La pérdida de registro de NA y del PES es una cuestión de gran relevancia para la vida política del país, ya en ambos procesos están involucrados recursos del erario público, el voto ciudadano y la credibilidad de las propias autoridades electorales. De ahí que valga la pena darle seguimiento a lo que resuelva el Tribunal Electoral en los próximos meses.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas.

En estos días se ha discutido, porque el momento lo obliga, cuántos y cuáles partidos políticos deberán perder el registro por no haber obtenido el 3% o más de la votación en las elecciones federales del 1 de julio. Una de las dificultades de esta polémica es que los artículos pertinentes, tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como de la Constitución, están formulados de manera ambigua, es decir, cada uno se presta a dos lecturas diferentes y potencialmente contrarias.

Una vez que el entusiasmo y la polvareda de la pasada elección empieza a asentarse, conviene reflexionar en torno al proceso electoral mismo, no solo desde el ámbito de quienes desde el escritorio hacen las leyes, sino de la experiencia misma de los cerca de un millón y medio de ciudadanos que como yo, fungimos como funcionarios de casilla.

La (in)justicia electoral frente a las candidaturas independientes a la Presidencia, recientemente publicado por el IIJ-UNAM, es producto de dicho ejercicio deliberativo. Además de recoger las principales conclusiones del encuentro, dicha publicación incluye el guion temático usado durante la discusión, así como un texto introductorio que contextualiza la relevancia política del caso.

Las prácticas clientelares están presentes prácticamente en todas las democracias del mundo. No son un fenómeno exclusivo ni de México ni de la región latinoamericana. Tampoco son un rasgo al que —al igual que la corrupción— nuestra sociedad esté determinada naturalmente. Los factores electorales que favorecen el clientelismo son múltiples y variados.

Estamos ante una discusión pública entre autoridades electorales respecto del destino de votos emitidos de manera no convencional, que en el peor de los escenarios (que se conviertan en votos nulos) en el estadístico de las elecciones son equivalentes a un porcentaje ínfimo de total de los sufragios. No obstante, esa mínima posibilidad ha ameritado que se vuelvan a “capacitar” a 1.4 millones de funcionarios de casilla a unos días de la jornada electoral.

Encontramos dos concepciones de certeza muy distintas. Por un lado, una visión “legalista” de la mayoría de magistrados del TEPJF y, por otro, una visión “social” del INE. Pero, ¿alguna de estas concepciones de certeza podría considerarse más adecuada que otra? Consideramos que no. Sostenemos que ambas concepciones son similares, sólo que estas consideran aspectos o momentos distintos del proceso electoral.

La práctica judicial en México ha mostrado que ciertas decisiones responden más a intereses políticos que jurídicos. Este es el caso de los recursos de apelación en los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el registro de las candidaturas al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de Napoleón Gómez Urrutia.