El día de ayer se celebró el primer foro sobre las reformas del poder judicial “¿Qué Poder Judicial tenemos? Y ¿qué Poder Judicial queremos?», en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La ocasión, desde luego, destaca por la presencia de los once ministros y ministras integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aspecto no debe pasar por alto: el presidente de la República y su abrumadora mayoría legislativa identifican en las y los ministros -y el resto del Poder Judicial de la Federación- la causa del mal que se pretende reformar. Los integrantes de la Corte —sentados juntos en un ala de la media luna del salón de protocolo de San Lázaro, entablaron un diálogo con la fuerza legislativa que tiene la fuerza para destituirlos en septiembre. Así, el propósito de este artículo es esbozar una síntesis de las posturas expresadas por los integrantes de la Suprema Corte durante este primer foro.
Lo primero que destacamos son los puntos de acuerdo entre las y los ministros. Por un lado, la necesidad de un Poder Judicial independiente y; por otro, el reconocimiento de que el Poder Judicial de la Federación es perfectible y la reforma se presenta como un espacio para mejorar varias áreas de este poder. Respecto los puntos de divergencia: ¿cómo lograr la independencia judicial? y ¿de qué manera se puede mejorar al Poder Judicial?
La discusión en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular permitió vislumbrar las distintas visiones de los máximos jueces constitucionales del país. Nuestro punto de partida serán las posturas respecto al entendimiento de la independencia judicial. Una primera aproximación sería distinguir entre aquellos ministros y ministras que consideran que la independencia judicial sólo se logra a partir de su separación de la vía electoral y política, y aquellos que consideran que un sistema de elección popular no está peleado con la independencia judicial.
El ministro Jorge Mario Pardo encabezó la lista de quienes consideran que existe una incompatibilidad entre un sistema de elección popular y la independencia judicial, seguido por Javier Laynez, quien señaló que “el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos e indirectos que recaude durante la campaña porque se vuelve más propicio a los conflictos de interés”. Alfredo Gutiérrez expresó que un sistema de elección popular podría implicar el equiparar la justicia a una subasta de jueces y magistrados. Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán se sumó a esta línea de pensamiento.
Por su parte, los ministros Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres consideraron que un sistema de elección popular no está peleado con la independencia judicial. Sin embargo, esto significa que este grupo fuese homogéneo. Esquivel y Batres no sólo consideran que el sistema de elección popular es compatible con la independencia judicial, sino que precisan que es una reforma necesaria para alcanzar la independencia. Mientras tanto, González Alcántara y Aguilar únicamente se pronunciaron respecto a la posibilidad de adoptar un sistema electoral, resaltando el cuidado que se debe tener en el diseño de éste para asegurar la independencia judicial. Ortiz se limitó a manifestar que la independencia judicial sólo se puede lograr alejada del poder político.
Ahora bien, vale destacar aquellos ministros y ministras que expresamente se pronunciaron a favor del sistema de carrera judicial como medio para garantizar la independencia judicial; se trata de Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Margarita Ríos. No hay que olvidar que tres de estos cinco ministros se formaron dentro de la carrera judicial (Pardo, Dayán y Aguilar).
A partir de lo anterior, también podemos agrupar las posturas de los integrantes de la Suprema Corte en tres bloques: el bloque promotor de la reforma, el propositivo y el renuente.
La ministra Batres se hizo notar por sus elogios a la reforma. Aplaudió abiertamente la reforma que, considera, “democratizará la justicia”. Manifestó que la propuesta de reforma abre al escrutinio público al Poder Judicial, obligándolo a responder al interés general, el cual, a su decir, ha sido desatendido en favor del tráfico de influencias y la corrupción. Inclusive, realizó una serie de propuestas complementarias para limitar el poder del Poder Judicial frente a los demás poderes. Yasmín Esquivel también apoyó la iniciativa presidencial de reforma judicial, pero acotó que la elección popular se debiese llevar a cabo de manera progresiva. Loretta Ortiz no fue explícita respecto a sus preferencias para la elección de ministros, pero sí aportó una visión internacional, sobre todo destacando que la Comisión Interamericana se ha pronunciado respecto a que esta Comisión no puede ser la encargada de determinar a los países del sistema como elegir a sus juzgadores. Y resaltó que lo mas importante es que los nombramientos no se perciban como decisiones políticas y que siempre se deben de seguir criterios objetivos de selección como lo son el mérito, la capacidad profesional, la transparencia y la no discriminación.
El segundo bloque lo conforman aquellos integrantes de la Suprema Corte que manifestaron propuestas para evitar un mal diseño de la reforma que impactaría negativamente en la independencia judicial. En este grupo se encuentra el ministro Pardo, quien sugirió como medida para mitigar las repercusiones negativas de la reforma que el cambio de diseño institucional se llevase a cabo de manera escalonada, atendiendo a las vacantes para que haya sinergia entre las personas provenientes del sistema de carrera judicial y los que sean electas. Posteriormente, González Alcántara propuso que los órganos jurisdiccionales deben ser evaluados por resultados y por sus propuestas a futuro, por lo que el sistema de elecciones debería aplicar para pronunciarse sobre la permanencia en el cargo -es decir, sugirió una especie de revocación de mandato de los ministros y demás impartidores de justicia-. Siguió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quien se enfocó en manifestar su preocupación por la afectación en las inversiones y el consecuente impacto económico que traería aparejada una reforma mal diseñada. Para hacer frente a ello, propuso una serie de remedios frente a la inevitable reforma de la elección de jueces por voto popular como el fortalecimiento del arbitraje y la profesionalización del poder judicial.
El tercer bloque, por último, esencialmente lo integraron los ministros Laynez, Pérez Dayán y Ríos Farjat. Estos centraron su intervención en respaldar la capacidad técnica de los miembros de la carrera judicial. Destacaron que la perfectibilidad del sistema judicial no se debe traducir en tirar sobre la borda el diseño técnico y meritocrático de la elección de los impartidores de justicia. Laynez fue enfático en manifestar que la incapacidad de las y los jueces para comunicar su trabajo con la ciudadanía, no se debe traducir en invalidar sus labores. Señaló que los jueces fueron educados para realizar su trabajo “de manera prudente y discreta” y “que sólo hablan por sus sentencias”. Por otro lado, la ministra Ríos Farjat expuso de manera contundente que una buena reforma debe de estar orientada a resolver problemas y no a desarreglar lo que sí funciona.
¿En dónde se ubicó la ministra presidenta de la Suprema Corte? Norma Piña optó por realizar una intervención cautelosa. Se limitó a enfatizar la gran importancia de la reforma al Poder Judicial, por lo que pidió que ésta no se lleve a cabo con celeridad. Se mostró abierta al diálogo y al cambio, pero de manera gradual como se ha hecho en otras reformas. Y como muestra de la apertura, mencionó que actualmente se encuentran en diálogos con participantes del sistema de justicia en todos los ámbitos para mejorar el sistema de seguridad y justicia del país.
Este primer foro sirvió para romper el silencio de las y los ministros frente a la reforma al poder judicial y, a partir de ello, entablar una posible negociación frente a la inevitable reforma. Habrá que monitorear los siguientes foros para ver, en su caso, en qué aspectos se puede modificar y sobre todo mejorar de la iniciativa enviada por el presidente de la República.
Paola Gutiérrez Balderas. Licenciada en derecho y ciencia política por el ITAM.
Ambrosio Michel Galnares. Abogado por la Escuela Libre de Derecho.
Gradualmente, parce ser el nuevo adverbio. Gradualmente se llega a Bolivia. Gradualmente se regresa al sistema predemocratico.
Súbitamente tropezamos con una piedra que no había en el camino. Súbitamente el aprendiz de autocratata, arrojó la piedra. Y prnto esconderá la mano.