Es ineludible que nuestras autoridades electorales tomen conciencia de lo que está pasando con Internet y las redes sociales en los procesos electorales alrededor del mundo, para que así estén preparadas ante los desafíos que esto implica. La autorregulación de los gigantes de las redes sociales o la preminencia del principio de libertad son fruto de visiones del pasado sobre el uso de Internet, las posibilidades que se abren vía la fiscalización de las campañas electorales son múltiples y abarcan, para empezar, que se transparenten los montos y nombres de quienes contratan publicidad política en las redes sociales más allá de los propios candidatos.

Ante la impugnación por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el lunes de la semana pasada, del nuevo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar tener resultados del conteo rápido del Instituto el 1º de julio próximo, conviene analizar si, en efecto, existen elementos de carácter técnico o jurídico para revertir la ruta que la autoridad electoral ha construido para ofrecer información oportuna de la elección presidencial la misma noche de la elección.

Al resolver la impugnación que promovieron la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Televisión Azteca, el Partido Revolucionario Institucional y su precandidato a la presidencia, la Sala Superior revocó la respuesta que dio el INE a la consulta que le fue planteada. En primer lugar, la Sala Superior fue cuidadosa en señalar que el INE actuó correctamente, pues en ningún momento emitió lineamientos o regulación alguna que obligara a los partidos políticos o candidatos, únicamente se pronunció respecto de una consulta formulada por dos partidos políticos.

Es decir, ante un escenario complejo, en el que hubo elecciones locales y federales concurrentes y variedad de alianzas electorales, el Tribunal Electoral consideró que era necesaria la intervención de la autoridad administrativa electoral para difundir la orientación e información necesaria para evitar la anulación del voto ciudadano. De ahí que tanto el INE como los OPLES tendrán que contemplar en su capacitación electoral, programas educación cívica y propaganda institucional, la información suficiente y diferenciada para que el electorado de cada región y estado del país esté enterado de cómo votar. Una tarea por demás ardua y complicada, cuyos resultados se verán después del 1º de julio de 2018.

Por ello, junto con otros factores, la etapa de precampañas —recién concluida— resultó controversial. Razón por la que en el Seminario Permanente de Justicia Electoral fue analizado el expediente del procedimiento especial sancionador SUP- REP 159 /2017; en el cual, un partido político solicitó la imposición de una medida cautelar para retirar los spots de un precandidato único por considerarlos como actos anticipados de campaña.

La relevancia de esta resolución del Tribunal es que no sólo estudia la legislación del estado de Puebla, sino que también está analizando la regulación de una figura cada vez más presente en la democracia mexicana que son las candidaturas independientes. Esta figura político-electoral es un tema complejo en sí misma por ser relativamente nueva, aunque en 2015, los aspirantes que contendieron por esta vía lograron obtener un cargo de elección popular. Con todo esto, las candidaturas independientes han cobrado una mayor aceptación en el proceso electoral.

Hoy en día las personas nacemos en un lugar y vivimos en otro, los medios de transporte son más efectivos y las comunicaciones instantáneas, cada vez es más común ver en los lugares públicos personas originarias de diferentes países que no son turistas, las ciudades son plurinacionales y pluriculturales. Esto hace que la nacionalidad y la ciudadanía ya no sean entendidas como antes. De eso se trata el caso sobre el que escribiremos.

La desconfianza en las autoridades electorales no cabe en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país. Si hay actores que minarán la confianza en la autoridad electoral en los próximos meses, la Sala Superior no debe ser uno de ellos, mucho menos el primero. Sí, presidenta Otálora, tiene razón: hay que contar rápido y contar bien. Pero hay que hacerlo escuchando a quienes saben contar y lo han hecho bien. Sólo así se construirá la confianza en los procesos electorales que tanto le falta a nuestra democracia.

Esta semana hemos estado escuchando una noticia de manera constante: el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió los debates entre candidatos en el período intercampañas. Para algunos, la decisión del INE busca favorecer a aquellos que se han mostrado renuentes a deliberar públicamente; para otros, es un exceso de la autoridad electoral que limita la libertad de expresión.

Los procesos electorales de nuestro tiempo suelen venir acompañados, debido a lo que se encuentra en juego, por el conflicto, la crispación, los ataques y señalamientos recíprocos. Las autoridades electorales estamos llamadas a catalizar los cambiantes humores políticos, a servir de mediadoras entre los distintos intereses en disputa. Las propias autoridades debemos ser el ejemplo de prudencia y responsabilidad ante la sociedad, garantizando, con nuestro actuar y con nuestros posicionamientos, la legalidad, la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía. Los resultados deben ser rápidos, sí; pero, ante todo, deben ser confiables.