Esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un asunto de la mayor importancia, vinculado con la integración de las diputaciones de representación proporcional que integrarán el Congreso de Ciudad de México. Me parece importante aprovechar este espacio, para comentar algunos aspectos de la sentencia, y explicar por qué son relevantes para Ciudad de México, así como para la vida político-electoral del país.

El día de ayer, cinco magistrados decidieron remover a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y nombrar a Reyes Rodríguez como cabeza de esta institución. Los magistrados Vargas y Mónica Soto no participaron en esta sesión. En respuesta, a través de un video, Vargas desconoció su remoción como presidente y convocó a sus colegas a reunirse a la brevedad para resolver sus diferencias. Amanecemos, pues, el día de hoy, con dos magistrados que se asumen como presidentes del TEPJF, y con la incertidumbre que ello implica respecto el futuro inmediato de un tribunal clave para la democracia mexicana.

Tras la elección, al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal aún le falta un largo camino por recorrer en el cual será necesario continuar con la aplicación de criterios consistentes y coherentes que protejan la equidad en las condiciones de la competencia electoral y, así, continuar dotando de legitimidad y confianza a los resultados que emanen de los comicios.

A partir de las últimas elecciones, resurgió el interés por interpretar el funcionamiento de la figura de reelección como un mecanismo para mejorar la calidad de la representación política y la labor de los gobiernos municipales. En los comicios de junio pasado, casi un tercio de las diputaciones federales de mayoría relativa y más de 300 presidencias municipales resultaron reelectas. Sin embargo, estos datos no nos permiten vislumbrar si este mecanismo ha cumplido con las ventajas sociales que se destacaron durante el debate legislativo de la reforma constitucional político-electoral de 2014, respecto a la rendición de cuentas y la profesionalización de la carrera política de quienes buscan contender por el mismo cargo.

Las autoridades electorales tienen la sustancial labor de implementar la acción afirmativa indígena, desde la reglamentación de los parámetros que los partidos políticos deben cumplir para acreditar la autoadscripción calificada, en la verificación del cumplimiento mismo y, en su caso, en el análisis legal y constitucional de este proceso, para un día, como Miguel León-Portilla, quien dedicó su vida a creer en las diferencias, se pueda decir que las autoridades electorales, consagran parte de su labor a reconocer las diferencias que posibiliten una democracia igualitaria.

La salvaguarda del mandato constitucional de paridad requiere de un compromiso constante y real. Cuando un tribunal coloca el formalismo por encima del cumplimiento de la Constitución no hay Estado de derecho viable ni Estado paritario posible, solo se mantiene la simulación del compromiso con la norma y sus objetivos.