Sorprende la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de echar abajo las modificaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) había realizado a su reglamento para garantizar a la ciudadanía conocer los resultados el mismo día de la elección. Sorprende porque no es la primera vez que el INE realiza modificaciones importantes para garantizar el desarrollo de los comicios y porque ante casos prácticamente iguales el razonamiento de los magistrados fue diametralmente opuesto.

Vale la pena que el INE eche mano tanto de sus comités técnicos del conteo rápido, del PREP, de los propios institutos políticos e incluso de experiencias internacionales para identificar vías que en el marco de la legalidad hallen soluciones a la notoria deficiencia de la LGIPE sobre la operación de las casillas únicas. Lo que menos conviene a las propias autoridades electorales es caer en el discurso alarmista y de descalificaciones entre sí que a lo único que abonan es a incrementar la desconfianza sobre su actuar, que cabe recordar, se encuentra en sus niveles más bajos.

Dada la magnitud del fallo de la Sala Superior es importante que el INE despliegue una campaña de información eficiente y bien pensada, en la que se dé a conocer a los electores que el próximo primero de julio no tendremos resultados preliminares el mismo día como venía ocurriendo en cada proceso electoral y que ello se debe a las normas electorales fijadas por el legislador, y no a un ánimo de beneficiar o perjudicar a alguna candidata o candidato en particular.

La tarea fundamental para cualquier tribunal es construir su legitimidad. Ello requiere confianza en la labor e independencia de sus integrantes, y cierta aceptación de la ciudadanía y demás autoridades en sus decisiones. Hasta ahora, en el caso del TEPJF, ambos elementos han sido puestos en duda.