En el contexto electoral mexicano, las voces que defienden la existencia de un financiamiento público mayoritario son significativas en contraposición a las que proponen que el financiamiento privado funja como eje para la obtención de recursos para partidos políticos o candidaturas.

Incorporar la revocación de mandato en el régimen democrático, sin analizar las implicaciones en el sistema electoral mexicano, sería contraproducente, ya que las elecciones y el mecanismo de democracia directa no son compatibles aún. Las cuestiones técnicas y operativas, así como los contextos sociales y políticos se erigen como un paradigma que atenta contra la estabilidad de los comicios y, a su vez, condicionan los efectos benévolos de la revocación de mandato. Para contrastar las complejidades organizativas del proceso electoral y las implicaciones de la revocación de mandato es necesario tomar en cuenta, como punto de partida, la fecha de celebración de la jornada de participación —votación— y los efectos de la revocación de mandato —continuidad o rescisión de la gestión presidente—.

El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa. Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto.

En todo caso, el asunto parece no haber concluido en su totalidad y todavía está por verse si la nueva determinación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA puede cumplir adecuadamente con los estándares de fundamentación y motivación requeridos por el TEPJF.

En diciembre de 2018 comenzó un nuevo proceso de constitución de nuevos partidos políticos en México. Este proceso culminara en junio de 2020. Durante los próximos 15 meses las personas y las organizaciones o grupos sociales tendrán la oportunidad de cumplir con los requisitos legales y formar un novel ente partidista; de esta forma, dispondrán de la posibilidad de incidir en la formación de la voluntad colectiva del Estado mexicano, al participar en los comicios, integrar a los poderes públicos y ejercer y controlar el poder político.