México decidió experimentar con un modelo sin precedentes: someter a votación popular la selección de jueces, magistraturas y ministraturas. Presentado como un avance hacia la “democratización de la justicia”, el proceso de 2024-2025 terminó evidenciando sus riesgos estructurales. La iniciativa desmontó el sistema de designación basado en mérito y profesionalización, y lo reemplazó por un esquema en el que la legitimidad depende de la popularidad, sometiendo así la independencia judicial a la lógica de la competencia política.
Este cambio no sólo afectó la selección de quienes integran las más altas cortes, los tribunales federales y judicaturas locales, sino que reconfiguró la arquitectura institucional de la justicia misma del país. La falta de filtros técnicos, la opacidad de los comités de evaluación y la improvisación en el diseño electoral generaron un proceso desigual y vulnerable a la influencia política. La complejidad de las boletas, la ausencia de mecanismos tradicionales de escrutinio y la escasa información sobre los candidatos convirtieron al electorado en un mero espectador, incapaz de emitir un voto plenamente informado.
Aunque las elecciones judiciales forman parte del marco constitucional, ello no exime un análisis crítico sobre sus efectos más nocivos. Por lo mismo, Javier Martín, María Marván y quien suscribe, convocamos a un amplio grupo de especialistas —desde la academia, la sociedad civil organizada, el periodismo y la experiencia jurisdiccional— con el objetivo de examinar los desafíos, problemáticas e implicaciones más relevantes de la reforma judicial y los primeros comicios de la judicatura celebrados en 2025: La justicia como experimento: análisis de las elecciones judiciales en México (IIU-UNAM, 2026). Cada una de las personas lectoras llegará a sus propias conclusiones, pero el balance general es claro: México transformó sus tribunales en un laboratorio político sin suficientes salvaguardas, con consecuencias que se proyectarán durante años. La elección judicial no fortaleció la democracia constitucional; más bien, aceleró su deterioro institucional.
Desde mi perspectiva, los comicios judiciales debieron ocupar un lugar central en cualquier reflexión sobre una posible reforma electoral, pero el oficialismo y sus aliados han dejado pasar esta oportunidad. Ni siquiera se aceptó reprogramar la elección de personas juzgadoras prevista para 2027 para no sobrecargar el proceso electoral ni intensificar los riesgos de politización.
La concurrencia de las elecciones judiciales y los procesos electorales de 2027 amplifica los riesgos más graves de este nuevo sistema. La intensa competencia partidista permeará procesos en el que los partidos tienen prohibido participar, mientras que la complejidad de las boletas para la ciudadanía, la ubicación disímil de las casillas y el conteo especial de los votos aumentarán la confusión entre la ciudadanía.
El propio INE ha reconocido que la doble concurrencia exige duplicar recursos, contratar personal adicional y reorganizar completamente la infraestructura electoral, un desafío administrativo que pone en riesgo la viabilidad del proceso y la diferenciación de la justicia frente a la política.
Si se mantiene la elección judicial, diferir su fecha se perfila como un mínimo indispensable para proteger un espacio que debería ser técnico y autónomo. Esta medida no resuelve todos los problemas más profundos, pero permite, al menos, reducir la politización inevitable y preservar un grado de independencia que los tribunales requieren para cumplir con su función contramayoritaria y garantizar la protección de derechos.
Guadalupe Salmorán Villar
Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante (Fellow In Residence) del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego, California. X: @gpe_salmoran