque obradorista, admiten que el Estado mexicano está en un riesgo sumamente delicado, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza “cuasimilitar”. Pues la respuesta gubernamental y legislativa de los morenistas es “cuasifascista”, y ello aumenta el peligro para los ciudadanos.

El día de hoy, cinco de septiembre de 2022, comenzó la primera sesión del Pleno de la Suprema Corte en que se discutió un tema protagónico para la historia jurisprudencial mexicana. Las once ministras y ministros comenzaron por analizar y asumir posturas respecto del proyecto de Acción de Inconstitucionalidad 136/2019 y su acumulada 136/2019 del Ministro Luis María Aguilar Morales.