Este martes 20 de octubre el mundo amaneció con una noticia un tanto inesperada para el ciudadano común pero muy importante para los consumidores en la economía digital y que se suma al caudal de sucesos en este peculiar 2020: el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y 11 estados presentaron una demanda en contra de Google acusándola de preservar ilegalmente su posición en los mercados de búsquedas en línea y publicidad basada en búsquedas, con la finalidad de perjudicar a sus competidores y generando, en la práctica, un monopolio.
Si bien se rumora que esta acción es resultado de la presión ejercida por el presidente Trump para enfrentarse a las grandes compañías de tecnología (big techs) por su presunta censura a grupos conservadores previo a la elección presidencial, lo cierto es que la actuación del DOJ se basa en una investigación de 16 meses en la que participó el Congreso y que involucra no sólo a Google, sino también a Facebook, Amazon, y Apple.
En concreto, el DOJ acusa a Google de celebrar contratos de exclusividad con empresas como Apple, para que su motor de búsqueda esté configurado como la opción predeterminada en iPhones y otros dispositivos. Adicionalmente, la demanda impugna los contratos que Google tiene con fabricantes de teléfonos inteligentes que utilizan el sistema operativo Android (también de Google), a quienes les exige que instalen su motor de búsqueda como el predeterminado. En este ámbito, la autoridad tiene que demostrar, por un lado, que Google tiene dominancia en los mercados relevantes y, por otro, que sus acuerdos contractuales de exclusividad con otras empresas obstaculizan la competencia en este mercado.1
Ilustración: Patricio Betteo
Vale la pena recordar el antecedente de Microsoft en 1998, que de manera similar fue acusada de incluir su navegador de forma gratuita en el sistema operativo de Windows y, a través de contratos restrictivos, forzar a los fabricantes de computadoras a excluir el software y navegador de la competencia, concretamente el software Netscape Communications. Quienes no somos millenials, recordamos la época en la que las computadoras personales y laptops eran el único vehículo de búsquedas en línea y traían precargado el buscador Internet Explorer en el sistema operativo de Windows como una “facilidad” o “ventaja” para los usuarios, cuando en realidad era una táctica para desplazar a los competidores. Resulta paradójico que 20 años después, es Bing, de Microsoft, el que está siendo desplazado por Google como buscador en teléfonos inteligentes a través de prácticas similares.
¿La defensa de Google? Kent Walker, vicepresidente senior de Asuntos Globales de Google, declaró recientemente que se trata de una demanda profundamente defectuosa que no ayudará a los consumidores. “La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas”.2 Walker argumenta que se trata de esfuerzos para “facilitar” el acceso a Google y, como cualquier otra empresa, paga para promocionar sus servicios. Tales estrategias comerciales están disponibles para el resto de los competidores, además de que los usuarios pueden elegir, en cualquier momento, el motor de búsqueda que deseen como Bing, Yahoo o Mozilla, por tanto, no es una conducta ilegal.
Por otro lado, Google argumenta que si bien su participación en el mercado de búsquedas generales es de aproximadamente el 86.6 por ciento,3 en las búsquedas de compras en línea, quien predomina es Amazon.
¿Cuál es el impacto? Más allá del morbo que puede generar en ciertos círculos la batalla contra Googliat, lo cierto es que esto tiene un impacto en los consumidores. Si bien, bajo la óptica de la teoría de competencia económica tradicional de la escuela de Chicago, dado que el buscador de Google es gratuito no habría una afectación al consumidor en términos de aumento de precios, sí la hay para efectos de la reducción de opciones, por tanto, del bienestar del usuario. Tal como lo señala Tim Wu, experto de la Universidad de Columbia, “el daño es para la competencia y el consumidor pierde como resultado».4
Estas prácticas perjudican al consumidor inhibiendo la innovación, reduciendo las opciones y la calidad de los servicios de búsqueda, incluyendo la privacidad de los datos del consumidor. En la situación actual es difícil saber si el buscador de Google es el más utilizado por ser técnicamente el mejor o, bien, porque, por un lado, es la empresa que tiene acceso al mayor volumen de datos (característica difícilmente replicable para nuevos entrantes) y, por otro, por utilizar contratos de exclusividad que no están disponibles para los competidores.
Si bien se trata solamente de una acción legal en contra de una empresa en particular en Estados Unidos, lo cierto es que el caso será emblemático en diferentes vertientes. En la trinchera política, parece un punto de confluencia excepcional entre demócratas, republicanos y Trump quienes, aunque por diversos motivos, se han expresado por la necesidad de empezar a imaginar alguna regulación para las plataformas y compañías tecnológicas. Por ejemplo, Joe Biden ha expresado abiertamente su intención de revisar la llamada “cláusula del buen samaritano” (sección 230 de la Communications Decency Act) que libera de responsabilidad a las plataformas por el contenido subido a Internet.5 La senadora Elizabeth Warren, desde marzo del 2019, dio a conocer una propuesta mucho más agresiva para dividir las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google y Amazon, argumentando que su tamaño y poder de mercado han impedido la innovación y han hecho que la industria no sea competitiva.6
Algunas de las críticas a esta demanda han sido que es sólo una pieza en el complejo rompecabezas del mundo de Internet y que no aborda aspectos como el tratamiento de los datos y su privacidad, los algoritmos como una forma de editorialización automatizada protegida por la libertad de expresión, el modelo de negocio detrás de estas compañías, los remedios que, en su caso, debieran imponerse y la corresponsabilidad que las autoridades tendrían en ello.
En los círculos de competencia económica se debate si la legislación tradicional está a la altura del desafío, si se necesita una reforma a fondo, si se debe apartar del marco analítico del bienestar del consumidor de la escuela de Chicago e, inclusive, si la competencia económica es la solución para lograr domesticar el poder que los gigantes tecnológicos parecen tener -funcionando como los auténticos nuevos gatekeepers de Internet-.
Finalmente, desde el punto de vista de política pública, existe un claro momentum para impulsar una reforma legal y regulatoria que, sin coartar la innovación y los potenciales beneficios de las nuevas tecnologías, establezca las nuevas reglas del juego en la economía digital.
Paola Cicero Arenas. Licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Derecho (L.L.M) por New York University (NYU).
José Juan Bracamontes. Licenciado en Economía por la UAM-X y maestro en Desarrollo Económico por London School of Economics and PoliticalScience (LSE).
*Nota: opiniones expresadas a título personal
1 Lohr, Steve, “What Is Happening With the Antitrust Suit Against Google?”, The New York Times, octubre 20, 2020.
2 Walker, Kent, “A deeply flawed lawsuit that would do nothing to help consumers”, Google, octubre 20, 2020.
3 Participación de mercado mundial de computadoras de escritorio de los principales motores de búsqueda desde enero de 2010 hasta julio de 2020, Statista, julio 2020.
4 Lohr, Steve, “Google Up Against Laws That Thwarted Microsoft (and Others Since 1890)”, The New York Times, octubre 20, 2020.
5 Junta Editorial, “Section 230 does not need a revocation. It needs a revision”, The Washington Post, enero 28, 2020.
6 Lecher, Colin, “Elizabeth Warren says she wants to break up Amazon, Google, and Facebook”, The Verge, marzo 8, 2019.