En la historia de la democracia mexicana es difícil encontrar un momento en que ésta no haya estado sometida a debate. Tal vez sea por la gradual transición que vivió el país durante casi un cuarto de siglo, de un régimen de partido político hegemónico a un sistema abierto y plural, pero lo cierto es que la democracia en nuestro país siempre se ha sometido a discusión.
Hoy el debate, sin duda, es particularmente álgido respecto del futuro de nuestra casa de la convivencia sociopolítica. Nuevas preguntas y retos alimentan la conversación pública. Guiños de populismo político, preocupaciones ante una eventual nueva hegemonía partidista, esterilidad intelectual de las fuerzas políticas de oposición, la fortaleza de la estructura estatal ante la barbarie de la violencia, así como fenómenos derivados de avances tecnológicos como las redes sociales, son apenas algunos de los temas parte del discurso público contemporáneo en torno a la democracia mexicana.
Sobra mencionar que se trata de un ejercicio por demás saludable y enriquecedor. Cuestionar y polemizar en torno al rumbo del proyecto democrático es uno de los perennes ejercicios que exige la vida democrática; ejercicios que deben contar con todas las representaciones del espectro nacional incluyendo, por supuesto, las democracias regionales. La discusión respecto nuestra democracia no se agota en la perspectiva nacional ni centralista. Hay que voltear a otras regiones del país; sumar a la reflexión los avances y retos de las democracias locales.
En el sureste mexicano, por ejemplo, justamente se han planteado desde siempre muchos aspectos relevantes que han contribuido al desarrollo de la vida pública regional y nacional. Basta recordar que Yucatán fue el primer estado en reconocer el voto de la mujer en 1922, mientras que Chiapas se convirtió en el segundo en 1925, es decir, 28 años antes de que el presidente Ruiz Cortines promulgara en 1953 las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran a nivel federal de una ciudadanía plena y derecho al voto.
Si miramos más atrás en la historia, no debemos olvidar tampoco que en 1824, los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexionarse a la incipiente nación independiente como un estado federal, una incorporación que fue decidida a través de una de las figuras de participación ciudadana y democracia directa que ha recobrado gran importancia en nuestros días como es el plebiscito: 96 mil 826 votos decidieron ser parte de México, mientras que 60 mil 400 optaron por la permanencia a Guatemala. De esta manera Chiapas se convirtió en la única entidad federativa que decidió, por cuenta propia, ser parte del territorio mexicano. Todo esto sería normal, de no ser que estamos narrando hazañas acaecidas a 200 años de distancia.
Aunado a ello, y en hojas más cercanas de nuestro calendario, la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, no sólo mostró el rostro infame de la marginación y la pobreza de las comunidades indígenas, sino que hizo voltear la mirada del Estado mexicano para reconocer cierto derecho que, hasta aquellos tiempos, ni siquiera se encontraba en una palestra de discusión: el derecho indígena. Miles de textos han surgido de ahí y sus implicaciones jurídicas continúan remarcándose en cada elección, los sistemas normativos, el principio de autodeterminación y las formas de autoadscripción indígena son tan sólo algunos de los temas que requieren continuo seguimiento y análisis a nuestros días.
El estado de Chiapas comparte un sinfín de aspectos con el andamiaje institucional nacional, aunque también cuenta con peculiaridades y retos propios de su contexto local que marcan de manera relevante la dinámica política e institucional democrática.
Si la democracia, más allá de las reglas y normas que sostienen su edificio institucional, es ciertamente en última instancia una forma de convivencia social, un hábito, entonces, es indispensable seguir reflexionando sobre ella, pero con especial atención en nuestros ejercicios democráticos regionales. ¿Qué conflictos se suscitan en nuestras democracias locales? ¿Cuáles son los resortes sociales que los propician? ¿Y qué tal la calidad del institucional que los soluciona? ¿Cuáles son, pues, los avances y retos de nuestra democracia y en las decenas de microcosmos territoriales?
Estas y otras preguntas más son las que motivan el presente libro. Un acercamiento a la democracia de una las entidades federativas más complejas, diversas e interesantes del país: Chiapas —y a partir de una perspectiva que, si bien no es suficiente para evaluar cada uno de los aspectos del régimen democrático, sí es un punto de partida indispensable: la arena jurisdiccional electoral.
En este sentido, uno de los principales propósitos de esta obra colectiva consiste en hacer un esfuerzo por continuar sumando al discurso público nacional algunos aspectos de la democracia chiapaneca, teniendo como guía las sentencias del Tribunal Electoral chiapaneco. Para ello, se invitó a un grupo plural de académicos de instituciones educativas locales y de Ciudad de México, así como funcionarios judiciales estatales y federales. El experimento, sin exagerar, fue exitoso. Las diferentes perspectivas, trayectorias y especialidades intelectuales de los autores invitados dieron como resultado una creativa, crítica y rica conversación sobre los avatares de la democracia electoral chiapaneca.
Miguel Lisbona y Sarelly Martínez, capítulo 1, abren con una cuidadosa introducción histórica del estado de Chiapas, destacando sus primeros intentos democráticos, así como su complejo contexto religioso, étnico y geográfico. Luego, Janine Otálora, capítulo 2, aborda un tema de enorme relevancia para el país y, en concreto, para Chiapas: la incursión de la mujer en la política electoral y el reto institucional y cultural de abatir la violencia política en razón de género. Claudia Zavala, capítulo 3, analiza a partir de las restricciones a los derechos político-electorales un aspecto clave del sistema de control constitucional del país: el control difuso por parte de los tribunales locales -en este caso, electoral. Reyes Rodríguez y Leopoldo Gama, capítulo 4, ofrecen una completa lectura de las variopintas tensiones entre la libertad de expresión política y los actos anticipados de campaña electoral desde las dinámicas electorales nacional y locales. En el capítulo 5, Sofía Ruiz y Adriana Jiménez esbozan con detalle los retos de asegurar los derechos de los pueblos indígenas, a través de acciones afirmativas para miembros de tales comunidades y la figura de la autoadscripción calificada.
Gilberto Bátiz y Caridad Hernández explican, capítulo 6, a partir de un completo recorrido histórico, las dificultades de implementar las actuales reglas de la reelección electoral. Luego, Javier Martín Reyes y Geraldine Romero, capítulo 7, abordan el complejo tema de la anulación de elecciones por violencia generalizada y, no menos importante, las limitaciones de las instituciones judiciales para enfrentar este problema que en realidad atañe al Estado en su conjunto. Raymundo Gama, capítulo 8, ofrece un cuidadoso análisis de uno de los aspectos medulares del trabajo jurisdiccional, que desafortunadamente se suele pasar por alto: el razonamiento probatorio. José Roldán Xopa, por su parte, en el penúltimo capítulo, desmenuza los diferentes hilos de una de las madejas más complejas de las democracias: ¿Quién tiene derecho a buscar el voto popular? ¿Cuál son algunos de los criterios para no ser elegible? ¿Y por qué son legítimos? Por último, en el capítulo 10, Clicerio Coello evalúa una de las herramientas clave para ofrecer una protección judicial efectiva en el ámbito electoral: el procedimiento especial sancionador.
El libro que el lector tiene en sus manos, como no podría ser de otra manera, se trata de una reflexión inacabada e incompleta, guiada por el ánimo de aguijonear la discusión en torno a las democracias regionales del país; en este caso específico, respecto Chiapas. Urge, sin embargo, sumar otras perspectivas, enfoques diversos y, por supuesto, otras entidades federativas. Pues lo cierto es que la discusión en torno a la democracia mexicana, si genuinamente se quiere encontrar una ruta para su consolidación, uno de sus puntos de partida clave tiene que ser el devenir de las democracias locales.
Aquí el resto del libro.
Gilberto G. Bátiz García. Magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Chiapas. Twitter: @gbatizg
Saúl López Noriega. Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @slopeznoriega