Las comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye en su artículo 109 la posibilidad de que las autoridades competentes soliciten -sin señalar cuáles ni en qué términos- a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el bloqueo de las plataformas digitales, por el incumplimiento de disposiciones u obligaciones, de conformidad con los lineamientos que emita en su momento dicha Agencia.
Este precepto ha acaparado el debate en medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales como un intento de censura o control de éstas.
Al revisar las más de cincuenta páginas de la exposición de motivos de esta iniciativa de ley, presentada por la presidenta de la República, no es posible encontrar un solo argumento que justifique la inclusión de esta disposición. No obstante, en la conferencia matutina de este 24 de abril, Claudia Sheinbaum señaló:
…hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales… Pero tiene que ver que, si hay sanción de alguna otra entidad, por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital, de violación de alguna otra ley, la Agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas, no es ningún… jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura.
Acorde con Sheinbaum, el bloqueo de redes sociales al que se refiere el artículo 109 es una medida que se tomaría por motivos de seguridad, incumplimiento en el pago de impuestos o inobservancia de disposiciones legales. Mas no respecto el contenido de las publicaciones en línea. Sin embargo, nada de esto se señala en la exposición de motivos, ni se argumentó en el debate de las comisiones del Senado, ni mucho menos se contempló en el resto de la propuesta de ley.
Vale recordar que la misma presidenta Sheinbaum en varias ocasiones ha hecho señalamientos sobre las campañas de guerra sucia en redes sociales (infodemia). Por ejemplo, en la mañanera del pasado 18 de marzo, denunció la existencia de una campaña de guerra sucia en la red social X, a partir de los lamentables hechos del rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Acorde con Sheinbaum, se detectó que entre el 12 y el 17 de marzo se activaron 147 mil cuentas de bots que generaron más de un millón de menciones contrarios al gobierno y cuyo costo fue de alrededor de 20 millones de pesos.
En este sentido, el Freedom House en su informe sobre libertad en el internet 2024 señala que:
No se ha documentado evidencia de que el gobierno u otros actores bloqueen o filtren contenido político, social o religioso en línea… [sin embargo] En los últimos años, actores estatales y no estatales han utilizado cada vez más amenazas legales y otros métodos para presionar a plataformas de redes sociales, proveedores de alojamiento web y personas usuarias para eliminar contenido. El alcance total y la naturaleza de las solicitudes gubernamentales para eliminar contenido siguen siendo desconocidas, ya que el gobierno no informa sobre sus solicitudes.
Esta no es la primera vez que el oficialismo intenta regular las redes sociales en México. En 2021, en el marco de la toma del capitolio estadounidense y el bloqueo de las cuentas de redes del presidente Trump, Ricardo Monreal, entonces coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de “establecer las bases y principios generales de la protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las atribuciones necesarias con el fin de que pueda garantizar el ejercicio de dicho derecho humano en el ámbito del ciberespacio…”.
El gobierno federal, por conducto de la otrora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en favor de la propuesta de regular la libertad de expresión en las redes sociales. Esta iniciativa, sin embargo, fue retirada días después ante la andanada en su contra en las mismas redes sociales.
La experiencia sobre bloqueo de redes sociales no se circunscribe a México, tal vez el caso más documentado recientemente sucedió en Brasil. Ahí el poder judicial, a través del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, ordenó que se suspendieran cuentas de un conjunto de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro por difundir información falsa y que atentaba contra sus instituciones democráticas. La negativa de X a bajar dichas cuentas, sumado al retiro de la representación de la empresa del país, llevaron a que dicha red social no estuviese disponible en Brasil entre el 31 de agosto y el 8 de octubre de 2024.
Para algunos, este caso representó un ataque a la libertad de expresión en línea; para otros, significó el ejercicio de soberanía digital brasileña -es decir, la defensa de las acciones de los Estados para poner límites dentro de sus espacios geográficos a las empresas de redes sociales e internet-.
No obstante, un ejercicio democrático de la soberanía digital exige, en vez de un gatillo discrecional para mantener o no las redes sociales en el territorio mexicano acorde al humor del gobierno en turno, un desarrollo detallado de la normatividad constitucional e internacional en materia de derechos humanos y sus posibles restricciones, así como lo relativo a la moderación de contenidos establecido en el anexo 19-A del T-MEC.
Sólo así se llegará a buen puerto y no se desaprovechará nuevamente la oportunidad de discutir en serio la posible regulación de las redes sociales en México.
Mauricio Calcaneo. Doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM
¿Pero no estábamos de acuerdo en que las redes sociales privadas tienen un enorme poder sobre la población y debían establecerse límites?
Tan solo pensemos en Elon Musk y en X, o en la situación anterior En la que se pedía una autorregulación pero se colaban mensajes de grupos terroristas, entre otros.
Si se demuestra que una cuenta viene de una granja de bots, si sería lícito pedir a la plataforma que cancele dichas cuentas. La otra opción, que es verificar que la cuenta pertenezca a una persona, no me parece conveniente pues atenta contra su privacidad; pero la verificsción si es útil para figuras públicas cuyas identidades puedan ser robadas por bots.
También es cierto que lo ocurrido en el rancho Izaguirre parece una puesta en escena. Es fácil conseguir ropa similar a la que llevaban los desaparecidos por última vez. Pero no se hicieron análisis de adn u otros análisis forenses que realmente ligaran dichas prendas con los desaparecidos.
También en los reportes de estados con fosas clandestinas existen sesgos. ¿es creíble que no se hayan detectado en Tamaulipas, Sinaloa o Michoacán? Será que sólo algunos estados permiten la actividad de los buscadores y es ahí donde hallan las fosas.
El manejo de los datos es un asunto delicado, Los operadores de las redes sociales pueden saber, con un análisis de redes usando los metadatos, cuales cuentas tienen la mayor probabilidad de provenir de una granja de bot.s Pero también pueden saber, usando los números de teléfonos y las direcciones ip, quien opina que y detectar a los usuarios más influyentes en la red. De pasada hay que mencionar que los operadores de acceso a internet pueden saber todo lo que hacen sus usuarios en línea si éstos no usan una VPN (en cuyo caso el dueño de la VPN es quien lo sabe todo) y/o encriptan sus comunicaciones de extremo a extremo.
Para un gobierno es fácil saber quién está usando una VPN, y hay páginas que no permiten el acceso si intentas acceder a ellas usando la VPN.
Los datos en las redes sociales podrían dar una imagen más exacta que una encuesta sobre la opinión de las personas sobre muchos temas, siempre que se logre eliminar el sesgo inducido por los bots y se tome en cuenta el perfil demográfico de los usuarios de la red.
Entonces, ¿quién debería tener el derecho a manejar los datos y metadatos? ¿es factible esperar una autorregulación de los operadores de las redes? ¿deben compartirse los metadatos con el gobierno o algún organismo público descentralizado, o con toda la sociedad?
¿Regular las redes sociales privadas es lo mismo que regular la libertad de expresión?
El celular tiene un GPS, que algunas apps necesitan para funcionar, como UBER o DiDI. Pero algunas redes sociales, además de pedir permisos para acceder la cámara, el micrófono, fotos y videos y los contactos, también piden acceso a la ubicación (como Tinder). Se puede negar el acceso, pero entonces la app ya no funciona bien.
No todos saben del gps, menos saben que las aps lo acceden y aún menos saben cómo cancelar los permisos. Los celulares no vienen con instructivos. También redes sociales como Facebook tienen un panel de control barroco y es difícil configurar la cuenta, no hay instructivos y se hacen modificaciones todo el tiempo.
¿Cómo asegurar la privacidad de los usuarios y su derecho a la libertad de expresión si las apps manejas toda esa información sobre ellos a su arbitrio, amparados en los contratos de usuario que nadie lee (incluyéndome, pero no puede negarse uno si queremos usar la app)?
La Ley de telecomunicaciones , como cualquier Ley debe ser ampliamente estudiada, discutida, analizada y consensuada con todos los sectores de la sociedad y no mediante una imposición.
No es posible que se publique un proyecto de Ley a las 22:00 hrs del día anterior y a las 10:00 AM del día siguiente se apruebe en comisiones sin realizar un estudio pormenorizado. Lo que demuestra que nuestros legisladores no hacen su trabajo y los ciudadanos debemos ir a exigir en nuestros distritos a estos representantes que actúen conforme protestaron cumplir con el mandato otorgado.
El problema del ejercicio del Poder en México, es que se pretende destruir a los opositores a cualquier costo, sin tomar en cuenta que todas las fuerzas políticas tienen algo que aportar y no se les escucha, no todo lo realizado anteriormente esta mal hecho.
El proceso de creación de leyes debe modificarse a fin de que los distintos sectores puedan expresar sus opiniones y aportar sus ideas, efectivamente las redes sociales deben regularse desde todos los aspectos, de ahí la importancia de escuchar a los expertos, sin embargo no se puede dar una autorización a la Agencia de Transformación Digital , sin establecer previamente en que casos se puede bajar o bloquear a un usuario red social, no debemos olvidar que ya existen normas que permiten actuar al Estado en casos de seguridad nacional.
La discusión mediante argumentos serios es indispensable , ya que se debe de regular a las redes sociales y el uso de los datos personales que se obtienen de todos los usuarios. Es importante destacar que las redes sociales se alimentan día a día y esa información se vende a usuarios que no sólo pueden lucrar con esa la información, sino que pueden modificar conductas tanto de consumo como de manipulación política, de ahí de la importancia que se realice un proceso deliberativo por todos los sectores de la sociedad para tener una Ley que proteja a la sociedad independientemente de su ideología pero respetando los derechos humanos de la ciudadania.