El Instituto Nacional de Ciencias Penales se creó como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios con el objeto de llevar a cabo la formación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en ejecución de sanciones; la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas, y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas.
En junio de 2012, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo a bien reconocerlo como Centro Público de Investigación; por lo que el personal sustantivo, principalmente los profesores-investigadores, adquirimos mayores responsabilidades para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica, tecnológica y de innovación en México, en el área de las Ciencias Penales.
El pasado 23 de septiembre, el ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República, sin considerar un escenario puntual para el Instituto, toda vez que en el artículo décimo cuarto transitorio estableció que a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, quedaríamos desincorporados de la Administración Pública Federal y seríamos absorbidos por la Fiscalía. La propuesta es ambigua en el sentido de que no considera el carácter de ser Centro Público. Una posible consecuencia, sería la afectación de la proyección del trabajo académico y científico, que ya se realiza por el personal de la Dirección de Investigación quienes, en algunos casos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, generaría confusión entre los objetivos, actividades y metas del Inacipe y la Fiscalía General de la República que no necesariamente son los mismos.
De mantenerse la iniciativa como se presentó originalmente, el enfoque unidimensional y restrictivo de los cursos, especialidades, maestrías y doctorado; estaría impidiendo atender las demandas sociales sobre la formación en las Ciencias Penales y la Política Criminal, cediendo el paso a instituciones poco serias e informales.
Incluso, se pondría en riesgo la libertad de investigación, puesto que el trabajo que se haga en este rubro tendrá el sesgo institucional de la Fiscalía. Lo que se reflejaría en un retroceso en los esfuerzos de muchos años por establecer un sistema de carrera en la investigación basado en el mérito académico, pues los parámetros de contratación y asenso estarán condicionados a las exigencias del servicio a la Fiscalía.
Otra de las cuestiones poco favorables para el Inacipe es la imposibilidad de generar ingresos propios para desarrollar las actividades que en la actualidad ya realizamos, como son las publicaciones, investigación, congresos, seminarios, conferencias, etc.
En consecuencia, se considera viable hacer una adición al transitorio en comento con lo que se muestra en negritas, para quedar como sigue:
DÉCIMO CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración Pública Federal el órgano descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales y todos sus recursos humanos, materiales y financieros pasarán al patrimonio de la Fiscalía General de la República. El Instituto Nacional de Ciencias Penales se constituirá como un órgano descentralizado de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior contribuiría enormemente a que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como Centro Público de Investigación, genere investigación aplicada a los problemas nacionales; se ponga en práctica la interdisciplinariedad, se fomente el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, se aporten recursos para la toma de decisiones tanto del sector privado, público y social, se contribuya a la formación capital humano del más alto nivel que proporcione servicios científicos y tecnológicos, produzca a su vez conocimiento de frontera, aplicable y patentable, se abran los canales adecuados para transferir y aplicar ese conocimiento a la sociedad y al gobierno, en pocas palabras, se ayudaría a construir un país más sólido en cuanto la academia, docencia, ciencia que sustentarían las políticas públicas y acciones que corresponden al campo del conocimiento de las Ciencias Penales y la Política Criminal.
María Sierra Pacheco. Investigadora del INACIPE.
PORQUÉ NO CAPACITARON A TODOS LOS FUNCIONARIOS PARA HACER FRENTE AL NUEVO MODELO JURÍDICO. Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO EN LOS TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN
La conferencia sobre asesinos seriales fue impartida por in Civilista y con poca experiencia o nula en criminología.