Han pasado más de siete años desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Ciudad de México. Su labor en este periodo ha sido, por decir lo menos, paupérrima, ineficiente y poco transparente. Actualmente, el Congreso local tiene la oportunidad de contribuir a cambiar esta situación, pues en los próximos días designará a la persona que encabezará dicha institución por los próximos cuatro años. Este nombramiento debe realizarse con el mayor escrutinio y objetividad, ya que puede impactar de forma trascendental el rumbo de la lucha contra la corrupción en la capital del país.
La corrupción en México
La corrupción es un fenómeno complejo y multifactorial que genera afectaciones en los derechos humanos. La ONU ha reconocido que la corrupción socava la democracia y el Estado de derecho, conduce a violaciones de derechos humanos, distorsiona el mercado, erosiona la calidad de vida, y permite que florezcan el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.[1]
México es considerado uno de los países más corruptos de América Latina y del mundo. En 2023, el país fue colocado en el percentil 17.45 del indicador de Control de Corrupción en los Indicadores de Gobernanza Mundial elaborados por el Banco Mundial.[2] Asimismo, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, México ocupó la posición 126 de 180 países evaluados; por si no fuese suficiente, fue el peor calificado de la OCDE.[3]
Las evaluaciones en materia anticorrupción realizadas por instituciones nacionales no son más alentadoras. El INEGI reportó que el 59.4% de la población mexicana que tuvo contacto con autoridades de seguridad pública en 2023 fue víctima de un acto de corrupción; tratándose de autoridades ministeriales estatales el porcentaje fue 21.2%.[4]
El combate contra la corrupción en Ciudad de México
En Ciudad de México, entre los años 2013 y 2023, el porcentaje de personas que ha tenido contacto con servidores públicos y sufrido un acto de corrupción oscila entre el 15.7% y 20.7%.[5] A pesar esta significativa incidencia, la fiscalía anticorrupción capitalina ha sido atrozmente ineficaz en sus labores de investigación y persecución penal.
En 2023, la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México inició 799 carpetas de investigación. De dichas carpetas, sólo 529 (66.20%) recibieron algún tipo de determinación; 441 (55.19%) fueron archivadas temporalmente; 46 (5.76%) fueron judicializadas; y 25 (3.13%) fueron vinculadas a proceso. En breve, la Fiscalía Anticorrupción no logró obtener una sola sentencia condenatoria por delitos de corrupción en 2023.[6]
Lamentablemente, la lucha contra la corrupción en Ciudad de México continúa en el mero plano discursivo. La evidencia demuestra que la impunidad en casos de corrupción es atribuible directamente a la Fiscalía Anticorrupción, la cual ha fracasado rotundamente en su labor de procuración de justicia. Por lo tanto, el próximo nombramiento para ocupar la titularidad de dicha institución es sumamente relevante. Esta persona tendrá la titánica responsabilidad de realizar un cambio trascendental para romper con el statu quo.
El procedimiento, la terna y las comparecencias
Durante los últimos meses, el Consejo Judicial Ciudadano de Ciudad de México recibió candidaturas, evaluó perfiles, solicitó opiniones de la ciudadanía, y verificó resultados de exámenes de confianza de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Entre el 15 y el 17 de enero, el Consejo entrevistó a doce aspirantes que entregaron en tiempo y forma la documentación requerida.[7]
Demográficamente, los perfiles fueron bastante homogéneos: abogados, formalistas, de edad media o avanzada, con experiencia en instituciones de procuración de justicia, control interno, o seguridad pública. En la sesión ordinaria celebrada el pasado 5 de febrero, el Consejo finalmente decidió que las tres personas idóneas para liderar dicha institución son Adriana Greaves Muñoz, José Gerardo Huerta Alcalá y César Silva Mejía.[8] La terna fue enviada al Congreso local ese mismo día para su evaluación en la comisión correspondiente y su posterior votación en el pleno. A continuación, se analizan los perfiles y comparecencias de dichas personas.
César Silva: añoranza y discurso ético.
César Silva es titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Evaluación de Ciudad de México.[9] Durante su comparecencia, Silva resaltó la importancia del fiscal anticorrupción como garante de la integridad en la administración pública y enfatizó los principios éticos que esta figura debe guardar en su vida pública y privada. Ante preguntas de integrantes del Consejo, Silva afirmó que el presupuesto de una investigación penal en materia anticorrupción es un procedimiento administrativo al interior de las dependencias gubernamentales.
Silva pronunció un discurso ético decimonónico sin ninguna propuesta concreta encaminada solucionar los graves problemas de eficacia que aquejan a la fiscalía especializada en la materia. Su intervención parece ignorar la naturaleza y objetivos diversos de los procesos y sanciones penales y administrativas, condiciona el inicio de investigaciones penales por hechos de corrupción a la existencia previa de investigaciones administrativas. En resumen, Silva tiene una visión pasiva de la procuración de justicia que ignora la corrupción en el sector privado y socava la participación de la sociedad en la lucha anticorrupción.
José Huerta: experiencia práctica e inercias institucionales
Huerta cuenta con una amplia experiencia en materia de procuración de justicia. Actualmente es titular de Unidad de Asuntos Internos de la FGJCDMX.[10] Sus propuestas consistieron en fomentar los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, capacitar a jueces y fiscales, y fortalecer la coordinación interinstitucional. Al ser cuestionado respecto de las reparaciones del daño en favor de víctimas de corrupción, Huerta contestó cautelosamente en el sentido que debían utilizarse los canales legales y fomentar la utilización de acuerdos reparatorios, entre otras figuras.
Sin embargo, Huerta pretende perpetuar las inercias institucionales de la FGJCDMX y carece de una visión autocrítica indispensable para implementar cambios trascendentales al interior de la Fiscalía Anticorrupción. También resulta preocupante que proponga la utilización de acuerdos reparatorios en delitos de corrupción, ya que éstos no encuadran en ninguno de los supuestos de procedencia establecidos en el art. 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Adicionalmente, es importante mencionar que Huerta ha sido señalado por utilizar su cargo actual para extorsionar a servidores públicos bajo investigación para no suspenderlos del cargo, y de amenazar y maltratar a sus subalternos.[11] Durante su comparecencia, Huerta fue interrumpido en un par de ocasiones por personal de la fiscalía y su reacción fue abrupta, hostil, e incluso violenta.
Adriana Greaves: visión crítica, transformación y legitimidad social
Greaves cuenta con una licenciatura en derecho por el ITAM y una maestría por la Benjamin N. Cardozo School of Law. Su perfil profesional es, sin duda, el más interesante y diverso de la terna. Fue titular de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral en la entonces PGR y, actualmente, es codirectora de una organización de la sociedad civil que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en el combate a la corrupción.
Greaves fue la única que resaltó la importancia de reconocer a la sociedad civil como víctima de corrupción y coadyuvante en el proceso penal, así como de buscar reparaciones del daño colectivas en favor de la sociedad. También propuso adjudicar responsabilidad a personas morales y establecer un programa de alertadores anónimos de corrupción con recompensas económicas.
Ante preguntas del Consejo, la candidata destacó la relevancia de la colaboración con autoridades locales, federales, e internacionales para llevar a cabo investigaciones robustas que permitan identificar la trazabilidad de los productos de la corrupción y los beneficiarios finales. En suma, la visión global, crítica e innovadora de Greaves representa una verdadera oportunidad de cambio trascendental en la Fiscalía Anticorrupción.
El elefante blanco en la habitación
Una cuestión que pasó desapercibida durante las comparecencias es la evidente inconstitucionalidad de la estructura orgánica actual de la Fiscalía Anticorrupción capitalina. Esta institución fue contemplada como un órgano competente para investigar hechos de corrupción por la Constitución de Ciudad de México entrando en vigor en septiembre de 2018.
Así, la Ley Orgánica de la FGJCDMX establece que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano con autonomía técnica y de gestión facultada para investigar y perseguir hechos catalogados como delitos de corrupción por el código penal local. Sin embargo, dicha fiscalía actualmente tiene adscrita a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.[12] Esta última estaba contemplada en la Ley Orgánica de la Procuraduría (actualmente abrogada) y carece de sustento legal alguno en la legislación vigente.
Los artículos transitorios de la Ley Orgánica vigente establecieron un plan de transición que permitía incorporar las antiguas áreas o unidades que tuvieran casos en trámite a las nuevas estructuras orgánicas hasta que fueran resueltos dichos casos. Sin embargo, el proceso de transición debía durar como máximo cuatro años, plazo que ya transcurrió. Además, dichas incorporaciones temporales no pueden vulnerar el principio de legalidad; por ende, debían realizarse en las nuevas fiscalías o unidades que fueran legalmente competentes para conocer de los casos en trámite.
La actual incorporación de la Fiscalía de Servidores Públicos a la Fiscalía Anticorrupción incrementa de forma inconstitucional su ámbito competencial por materia y sus facultades legales de investigación y persecución, puesto que las amplía a todos los delitos cometidos por servidores públicos, aunque no sean de corrupción. Es indispensable que el próximo o próxima titular de la Fiscalía Anticorrupción de Ciudad de México defienda la especialización de dicha institución, pues esta característica es indispensable para la adecuada procuración de justicia en la materia y constituye una garantía para los derechos de las víctimas de corrupción.
Conclusión
Es importante reiterar que a la población de la capital del país le aqueja una deuda enorme de justicia en materia anticorrupción. Contrario a lo que sostiene el discurso hegemónico del gobierno actual, la evidencia científica demuestra que la impunidad en casos de corrupción es preponderantemente atribuible a la Fiscalía Especializada y no al Poder Judicial. En los próximos días, el Congreso local tiene la enorme responsabilidad de designar al próximo titular de esta institución. Todo parece indicar que la contienda principal será entre José Huerta (continuidad y experiencia) y Adriana Greaves (visión crítica y transformación). La decisión correcta podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia del combate a la corrupción capitalina, en el que la impunidad sea la excepción y no la regla.
Isaac Felipe Martínez Montoya. Licenciado en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, estudiante de la Maestría en Criminología, Derecho y Sociedad en la Universidad de California, y Cofundador del Observatorio Mexicano contra el Populismo Penal.
[1] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), What Is Corruption and Why Should We Care? (Austria: Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment). Disponible en: https://www.unodc.org/e4j/zh/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html
[2] World Bank Group, Worlwide Governance Indicators 2023. Control of Corruption. (2024). Disponible en: Interactive Data Access | Worldwide Governance Indicators (worldbank.org)
[3] Transparency International, Corruption Perception Index. (2024). Disponible en: https://www.transparency.org/en/countries/mexico
[4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción. (México, 2024). Disponible en: Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)
[5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción. (México, 2024). Disponible en: Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)
[6] Tojil, Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023-2024. (México: Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) y Embajada de Estados Unidos en México, 2024). Disponible en: https://tojil.org/wp-content/uploads/2025/01/Observatorio-Ciudadadano-2023-2024.pdf
[7] Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, Segunda sesión ordinaria correspondiente al ejercicio 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=E4y60nl1_wQ
[8] Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, Sesión ordinaria celebrada el 5 de febrero correspondiente al ejercicio 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/live/JxA0fVaz2B8
[9] Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Estructura orgánica: Titular del Órgano Interno de Control. (México, 2024). Disponible en: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/46
[10] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Portal de Transparencia: Currículum versión pública, José Gerardo Huerta Alcalá. (México, 2024). Disponible en: https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/644/9b0/7a4/6449b07a4fcb4657951680.pdf
[11] Infobae, La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de CDMX es acusada de presunta corrupción, (México, 2021). Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/16/la-unidad-de-asuntos-internos-de-la-fiscalia-de-cdmx-es-acusada-de-presunta-corrupcion/
[12] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Estructura Orgánica. (México 2025). Disponible en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura