Consentir no es decir sí; es saber lo que se dice cuando se dice sí.
Geneviève Fraisse, Du consentement (2018)
En Francia, el consentimiento no ha sido un concepto fácil. Es una palabra que transita entre el cuerpo y la ley, entre la literatura y la justicia. Desde los cafés de Saint-Germain hasta las salas de audiencia del Palacio de Justicia, el concepto ha marcado el pulso moral de La République que hizo de la libertad su mito fundador y de la seducción su carácter y su estilo. En la niebla de Saigón, donde Marguerite Duras imaginó L’Amant (1984), el consentimiento se escribió con la gramática de la ambigüedad. La novela, narrada con la delicadeza de un recuerdo, relata la relación entre una adolescente y un hombre maduro; una historia que se convirtió en emblema de una época que confundía el deseo con la libertad. Ese mismo aire —hecho de sensualidad, exotismo y poder— recorrió las novelas y las leyes de la Francia del siglo XX y XXI: un país donde el consentimiento se entendía como una forma de deseo y, a la vez, como una forma de obediencia.
En francés, consentir no designa sólo un acuerdo, sino una experiencia: viene de cum y sentire, “sentir con”. Ese matiz sensible —tan próximo al amor como a la obediencia— explica por qué el consentimiento ha sido tanto un signo de emancipación como una forma de dominación. Ningún país ha debatido tanto sobre la frontera entre deseo y delito, entre el que libera y el que esclaviza. En sus novelas y en sus leyes, Francia ha ensayado todas las formas posibles del consentimiento: el romántico y el contractual, el filosófico y el penal, el literario y el político.
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El 2 de septiembre de 2024 inició en Avignon el juicio contra Dominique Pelicot, un hombre de 71 años que, desde 2011, drogó a su esposa Gisèle para que fuera violada por desconocidos a los que contactaba en línea. Durante más de una década, Gisèle fue víctima de lo que la defensa denominó “sumisión química”: una forma de violencia sexual mediada por la pérdida inducida de conciencia a través de medicamentos sedantes, que anula toda posibilidad de consentimiento. Se estima que Gisèle padeció noventa y dos violaciones —varias de ellas colectivas— cometidas por ochenta y tres hombres de edades y oficios diversos: bomberos, militares, enfermeros, periodistas, guardias de prisiones, concejales municipales. Tenía cincuenta y ocho años, tres hijos y varios nietos. La historia es monstruosa, bárbara, incivilizada y —lamento escribirlo— común. Expuso, con brutal claridad, una cultura de la violación que Francia ha tolerado durante décadas: una violencia normalizada, asumida, pero cuidadosamente encubierta bajo la moral patriarcal del decoro, esa mezcla de respetabilidad y silencio que protege a los agresores y condena a las víctimas a la vergüenza.
La reforma penal de 2025, impulsada a raíz del caso, incorporó la sumisión química como circunstancia agravante y sustituyó la violencia por la ausencia de consentimiento libre como elemento definitorio del delito sexual, alineando por fin el derecho francés con el artículo 36 de la Convención de Estambul (2011). El ajuste no fue solamente una actualización normativa, sino una revisión moral del concepto de consentimiento; se trató, además, del reconocimiento tardío de que el daño no siempre deja huellas visibles y de que el poder puede ser una forma de anestesia.
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El 26 de enero de 1977, Le Monde publicó una carta abierta dirigida a la Comisión de Revisión del Código Penal. La firmaban más de ochenta intelectuales — entre ellos Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze y Jean-Paul Sartre—, quienes pedían revisar las leyes que castigaban las relaciones sexuales entre adultos y menores. Bajo el argumento de que “la libertad de los partenaires” debía ser el único criterio de licitud, denunciaban el anacronismo de un derecho que todavía hablaba de “atentado al pudor”. Reclamaban despenalizar los actos sexuales “sin violencia” con menores de quince años y abolir la diferencia de trato entre relaciones heterosexuales y homosexuales. La idea de fondo era que el consentimiento bastaba: si el menor decía sí, el Estado no debía intervenir. En el clima libertario de la posrevolución del 68, aquella propuesta parecía natural; vista desde hoy, es una aberración. Convertía la emancipación en un absoluto, ignorando que la libertad sin límites no libera, sino que disfraza la desigualdad. El consentimiento, en esa lógica, no era el signo de una voluntad, sino la coartada de un poder.
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Pocos años después de aquella carta, Francia comenzó a corregir el exceso de su propio entusiasmo. El derecho, más lento que la moral, se volvió el escenario donde la libertad sexual empezaba a aprender sus límites. En 1980, una ley histórica reconoció por primera vez que la violación podía cometerse dentro del matrimonio y la tipificó como crimen, rompiendo siglos de impunidad doméstica. Era el eco jurídico de un feminismo que ya intuía que el cuerpo conyugal no es un territorio exento de consentimiento.
Dos años más tarde, en 1982, el ministro Robert Badinter abrogó el párrafo del Código Penal que penalizaba los “actos contra natura” con menores del mismo sexo, y unificó la edad de consentimiento en quince años para todas las orientaciones. Aquellas reformas fueron tímidas pero decisivas: trasladaron el centro del debate del deseo al acuerdo, y del amor libre al respeto recíproco. A partir de entonces, el consentimiento dejó de ser una bandera moral para convertirse, lentamente, en un principio jurídico.
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La generación de Vanessa Springora heredó esa transición incompleta: un país que había codificado la igualdad, pero no había aprendido a escuchar el daño. En 2020, su libro Le Consentement rompió medio siglo de indulgencia literaria hacia el abuso. En él, Springora narra la relación que mantuvo, a los catorce años, con el escritor Gabriel Matzneff, quien en la década de los setenta había convertido su atracción por las menores en una “estética de la transgresión”: “El amor no tiene edad”, escribía él en Les Moins de seize ans (1974). “A los catorce años creí que decía sí, pero no podía decir no”, respondió ella medio siglo después. El diálogo entre esas dos frases resume el cambio moral de una época. Lo que Matzneff presentaba como libertad —la exaltación del deseo sin culpa— Springora lo desvela como violencia consentida, una ficción de poder sostenida por el prestigio masculino y la complicidad cultural. “Me robó el consentimiento mucho antes de robarme la infancia”, escribió. Su testimonio deshace el mito del genio libertino y lo reemplaza por una verdad más incómoda: el consentimiento no prueba la libertad, la mide.
El impacto de Le Consentement fue inmediato y profundo. El testimonio de Springora transformó la sensibilidad colectiva y forzó la reformulación del derecho. En 2021, Francia adoptó una ley que fijó por primera vez una edad mínima absoluta de consentimiento sexual en quince años -y en dieciocho, en casos de incesto-; con ello, cerró una laguna que había permitido décadas de ambigüedad jurídica. Esa reforma, inspirada en gran parte por la conmoción pública que siguió a la publicación del libro, abrió el camino a una revisión más profunda del concepto de violación.
El ciclo abierto por Springora desembocó en una transformación más amplia: la de un feminismo francés que dejó atrás la retórica del contrato para pensar el consentimiento como conflicto estructural. El movimiento #MeToo —que en Francia tomó el nombre de Balance ton porc— rompió el espejismo de la seducción republicana: reveló que la igualdad proclamada en las leyes no se reflejaba en las relaciones de poder cotidianas. La filósofa Geneviève Fraisse (2018) lo formuló con claridad:“consentir es una palabra confusa y perturbadora”. En su análisis, el término contiene dos sentidos incompatibles —elegir o aceptar— y, en esa ambigüedad, el poder se disfraza de libertad. Fraisse propone entonces devolver el consentimiento al terreno político, no al jurídico: la pregunta no es si una mujer dijo sí o no, sino en qué condiciones pudo decirlo. En ese sentido, la generación del post-#MeToo ya no busca contratos más precisos, sino estructuras más justas, donde el deseo no oculte la desigualdad.
Esa redefinición intelectual encontró, años después, su reflejo en el derecho. La reforma penal de 2025 dio cuerpo normativo a lo que la filosofía feminista llevaba décadas anticipando: que el consentimiento no puede entenderse como un instante aislado, sino como el resultado de una relación marcada por el poder, la vulnerabilidad o el miedo.
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A diferencia del #MeToo norteamericano, el francés no quiso abolir la seducción, sino salvarla de la sospecha. Cuando el Manifiesto de las Cien Mujeres defendió en Le Monde el derecho a importunar, el país volvió a reconocerse en su paradoja: una cultura que ha hecho del deseo un arte, pero también un terreno de poder. Allí donde el feminismo estadounidense veía acoso, el francés temía el fantasma del puritanismo. Esa tensión mostró dos maneras de entender la libertad: una, que busca proteger del riesgo; otra, que reivindica el placer de asumirlo. Sin embargo, la lección de estos años es que la seducción sólo sobrevive si el deseo es compartido. El consentimiento no la destruye: la hace posible. En ese punto encuentra eco la filosofía de Jean-Philippe Pierron, quien en La Fabrique du consentement (2023) propone pensar el consentimiento no como contrato ni como instinto, sino como proceso relacional que exige gestos inseparables: comprender, desear autónomamente, aceptar explícitamente y, sólo así, consentir.
Sólo cuando esos movimientos coinciden —entender, desear, decidir y sentir con el otro— la libertad deja de ser riesgo y se convierte en encuentro.
El caso de Gisèle Pelicot logró la inversión que parecía imposible: hizo que la vergüenza cambiara de bando y que lo que antes se justificaba como “deseo transgresor” se nombrara como “abuso de poder”. Así, con la reforma de 2025, Francia daría un paso decisivo: definiría como agresión sexual todo acto sin consentimiento libre, reconociendo que el silencio, el miedo o la inconsciencia no son formas de consentimiento, sino de sometimiento.
Por primera vez, el Código Penal francés dejó de exigir la prueba de la violencia, la coacción o la sorpresa y reconoció que todo acto sexual no consentido constituye una agresión sexual. En ese cambio se advierte la huella de la Convención de Estambul (artículo 36), que define el consentimiento como una manifestación libre y contextual de la voluntad, y exige a los Estados valorar las circunstancias que lo hacen posible. Francia pasó así del paradigma de la violencia física al de la ausencia de consentimiento libre, un desplazamiento que traduce jurídicamente la intuición de Fraisse: que el consentimiento no es la garantía de la libertad, sino la medida de su fragilidad.
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Por siglos, el derecho francés se aferró a esa premisa: que la justicia debía limitarse a los hechos, no al deseo. Pero el caso Pelicot rompió esa frontera. Al hacer del consentimiento —y no de la violencia— el núcleo del delito, la ley devolvió a los jueces una pregunta que parecía exclusiva de la filosofía: ¿hubo libertad? Con ello, la justicia se reencuentra con la ética, no para moralizar los tribunales, sino para reconocer que toda decisión jurídica encierra un juicio sobre la dignidad humana. La moral no sustituye al derecho: lo atraviesa. Porque decidir si hubo libertad no es sólo un acto jurídico, sino —como diría Pierron— una forma de sentir con el otro.
A partir de ahora, los tribunales franceses deberán determinar si hubo libertad sin importar la violencia. Esa inversión lo cambia todo: desplaza el centro de gravedad del acto de fuerza al consentimiento efectivo, del golpe visible al poder invisible. La justicia deja de preguntar qué hizo el agresor para dominar, y empieza a preguntar qué pudo —o no pudo— hacer la víctima para elegir. El consentimiento, en ese sentido, se convierte en una medida de la autonomía posible en cada relación: un instante verbal y un proceso de comprensión y de reciprocidad. Decidir si hubo libertad será la tarea más compleja del derecho y la más alta de la ética. Porque donde hay miedo o silencio, no hay libertad: sino obediencia o resignación. Cuando la justicia logra reconocer esa diferencia, el derecho deja de ser castigo y se convierte en una forma de humanidad.
Valeria López Vela
Filósofa. Profesora asociada en el CIDE.