En la antesala de un proceso electoral de alcance nacional con dimensiones sin precedentes, el proceso de designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un espacio de interés nacional. Nombrar a las personas que fungirán como consejeros electorales no es una tarea fácil. Por el contrario, es una labor sumamente compleja que implica la injerencia y la interacción, directa e indirecta, de múltiples actores. Sus consecuencias inciden de manera determinante en el fortalecimiento o, bien, en el debilitamiento del régimen democrático mexicano.
Destaca el caso de 1996, cuando llegó un consejo general al entonces Instituto Federal Electoral que ganó un gran respeto y credibilidad desde su nombramiento hasta el fin de su gestión. A partir de entonces se han desarrollado seis procesos de designación, algunos evidenciaron grandes problemas en el procesamiento de las decisiones. Otros demostraron que las medidas adoptadas para corregir los errores han funcionado. Los temas en la renovación son muchos, pero vale la pena poner en perspectiva elementos de cambio y turbulencia, a saber: las modificaciones en los modelos de designación, la recopilación de los cambios en el consejo general, así como la descripción del arranque de esta nueva renovación.
Modelos de designación
La reforma electoral de 1994 establecía un modelo en donde los consejeros eran propuestos por los grupos parlamentarios. Cada partido político tenía el derecho a presentar hasta cuatro candidatos por cargo a elegir. A partir de esas propuestas se formaba una lista de candidatos. De dicha lista se elegían por el voto de lasdos terceras partes de los diputados presentes. La reforma de 2007 modificó mínimamente el modelo, puesto que los elementos medulares del sistema de nominación continuaron aplicándose (postulación de candidatos y votación). El único elemento novedoso consistió en realizar de una amplia consulta de la sociedad.
En cambio, la reforma de 2014 instrumentó un nuevo modelo. Se incorpora una figura neutra e independiente para una preselección de los candidatos. Esta figura es el comité técnico de evaluación, conformado por siete personalidades: tres designados por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Asimismo, se instituyó la obligación de emitir una convocatoria pública que contenga las etapas del procedimiento, las fechas y los plazos improrrogables y el procedimiento para la designación del Comité. También, se estableció el deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar una insaculación de los aspirantes, siempre y cuando haya vencido el plazo establecido y no se haya tomado una decisión.
Designaciones por consenso
Las designaciones de 1994 y 1996 representaron un caso sui generis, ya que los nombramientos fueron realizados por consenso de todas las fuerzas políticas. En 1994 fueron designados como consejeros ciudadanos: Santiago Creel, Miguel Granados, Jose Ortiz, Ricardo Pozas, José Woldenberg y Fernando Zertuche. En 1996 fue designado como consejo presidente José Woldenberg y como consejeros electorales: José Barragán, Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Juan Molinar, Jacqueline Peschard y Emilio Zebadúa.
Primera tribulación
En 2003, la falta de acuerdos entre partidos políticos ocasionó que el PAN y el PRI decidieran sacar de las negociaciones al PRD. Estas fuerzas políticas, con ayuda del PVEM, nombraron a todos los consejeros electorales. El procesamiento de los nombramientos fue realizado en secreto. Como resultado, el 31 de octubre de 2003, con 360 votos, fue elegido Luis Ugalde como consejero presidente y, con 355 votos, fueron electos Andrés Albo, Virgilio Andrade, Marco Gómez, Teresa González, Luisa Latapi, Lourdes López, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez como consejeros electorales.
La designación, tan opaca y excluyente, fue uno de los factores que configuraron el conflicto postelectoral de 2006. La coalición “Primero los Pobres” (PRD, PC y PT) y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, denunciaron que los consejeros electorales tenían vínculos con el PAN y el PRI y, por ello, carecían de independencia y autonomía. Estos señalamientos provocaron un contexto de descrédito y sospecha en la organización del proceso electoral de 2006; asimismo, generaron la desconfianza de un sector de la sociedad sobre la legitimidad y legalidad de los resultados electorales, la cual sigue afectando hoy en día.
Segunda tribulación
En 2008, nuevamente, ante la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, las designaciones fueron pospuestas y realizadas en tres bloques (dos en 2008 y una en 2010). A pesar de la instrumentación de una supuesta consulta a la sociedad, como elemento de trasparencia, las designacionesfueron catalogadas como producto de negociaciones políticas; en consecuencia, desprovistas de trasparencia, carentes de legitimidad y generadoras de desconfianza.
El primer bloque fue aprobado el 12 de febrero de 2008, con 398 votos, fue elegido Leonardo Valdés como consejero presidente y, con 355 votos, Marco Baños y Benito Nacif fueron nombrados consejeros electorales. El segundo bloque fue aprobado el 20 de junio de 20081 para designar, con 357 votos, a Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero como funcionarios electorales.
Tercera tribulación
En 2010, la ausencia de acuerdos entre el PAN, PRI y PRD provocaron complicaciones en el funcionamiento del IFE, puesto que durante 13 meses la autoridad electoral no estuvo integrada debidamente; únicamente estuvo conformada sólo por seis de nueve consejeros electorales. Peor aún, el trabajo de las comisiones tuvo que ser subsumido por cinco consejeros electorales, puesto que el consejero presidente estaba impedido legalmente para integrarlas.
La carencia de cabildeo político y la firmeza de los posicionamientos, obligó a que los dirigentes de las principales fuerzas políticas acudierana figuras de gran envergadura para destrabar el proceso de designación. Por ello, José Narro, Paoli Bolio, Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge Carpizo propusieron a la Cámara de Diputados tres perfiles para asumir el cargo de Consejeros Electorales.
El 15 de diciembre de 2011, con 385 votos, fueron elegidos Lorenzo Córdova, María Marván y Sergio García como consejeros electores. Estos perfiles asumieron la responsabilidad de sumarse al IFE cuando el proceso electoral había comenzado tres meses antes, lo que implicó que la curva de aprendizaje fuese mínima para sacar a flote la organización de las elecciones.
Una nueva forma de designación
El 18 de febrero de 2014, la Cámara de Diputados aprobó, con 389 votos, el proceso de integración del comité y la convocatoria. En el decreto se otorgó la libertad al comité para establecer el método de evaluación de los aspirantes. Tal comité fue integrado por Enrique Cárdenas y Soledad Loaeza, por el INAI; Antonio Lozano y Tonatiuh Guillén, por la CNDH; y Jorge Moreno, Alejandro González y Ricardo Becerra, por la JUCOPO.
Se inscribieron 307 aspirantes; de ellos, sólo 71 pasaron a la segunda fase. El 24 de marzo el Comité entregó a la JUCOPO once quintetas de aspirantes, una por cada cargo. Finalmente, el 4 de abril la Cámara de Diputados aprobó, con 417 votos,la designación de Lorenzo Córdova como consejero presidente y como consejeros electorales a Enrique Andrade, Marco Baños, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Ciro Murayama, Benito Nacif, Pamela San Martín, Roberto Ruiz, Arturo Sánchez y Javier Santiago.
A pesar de la instrumentación de las novedades legislativas, se continuó con la percepción de un reparto de cuotas entre los partidos políticos. Existió opacidad en la valoración de aspirantes por parte del comité y en la designación de consejeros electorales por parte de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, se debe reconocer que la intervención del comité brindó certeza y objetividad al proceso, puesto que abonó en cuestiones de equidad y transparencia en las fases de verificaciónde requisitos, comprobación de idoneidad de los perfiles y en la selección de aspirantes.
Una designación sin transparencia
El 21 de febrero de 2017 la Cámara de Diputados aprobó, con 354 votos, el proceso de integración del comité y la convocatoria. En esta ocasión los partidos políticos decidieron generar los criterios evaluación. Esto sin dudas fue un retroceso para la autonomía del órgano examinador, ya que tuvo que aplicar los elementos de valoración determinados por el órgano legislativo. El Comité fue conformado por Sergio López y César Astudillo, por el INAI; Leoba Castañeda y Jesús Orozco, por la CNDH; y Jorge Islas, Humberto Aguilar y Luis Medina, por la JUCOPO.
Se inscribieron 155 aspirantes; de ellos, 51 candidatos pasaron a la segunda fase. El 21 de marzo el Comité envió a la JUCOPO tres quintetas de aspirantes. El 30 de marzo la Cámara de Diputados aprobó con 336 votos a favor la designación de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala como consejeros electorales.
Nuevamente el proceso de designación se salpicó de actos de opacidad. Por ejemplo, no se dio a conocer la valoración técnica sobre el rubro de las entrevistas y tampoco se revelaron los insumos de tasación que se utilizaron para seleccionar a los consejeros electorales. En consecuencia, se mantuvo la percepción de un reparto de cuotas entre los partidos políticos y el resguardo de los equilibrios de poder al interior de INE. Lo anterior, permitió que se generase en el imaginario colectivo la idea que los consejeros electorales son un elemento activo de ciertas fuerzas políticas y; por ende, que carecen de independencia y autonomía.
Buenos presagios
El 13 de febrero de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 443 votos a favor el proceso de integración del comité y la convocatoria. De este acto legislativo se derivan cambios que fortalecen la legitimidad de las designaciones.
Se incorporaron nuevos requisitos de elegibilidad para integrar al comité, consistentes en que no se haya sido postulado a un cargo de elección popular, que no se ejerza algún cargo de elección popular y que no se haya desempeñado algún cargo de dirección en partidos políticos. Con esta acción se busca salvaguardar la independencia de las personas que conforman el comité. Esta medida garantiza, en principio, que las personalidades ejerzan un trabajo libre de condicionamientos políticos.
Se establece que el comité elaboré la metodología de los criterios de examinación. Con base a dichos criterios, la JUCOPO emitirá los criterios específicos para la evaluación de los aspirantes.Con ello, se trata de corregir la falta de libertad e independencia del comité para crear y aplicar los criterios. Sin embargo, se falla en el intento, puesto que se vuelve a subordinar la autonomía técnica del comité a la decisión política de JUPOPO, restándole margen para una actuación plenamente libre.
Se adicionan al procedimiento prácticas de máxima publicidad y parlamento abierto consistentes en la difusión y transmisión en vivo de las sesiones del comité por el Canal del Congreso, medios electrónicos, medios digitales, Facebook Live, Periscope, entre otras. Este punto es la principal innovación que busca garantizar una conducción transparente e independiente de los trabajos y en las resoluciones del comité.
Al actual procedimiento de designación aún le falta un largo camino por recorrer. De momento parece que está arrancando de buena manera, ya que en la elaboración de la convocatoria no se excluyó a ninguna fuerza política. También es de resaltarse que la aprobación de convocatoria fue realizada por unanimidad de los partidos políticos. Asimismo vale subrayar que la inclusión de procedimientos de transparencia es un acuerdo de gran calado que fue derivado de la insistencia de ciertos actores políticos para dotar de claridad y certeza al proceso de designación. Con ello, se responde a las críticas y los señalamientos sobre la opacidad y la secrecía en la elaboración y la ejecución de los acuerdos y las decisiones.
Aún faltan etapas y actos por desarrollar, pero es un buen presagio que el procedimiento de designación cuente con el aval de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, que se busque no repetir los vicios y los yerros de las últimas designaciones para la SCJN y la CNDH.
César Hernández González. Especialista en democracia, derechos humanos y elecciones. Twitter: @ZezarHG.
1 Cfr. Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2531, viernes 20 de junio de 2008.
Bueno yo no se nada de Política pero si estoy de acuerdo que Salga Lorenzo Córdova por Corrupto