Una de las maneras de estudiar el clientelismo electoral, es considerarlo como un problema de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, el clientelismo depende de la existencia de condiciones institucionales que lo propicien, así como de una percepción general que lo legitime y lo haga parecer una estrategia política admisible. Por el lado de la demanda, el clientelismo depende del contexto que haga a las personas más o menos proclives a aceptar el intercambio clientelar.

¿Por qué si no hay ministros de culto en cargos populares no se han podido impulsar reformas progresistas en todo el país? Sobra decir que los mismos estándares internacionales establecen como religión toda creencia, más allá de la divinidad, incluso creencias ateas o no ateas. Si dejáramos fuera a los ministros de culto de todas las religiones, también deberíamos dejar fuera a quienes profesan otro tipo de ideologías; lo cual a todas luces es incompatible con la misma idea del sistema de partidos y la pluralidad democrática misma. Pareciera que se está confundiendo el concepto de laicidad con anticlericalismo.

A pesar de que este proceso electoral garantizará la postulación de personas indígenas, afrodescendientes, discapacitadas, LGBTTTIQ+, y mexicanas que residen en el extranjero para el Congreso federal, eso no se traduce en que tendremos un congreso más plural e incluyente. Del total de estas candidaturas, sólo las personas indígenas postuladas garantizarán su acceso y no del resto.

El 26 de febrero de 2021, circuló en varios medios de comunicación una declaración del Consejero Ciro Murayama sobre la obstaculización que ha enfrentado el INE, por parte de la FGR y de la Fepade, para concluir las investigaciones de los casos Odebrecht y Pío López Obrador.

El pasado mes de junio de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió una sentencia en la que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Institutos Electorales Locales la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política por Razones de Género. Dada su singularidad, las siguientes líneas están enfocadas en explicar dicho mecanismo.

A continuación, se analizan dos casos de promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos. En tanto autoridad electoral, la Sala Superior del TEPJF es uno de estos actores y sus sentencias representan señales para los demás actores; por ello, es necesario ser consistentes en las resoluciones. De lo contrario, se emitiría una señal inadecuada al funcionario público, ya que se abriría la posibilidad de que actúe fuera del deber de especial cuidado y del modelo de comunicación política legalmente definido.

Desde el 23 de diciembre de 2020, la propaganda y los spots que corresponden al periodo de precampaña de los distintos partidos y precandidaturas están disponibles en radio y televisión, así como en las redes sociales. Aunque la lógica formal de esta difusión es que se dirija a la militancia y a los simpatizantes, el contenido de los promocionales, conforme a la dinámica de los procesos electorales, hace inevitable que se generen inconformidades entre los partidos. En la sesión del 13 de enero pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió nueve asuntos relacionados con promocionales de precampaña.