El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica” (decreto). El 7 de mayo fue impugnado, vía controversia constitucional, por el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué el INE impugnó este decreto? ¿Por qué mediante una controversia constitucional? ¿Qué es lo que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Veamos.

Este texto retoma los saldos de los diversos procesos de control constitucional que ha desplegado la Suprema Corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) y los escenarios que podrían desencadenarse en los siguientes meses. El entramado fáctico y normativo que está por desarrollarse, se genera a raíz de la convergencia de tres factores: (i) la declaratoria de invalidez inicial derivada de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (Remuneraciones 1); (ii) la reforma de la que fue objeto esta ley el 12 de abril de 2019 (Remuneraciones 2) y el nuevo contenido normativo que debe generar el Congreso de la Unión al acatar el fallo de la Suprema Corte (Remuneraciones 3).

Este espacio lanza una cobertura de las demandas que han sido presentadas ante la Suprema Corte u otro órgano del poder judicial de la federación en contra de alguna política pública impulsada por el gobierno de López Obrador. El objetivo, en esta primera etapa, es hacer el esfuerzo por describir de manera objetiva y pedagógica cuáles son los argumentos que ofrecen estas críticas, desde la arena judicial, a la gestión del actual gobierno federal. Y, en este sentido, ofrecer aspectos clave para trazar el rasero a partir del cual, en su momento, se evalúen el voto y argumentos de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.