El 12 de marzo del 2024, El Financiero publicó una nota de opinión en la que un experto en propiedad intelectual cuestiona el etiquetado, impuestos y regulación como formas de abordar la obesidad.1 En ella reconoce que la mala nutrición se mantiene como uno de los principales retos de salud pública en México y que para hacerle frente se han implementado medidas que considera “polémicas” y que “no están funcionando”, como la prohibición de personajes y celebridades en los empaques y publicidad de los productos que ostentan algún sello de advertencia.
Es comprensible que tenga una opinión negativa de las medidas mencionadas pues su ámbito de trabajo es el de la propiedad intelectual y no el de la salud pública, una disciplina en la que existe un amplio consenso sobre la importancia y necesidad de proteger a las infancias de publicidad agresiva de productos malsanos, el uso de etiquetado de advertencia para mejorar las decisiones de la población y la aplicación de impuestos que desincentiven su consumo y reduzcan el gasto en salud que causan a los mexicanos y que la OCDE estimó cercano al 6 % del PIB. Tan es así, que estos impuestos están presentes en más de 110 países del mundo de acuerdo con el Banco Mundial, quien los recomienda como una medida con potencial de mejorar el bienestar de la población y el desarrollo económico. Así mismo, agencias de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF han publicado reportes donde apoyan la regulación de publicidad dirigida a la población infantil y la implementación del etiquetado de advertencia, presente también en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
Estas estrategias si están funcionando. Por un lado, los impuestos han permitido que se reduzca el consumo de productos malsanos y eso se ha documentado en reportes científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Recordemos que hay más de 40 mil muertes anuales atribuibles solamente al consumo de bebidas azucaradas y más de 140 mil muertes por diabetes todos los años. En México los impuestos son únicamente del 10 %, a diferencia de Colombia que aprobó uno del 25 % y Arabia Saudita, del 50 %; donde el consumo de refrescos ha disminuido en 35 %. Sin duda se requiere aumentarlos para contener el profundo daño que generan.
En el caso de los sellos a las bebidas y comida chatarra, estos han detonado una reformulación masiva en miles de productos dirigidos a infancias y que ahora la industria declara orgullosamente que han reducido en 80 % el azúcar agregada. Un cambio que sería imposible de explicar sin los sellos. En las encuestas nacionales, más de 65 % de los adultos responden que han dejado de consumir productos por el etiquetado o han cambiado a otros por esta razón. En otras palabras, estas acciones están aumentando la disponibilidad de alimentos saludables y en ningún momento están prohibiendo ningún producto como afirma el columnista.
Por otro lado, en cuanto los argumentos jurídicos, el analista considera que el amparo en revisión promovido por Grupo Bimbo y en manos del ministro Laynez podría resultar en la eliminación de la regulación de personajes en publicidad de comida chatarra porque “genera trastornos en la competencia y viola tratados internacionales en materia de propiedad intelectual”. Ya le tocará a la Suprema Corte de Justicia Nación y al ministro Laynez estimar su valor. Sin embargo, no pierdo la oportunidad de señalar que se trata de un evidente conflicto entre una restricción menor a libertad comercial de las empresas y el derecho a la salud de los mexicanos. A diferencia de lo que argumenta el artículo mencionado, las nuevas políticas alimentarias no impiden la competencia de las empresas y mucho menos expropian su propiedad intelectual. Al contrario, estas medidas restringen de forma mesurada su libertad comercial para evitar sus tácticas de mercadotecnia agresiva, en especial, a aquellas dirigidas a menores de edad. Espero que la Suprema Corte se acerque a la evidencia científica que hemos desarrollado desde el Instituto Nacional de Salud Pública para respaldar la eficacia de estas medidas, reconozca que se trata de políticas en favor de la mayoría de los mexicanos – en muchos casos, los más vulnerables- y no permita que los intereses económicos de algunos privados se antepongan ante el derecho de los mexicanos a una vida sana.
Para finalizar, valdría la pena mencionar que el 4 de marzo se declaró en México el día nacional de la Obesidad. Un día en que se reconoce que hay un gran camino por recorrer para lograr un país más saludable y, por ende, mejor preparado para futuras pandemias, que sin duda llegarán, y para las que somos más vulnerables si mantenemos altas prevalencias de esta enfermedad. Esfuerzos como el impuesto a refrescos y comida chatarra, regulación de publicidad dirigida a niños y etiquetado de advertencia son una pequeña parte de las acciones que como sociedad debemos de apoyar para controlar la epidemia de obesidad. La nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible aprobada la semana pasada comprende una infraestructura que permitirá al Estado salvaguardar el derecho a la alimentación de la población, incluyendo producción alimentaria, protección de las infancias, derecho a la información nutricional saludable y la creación de un sistema nacional intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad.
Simon Barquera. Investigador en Ciencias Médicas Nivel F del Instituto Nacional de Salud Pública; miembro SNI3 del Sistema Nacional de Investigadores–CONACHyT; miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias; presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. X: @sbarquera.
1 Galindo Avila, O. “Etiquetas, impuestos y prohibiciones: ¿la receta contra la obesidad?”, El Financiero, 12 marzo 2024.