En 2023 Oxfam Internacional publicó un informe que reconoce que, por primera vez en 25 años, la pobreza no retrocedió en el mundo, las personas con grandes fortunas se han enriquecido más y la meta acordada para erradicar la pobreza extrema en 2030 no será alcanzada. El enriquecimiento desmedido se debe, en gran parte, a que no todas las personas contribuyen fiscalmente con lo que les corresponde, gracias a políticas basadas en la idea de que cobrar pocos impuestos y permitir ganancias altas a los individuos y empresas que más tienen, beneficia a las mayorías.
Esta organización humanitaria, con evidencia, nos muestra lo contrario, quienes disfrutan de esos privilegios fiscales sólo se enriquecen más, mientras que las grandes mayorías se empobrecen; es decir, las economías no crecen y los gobiernos cuenta con menos recursos en sus presupuestos para proveer servicios públicos a través de los cuales se garantizan los derechos humanos. Se ha demostrado que los servicios públicos son herramientas poderosas para combatir la pobreza, las desigualdades, las pandemias, así como hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.
Los presupuestos -para algunos doctrinarios- son el equivalente al “contrato social” en el que la ciudadanía, por un lado, se compromete a pagar impuestos y como contraprestación se generan obligaciones para que los gobiernos suministren bienes y servicios para la realización de los derechos humanos de todas las personas. Eso significa que en los presupuestos se debe priorizar la provisión de servicios públicos y desincentivar o incluso sacrificar otros gastos o medidas que impacten negativamente en la dignidad de las personas o que destruyan el medio ambiente.
En este sentido, los Estados —incluido México— están obligados jurídicamente a que todas sus políticas fiscales y tributarias se orienten a garantizar los derechos humanos; es decir, tienen que proveer una financiación adecuada -a través de sus presupuestos- para la realización progresiva de dichos derechos, hasta el máximo de los recursos disponibles.1
La ONU desde hace años ha recordado el deber de la ciudadanía de exigir a los gobiernos que aseguren que el presupuesto para la realización de los derechos humanos se priorice respecto, por ejemplo, del militar.2 Con una reducción así, los Estados podrán contar con un mayor espacio fiscal para brindar esos servicios públicos.3 Por ello, pero además por los efectos negativos que produce la militarización en los derechos humanos, por representar una seria amenaza para la paz y el medio ambiente, es que la disminución del gasto militar debe ser una prioridad para los gobiernos democráticos.
Son incalculables los casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidios cometidos por ejércitos alrededor del mundo, incluido México. Muchos de esos abusos han sido en perjuicio de mujeres. Un estudio reciente ONU-Mujeres encontró que los principios que guían la formación y disciplina de las fuerzas armadas fortalecen los valores patriarcales en las sociedades, lo cual impacta negativamente en los derechos de las mujeres y exacerba la desigualdad de género. Constató, asimismo, que al priorizarse el gasto militar en los presupuestos nacionales en detrimento de la educación y salud, por ejemplo, las mujeres se ven especialmente afectadas, por ser más dependientes del gasto social. A pesar de que la pandemia del covid-19 logró que muchos Estados adoptaran políticas extraordinarias para garantizar la salud y brindar apoyos económicos a sus poblaciones, ello no se tradujo en reducciones en el gasto militar, según otro estudio de Naciones Unidas.
Por lo que se refiere al cambio climático, de acuerdo con un estudio comparado del gasto militar alrededor del mundo, las fuerzas armadas y su industria asociada han contribuido, tan solo en 2017, con alrededor del 5 % del total de las emisiones globales de gases efecto invernadero. Ese porcentaje equivale a lo que produce el cuarto país con mayor huella de carbono en el mundo, a lo cual habría que sumar los desechos generados por los procesos productivos y comerciales del armamento, incluyendo de las armas pequeñas y nucleares, que envenenan la biodiversidad, el suelo, las aguas subterráneas y el agua.
Los abultados recursos públicos destinados a lo militar podrían invertirse para hacer frente a una los desafíos de derechos humanos, como combate a la pobreza o garantizar mejores servicios de salud, pero también para hacer mitigar los efectos de la crisis climática en las poblaciones más afectadas, que normalmente son las personas de escasos recursos. Sin embargo, pareciera que a los gobiernos no les interesa ese cambio en las prioridades. A pesar de que la crisis climática amenaza la existencia de la humanidad en su conjunto, el Instituto Transnacional encontró que entre 2013 y 2021 los países más ricos del mundo invirtieron en acciones para contrarrestar el cambio climático solamente el equivalente al 14 % de su gasto militar.
Además de los exorbitantes presupuestos y gastos militares que impactan negativamente en los derechos humanos y el medio ambiente, los gobiernos normalmente no informan a la ciudadanía sobre las emisiones de gases efecto invernadero que producen sus fuerzas armadas; lo que trae como consecuencia que no rindan cuentas. Esa opacidad también se manifiesta en la escasa información disponible a nivel nacional sobre la forma en que se ejerce el gasto militar, bajo el pretexto de que su divulgación pone en riesgo la defensa y seguridad nacionales.
Esa falta de transparencia provoca desconocimiento por el público e imposibilita que las personas puedan ejercer sus derechos de participación política para, por ejemplo, tomar parte de manera efectiva —directamente o mediante sus representantes— en las discusiones y aprobaciones de los presupuestos de las fuerzas armadas.4
Pero priorizar el gasto social respecto del militar, no significa que se resuelve la capacidad o espacio fiscal de los Estados para realizar progresivamente los derechos humanos. Para ello —nos recuerda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— los gobiernos deben hacer mucho más, por ejemplo desalentar la elusión fiscal y combatir la corrupción, para lo que se tienen que fortalecer registros públicos de propietarios directos o indirectos de empresas, fideicomisos y fundaciones, además de garantizar la disponibilidad de información financiera relevante de los lugares donde operan empresas, incluidas multinacionales. Además, tienen que nutrir el espacio fiscal por diferentes vías: mediante la recaudación de impuestos, el cobro de tasas, multas, la recepción de fondos de la cooperación para el desarrollo o de préstamos de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.5
Adicionalmente los gobiernos tendrán que asegurar que las personas y empresas paguen la parte de impuestos que les corresponde, no solo proporcionalmente conforme a su nivel de ingreso, sino también progresivamente considerando su patrimonio. Amnistía Internacional señaló en un reporte que “[l]a clave para lograr que los impuestos y la recaudación de impuestos alcancen la igualdad y la no discriminación es implementar un sistema tributario progresivo en el que la carga tributaria sea mayor para quienes tienen mayores niveles de ingresos y patrimonio”.
El contexto internacional es favorable para que los países impulsen reformas progresivas nacionales para ensanchar el espacio fiscal mediante la recaudación de impuestos de quienes más tienen. Oxfam-México en un informe de 2023 hizo un recuento de las reformas fiscales para que las grandes fortunas paguen más impuestos en países como Argentina, Bélgica, Bolivia y España.
Resulta destacable como Colombia en 2022 aprobó reformas encaminadas a reducir los privilegios de pocos, así como abatir la pobreza y la desigualdad. Incrementó impuestos a las personas más ricas (herencias, patrimonio, dividendos empresariales), a la comida chatarra y a empresas contaminantes (de hidrocarburos y carbón), al mismo tiempo que se prevé que lo recaudado se destine a programas sociales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus estadísticas de 2023 reconoció que México es uno de los países con menor recaudación tributaria (16.7 % del PIB) de América Latina y el Caribe (en promedio 21.7 %) y de los que integran la OCDE (34.1 %), a lo cual habría que agregar que las fuerzas armadas mexicanas (Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), en 2024, administrarán el 20 % del total del presupuesto del gobierno federal. En un artículo reciente Mariana Campos, Directora General de México Evalúa, nos hizo ver que el país está casi en quiebra y que para hacer frente a sus obligaciones presupuestales tendrá que hacer una reforma fiscal ambiciosa en los próximos años.
En efecto, para contar con mayores recursos que permitan mejoras en la cantidad y calidad de los servicios públicos (salud y educación, por ejemplo), así como hacer frente a los efectos del cambio climático, se debe mejorar la recaudación en general, lo que incluye combatir la evasión fiscal y la corrupción, pero además se tiene que llevar a cabo una reforma fiscal progresiva para que los que más tienen paguen lo que les corresponde conforme a sus ingresos y propiedad. Más aún, para que en efecto los derechos humanos se vean priorizados hasta el máximo de los recursos disponibles, el presupuesto tendrá que dar preferencia al gasto social y, por tanto, reducir el militar, sobre todo tomando en cuenta los evidentes efectos negativos deliberados que la militarización produce en materia de transparencia y corrupción, así como en la dignidad de miles de personas, los derechos de las mujeres y en el medio ambiente.
Sólo asegurando más ingresos y un adecuado destino de los mismos, garantizaremos un futuro mejor para las y los mexicanos, en el que los derechos humanos sean realidad, se reduzca las desigualdades, se erradique la pobreza, se proteja el medio ambiente, transitemos hacia las energías renovables y desaparezca la cultura patriarcal que fomenta el militarismo.
José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB). Director Adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (@GIESCR). Comentarios a título personal.
1 Artículo 1.º Constitucional; Artículo 1 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); Artículo 2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
2 Informe ONU A/68/284, párrafo 67.
3 Informe ONU A/HRC/49/28, párrafo 49.
4 Informe ONU A/68/284, párrafo 38.
5 Informe ONU A/HRC/49/28, párrafos 51-2 y 55.