Principalmente, me enfocaré, en dos de los agravios que el PES planteó en su demanda. Por un lado, la posibilidad de que la regla constitucional que exige a un partido obtener el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro puede ser interpretada a fin de utilizar un parámetro basado en escaños. Y, por el otro, que en la legislación electoral mexicana no existe un recurso efectivo que les permita a los partidos verificar el número exacto de votos que obtuvo, para efecto exclusivo de evaluar si mantiene o no su registro.

En el sistema electoral mexicano, el voto ciudadano es el único factor que puede y debe determinar la suerte de un partido político. Estoy convencida que la decisión tomada hoy por la Sala Superior fue correcta, al respetar la voluntad soberana del electorado, al apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución –cuyo texto ni contexto admiten licencia alguna para la solución de la presente controversia– y al evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas.

No nos equivoquemos. La renuncia de la magistrada Janine M. Otálora como presidenta del Tribunal Electoral es solo la cereza de un pastel que ya olía bastante mal, y que ahora está en pleno proceso de descomposición. Durante los últimos años –pero especialmente a partir de la designación de los nuevos magistrados en 2016– la Sala Superior ha sido el protagonista de una serie de desvaríos judiciales y bochornosos errores políticos. La escasa legitimidad que le quedaba, se ha desvanecido. Y quizá ya sea hora de asumir, de una vez por todas, que la justicia electoral no es más que grilla partidista.

Pasada la jornada electoral de este año, resulta pertinente reflexionar sobre la legitimación de la justicia electoral en México. Tras este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó maltrecho y abollado. En parte el propio TEPJF es responsable, pero también es víctima de un diseño institucional que no le deja remedio alguno y, sobre todo, de la escaza cultura de legalidad que hay dentro del país.

En los últimos días se ha discutido mucho acerca de la cadena de custodia con motivo de la discusión sobre la validez de la elección a gobernador en el estado de Puebla. El proyecto de sentencia inicial proponía anular las elecciones a gobernador con el argumento de que se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.

En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.

México ha recorrido un largo camino para lograr la transición a la democracia que se ha ido consolidando a lo largo de más de tres décadas. Inicialmente, las grandes preocupaciones eran contar con una autoridad electoral imparcial, con un padrón electoral confiable y con resultados transparentes y documentados. Sin embargo, hemos observado que, al menos desde las elecciones federales del año 2000, el tema del financiamiento público y privado de las campañas políticas ha sido cada vez más observado y controvertido.

El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.