En ese contexto de discusión, surgen los siguientes cuestionamientos sobre lo que sucede jurídicamente cuando un candidato utiliza marcas comerciales en su campaña o cuando alguna empresa, a través de su marca comercial, patrocina una candidatura. ¿A quién beneficia esta relación, a las candidaturas o a las marcas? ¿Está permitido? ¿El uso de las marcas comerciales coloca a los candidatos en una situación de ventaja desleal? ¿Se generan incentivos no deseables en el gobierno, en el caso de que el candidato vinculado con estas empresas gane las elecciones?

El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, entre otras cosas, no estudiar la demanda presentada para combatir la determinación de la Sala Regional Monterrey por la que anuló los votos recibidos en una casilla, lo que tuvo como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal de General Zuazua, Nuevo León.

En la exposición de motivos de la modificación al artículo 134 constitucional, se refiere que uno de los objetivos de la reforma es lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral, y evitar que éstos hagan uso de su cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito político… Sobre este último tema, recientemente la Sala Superior emitió un par de criterios que modifican sustancialmente la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Electoral en los últimos once años, y que generan una importante distinción entre los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

La adopción de la paridad en la integración de los congresos locales constituye un avance para fortalecer la representación de las mujeres. Sin embargo, persisten retos para avanzar hacia una mayor representación sustantiva, la igualdad en la distribución del poder y la construcción de una democracia paritaria en el país, entre los que se encuentran homologar los criterios de aplicación del principio de paridad en las 32 entidades federativas y garantizar que éste se mantenga como un piso mínimo, y no como un tope máximo en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

La semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó el recuento total de votos para la elección a la gubernatura en Puebla. Se trata de una decisión importante que surge a partir del cúmulo de errores e inconsistencias cometidos por el propio Instituto Electoral de Puebla, responsable de organizar la elección local. El nuevo escrutinio y cómputo de votos empezará este martes 25 de septiembre en la Ciudad de México debido al retraso que tuvieron las autoridades electorales en el almacenamiento de los paquetes electorales.

¿Qué le faltó a Pedro Kumamoto para llegar al Senado? Primeramente, si bien se ha construido una línea jurisprudencial a favor de los candidatos independientes, para lo que respecta a los senadores era la primera vez que algún candidato independiente competía por dicho cargo. El problema de esto fue que el que el TEPJF no contaba con jurisprudencia o precedentes respecto de ellos.

Seis mujeres llegan a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas para renunciar a sus cargos de regidoras y síndicas de representación proporcional en el municipio de Mapastepec. Han viajado desde ese pueblo soconusquense, ubicado a 271 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, en la camioneta de Nicolás Noriega, candidato perdedor en las elecciones municipales del pasado 1 de julio, y quien, con estas renuncias, podría convertirse en regidor.

A finales de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto vinculado con la fiscalización de los gastos de campaña de dos candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por Movimiento Ciudadano y el PAN. Desde entonces el tema ha sido objeto de gran polémica en diversos medios de comunicación y foros especializados porque la decisión de la Sala Superior trasciende la materia electoral, y aborda temáticas especializadas vinculadas con los derechos de autor, propiedad intelectual y el uso de marcas comerciales.

En los casos judiciales sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para que Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia pudieran participar como candidatos al Senado de la República en las elecciones, los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentaron a la tarea de interpretar directamente el texto constitucional. La mayoría de los magistrados determinaron que ambos candidatos cumplían con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, para contender por el cargo de senador de la República por representación proporcional. Sin embargo, una minoría consideró que los candidatos no los cumplían. ¿Qué posición fue la correcta? ¿Es cierto que la decisión mayoritaria fue una “decisión política”?

El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas, de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.