Desde octubre de 1990 el cargo de presidencia del Consejo General del IFE e INE ha sido ocupado por 12 distintas personas, de las cuales se observan únicamente dos mujeres y ellas desempeñaron esa función de manera provisional en sesiones específicas. En otras palabras, en más de 32 años de existencia del órgano electoral, nunca ha sido designada una mujer para ejercer formalmente el cargo de presidenta. Los números siempre ayudan a poner en perspectiva la exclusión. Observando lo anterior, la mayoría de integrantes de la Sala Superior consideró que la convocatoria era violatoria del principio de paridad al no contemplar la regla de alternancia de género para la designación de la persona que deba ejercer la presidencia del Consejo General y, por ello, ordenó a la Cámara de Diputados que la modificara.

El sentido de la justicia constitucional electoral es identificar aquellas conductas que en trasgresión a las normas electorales vulneran la Constitución y, en su función de salvaguarda, restituir el orden constitucional, al determinar una consecuencia jurídica a quien aun con la comisión del ilícito constitucional electoral pretenda desempeñar un cargo público, del cual ha protestado cumplir el texto constitucional. Si bien la ley no reconoce esta previsión, la respuesta está a la vuelta de todas las esquinas, la integridad de los procesos electorales garantiza la legitimidad del ejercicio del poder público; dicho de otro modo, al final están los principios, a los cuales debe recurrir el juez constitucional.

A finales del año pasado, la Sala Superior estudió un asunto relacionado con la renovación de las consejerías del INE, en el que se decidió revocar el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados para regular el procedimiento de designación de las cuatro consejerías que quedarán vacantes este año 2023, —tres consejerías electorales, además de la presidencia del órgano—.

La polarización política es lo que más daño le hace a la democracia. La polarización política no escucha razones, y esta sordera mata las condiciones para el diálogo que le da vida a la democracia. Este 2023 exige abrir el diálogo respecto esa parte del paquete de reformas electorales, conocido como el “plan B”, que fue publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022 y cuyo objeto es la propaganda gubernamental.