Cuando las armas hablan, las leyes callan

Los homicidios con armas pequeñas y ligeras matan a muchas más personas en el mundo que el terrorismo y los conflictos armados juntos. Según el Estudio Global sobre Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (ONUDD) el número de víctimas fatales de homicidios se incrementó de 362 mil en 1990 a 464 mil en 2017. Casi medio millón de personas mueren al año violentamente porque otro ser humano lo privó de la vida, en la mayoría de los casos usando un arma –una pistola, un revólver, un fusil o un arma de asalto, como una metralleta, o un rifle de alto calibre-. Medio millón de personas supera la población total de muchos países y ciudades del mundo. Es una terrible pandemia, un virus permanente al que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado.

Pero esta pandemia de violencia y muerte no es igual en todo el mundo. Mientras en algunas regiones, como Europa y Asia en donde la tasa anual de homicidios ha disminuido en 38 y 36 por ciento respectivamente, desde 1990, en otras regiones ha aumentado considerablemente, especialmente en África y nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Lo más triste y dramático, en nuestras tierras, es que los que más se matan entre sí tienden a ser hombres jóvenes, entre 15 y 40 años de edad. En su mayoría, miembros de pandillas callejeras u organizaciones criminales bien organizadas, en ocasiones con vínculos trasnacionales.

La muerte violenta de esos jóvenes, cientos de miles en los que va del siglo, representa la barbarie silenciosa de sociedades excluyentes, comunidades donde históricamente el Estado de derecho ha sido una entelequia, casi una pieza de museo. La falta de oportunidades, la pobreza extrema, la desigualdad apabullante consumen lentamente a nuestras sociedades. Ese es el campo fértil en que crecen las organizaciones criminales, organizadas y desorganizadas, que reclutan a muchos de nuestros jóvenes. Las treguas entre criminales, en el mejor de los casos son eso, breves lapsos que se interrumpen con el menor pretexto. Cuando la cultura de la legalidad es una pálida sombra, cuando las armas hablan las leyes callan.

No es que nuestra región no haya hecho nada al respecto. Numerosos planes y estrategias se han puesto en práctica para tratar de fortalecer el respeto a la ley. Grandes programas nacionales e internacionales se han ensayado para mejorar la seguridad pública y reducir la violencia criminal. Nuevas políticas sociales, de diversa inspiración y orientación, también han hecho su aparición, con resultados modestos, por decirlo de manera suave. Todos hemos visto crecer el crimen organizado y la violencia criminal en nuestros países en los últimos veinte años. Ello se debe a que los criminales tienen muchas ventajas: inmensos recursos financieros que proceden de sus actividades ilícitas: drogas, secuestros, extorsiones. Tienen capacidad operativa para moverse en el terreno y a cientos de miles de jóvenes excluidos disponibles para ser reclutados. Con esos recursos imponen violencia y corrupción.

Pero los criminales también tienen armas, muchas armas, que superan en poder de fuego a la mayor parte de las policías locales, estatales o nacionales. Las adquieren fácilmente en el mercado prácticamente libre de Estados Unidos y de otros países. Con esas armas muchas veces se enfrentan entre ellos en luchas sin cuartel. De los enfrentamientos entre grupos criminales proceden una gran parte de los jóvenes que han muerto o desaparecido en nuestra región.

¿Qué podemos hacer para frenar el acceso libre de los criminales a las armas? A nivel regional e internacional se han hecho algunas cosas, que evidentemente no han sido suficientes. En 1997, el entonces presidente de Estados Unidos de América, Bill Clinton, visitó México y acordó con el presidente Zedillo concluir en el marco de la Organización de Estados Americanos la negociación de una Convención Hemisférica Contra el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA). Con su firma, la negociación en la OEA concluyó en seis meses y la CIFTA entró en vigor en noviembre de ese mismo año, en una ceremonia en que participaron los dos presidentes, Clinton y Zedillo. Fue una decisión valiente de Clinton porque se enfrentó a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Hasta hoy, esa es la única convención internacional que ha firmado un gobierno de Estados Unidos sobre el tema, aunque nunca ha sido ratificada. Más adelante, en 2003, las Naciones Unidas aprobaron el Protocolo para evitar el tráfico ilícito de armas de la Convención contra la delincuencia organizada, instrumento que trata de prevenir el desvío del comercio legal de armas hacia los grupos criminales, los terroristas y a los menores de edad. Ese Protocolo es el que guía la cooperación internacional y el intercambio de información en el tema. No hay mucho más.

También hay que reconocer que Clinton y los demócratas en el Congreso impulsaron, en 1994, el embargo a la producción y venta de armas de asalto en su país. Política que lamentablemente sólo duró diez años, porque en 2005 la administración Bush no pidió al Congreso su extensión y el embargo dejó de existir. No es casual que en México y varios países de Centroamérica la tasa de homicidios empezó a incrementarse a partir de 2006. Por supuesto que hubo y hay otros factores, incluyendo las propias políticas de ataque al crimen organizado a partir de 2007 en México, pero el fin del embargo a las armas de asalto en Estados Unidos no debe hacerse a un lado. Fue un regalo a las grandes organizaciones del crimen organizado en México y Centroamérica.

¿Cómo se ve el panorama en los próximos meses y años? Lamento ser muy escéptico, pero soy realista. Mientras Donald Trump ocupe la presidencia de su país no hay margen para el optimismo. Los republicanos han mantenido una estrecha alianza con la NRA durante décadas. Incluso las constantes masacres de estudiantes en escuelas, en supermercados, parques públicos, ocurridos en diversas ciudades de Estados Unidos, no los han movido un ápice para que el gobierno dicte mayores controles a la venta legal de armas, para evitar que se desvíen a los circuitos ilegales y lleguen a manos del crimen organizado.

Pero una presidencia de Joe Biden quizá represente una diferencia. Biden está en contra de las armas de asalto, que sólo deberían tener las fuerzas armadas: AR-15, bazucas, lanzallamas y demás armas creadas con el estricto propósito de matar seres humanos. No está en contra de que los ciudadanos puedan adquirir y poseer un arma para su legítima defensa personal, ni en contra del comercio legal de armas. Sólo de la libre venta de las armas de asalto. Propone volver al embargo de ese tipo de armas. Esa es una muy buena noticia si alcanza la presidencia y los demócratas se imponen en las elecciones de noviembre próximo.

México y Centroamérica tenemos pocas posibilidades de controlar el crimen organizado, y también el desorganizado, sin un mejor control de la venta de armas. Nadie está en contra a poseer un arma para la legítima defensa contra los criminales. Pero las armas de asalto no son parte de la legítima defensa. Si los demócratas logran imponer mejores controles para la venta de todo tipo de armas y la aprobación de un nuevo embargo de armas de asalto, se abre la posibilidad de una cooperación regional para evitar que las armas de asalto sigan hablando en nuestras comunidades, y obligando a callar a nuestras leyes.

Nuestra región necesita mucho más vigor en sus políticas sociales. Necesitamos desarrollar una cultura de inclusión social, especialmente de los jóvenes marginados, sin oportunidades de futuro. Necesitamos una cultura de la legalidad, contra la impunidad y a favor del estado de derecho. Desde luego que tenemos que luchar contra la corrupción en todos los niveles. Pero todas esas políticas no serán suficientes para frenar la violencia criminal que anualmente se lleva a miles de nuestros jóvenes si no detenemos los flujos ilícitos de la venta de armas.

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Embajador; director de la Iniciativa ODS y profesor en la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey.