En los últimos días han surgido voces que de forma legítima —o no— ponen en duda el modelo que se ha diseñado y que está en marcha. En la vorágine del proceso electoral, con mucha ligereza se escucha y se lee la palabra “fraude”. Pareciera no importar si se escribe o pronuncia sin sustento y veracidad, pero lo cierto es que la carga emocional que encierra puede sepultar hechos comprobables, desestimar explicaciones y echar por la borda el esfuerzo de miles de personas que a lo largo de muchos años han puesto su empeño en la consolidación del derecho al voto desde el exterior.

La llegada del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” a la boleta de la elección presidencial se dio a pesar de que no logró reunir el número de apoyos ciudadanos requerido por la ley. Ahora, además, el INE ha develado una mancha más a esta controversial candidatura: el lunes 28 de mayo el Consejo General del Instituto resolvió tres procedimientos en materia de fiscalización en contra de Rodríguez Calderón, en los que se detalla el uso de recursos no permitidos durante la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano.

Un rápido escrutinio de sus números nos hace pensar que hasta hoy ha sido un organismo útil tanto en la contención de los delitos como en el castigo de los mismos. Desde sus inicios en 1994 y hasta el año 2017 la FEPADE ha dado seguimiento a 26,634 expedientes relacionados con la probable comisión de delitos electorales, siendo 2016 el año con más averiguaciones previas: 3,734. Hasta el 2017, la FEPADE ha dado resolución a 26,488 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación.

El 1º de julio México tendrá una de las elecciones que, como todas las ocurridas desde 1988, ha sido calificada de transcendental. Desde el punto de vista que adopta este breve ensayo, la mejor noticia sería que las elecciones sean calificadas como normales. Sin embargo, dado que esto parece imposible en México y en otras latitudes, pues la hipercompetencia hace que cada cita sea excepcional, la segunda mejor noticia sería que las instituciones electorales y, en concreto, el sistema de justicia electoral formado por el TEPJF y la FEPADE, no fueran noticia. Porque el relato institucional no se hace desde el protagonismo sino desde el trabajo cotidiano, no rigen en él las estrategias a corto plazo sino el largo plazo, no piensa en términos de publicidad sino de información, no busca explotar el conflicto sino canalizarlo para darle solución en el marco de la ley.

El tema tiene especial importancia porque se trata no solamente de normas electorales a nivel local que buscan la paridad de género en la postulación de candidaturas, sino que además le reconocen a la persona el derecho de autoadscribirse a un género en particular.

Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la famosa sentencia, SUP-JDC-12642/2011 en 2011, mejor conocida como la sentencia de “las Juanitas” y, posteriormente, en 2014 con la incorporación del principio de paridad de género en el texto constitucional por parte del Congreso, la concepción de género ha cobrado mayor relevancia y se ha insertado en el centro del debate político actual.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la suspensión de la trasmisión en radio y televisión del promocional de la organización Mexicanos Primero, denominado ¿Y si los niños fueran candidatos? En el contexto de esta decisión, el propósito de este ensayo consiste en destacar la relevancia de las sentencias emitidas por el TEPJF, como políticas públicas que tienen la capacidad de incidir en el cambio de prácticas que caracterizan la cultura política en nuestro país. Es decir, de modificar conductas sumamente arraigadas que explican el comportamiento de los actores políticos y sociales.

El sistema electoral está diseñado para responder y satisfacer las necesidades de los partidos políticos. El andamiaje legal vigente no aspira a fortalecer la figura de las candidaturas independientes; situación que abre las puertas a la instrumentación de conductas ilegales o extralegales por parte de ciudadanos que opten por esta modalidad de acceso a los cargos públicos. Por otra parte, el financiamiento privado está construido como una limitante a las aportaciones del candidato independiente y sus simpatizantes. Dicha limitación no podrá rebasar, en ningún caso, el 10% del tope de gastos de campaña para la elección de que se trate. Además, fueron incorporadas todas aquellas restricciones que tienen que observar los partidos políticos en cuestión de aportaciones.

Es por las razones anteriores que se llega a la siguiente conclusión: el ciudadano Enrique Cárdenas ha reunido los apoyos ciudadanos que, en condiciones de equidad en la contienda con los candidatos de partidos políticos, lo acreditan como un candidato competitivo. En consecuencia, se satisfacen las condiciones constitucionales y convencionales para ser registrado como candidato independiente a efecto de no ser tratado de manera desigual y discriminatoria.

A finales de abril se empezó a transmitir en radio, televisión, Youtube, algunas salas de cine y en el portal electrónico de la asociación “Mexicanos Primero, Visión 2030, A.C.” un spot denominado: “¿Y si los niños fueran candidatos?”. El spot de aproximadamente un minuto de duración presenta a cuatro niños y una niña personificando a quienes contienden actualmente por la candidatura presidencial, todos ellos haciendo planteamientos vinculados con la educación, y rematando con la siguiente frase: “piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa”.