En la arquitectura democrática de Estados Unidos, pocas prácticas revelan con tanta nitidez la tensión entre reglas e incentivos como el gerrymandering. A primera vista es un procedimiento técnico —trazar fronteras electorales—, pero en la práctica incide en la distribución efectiva del poder. La igualdad formal del sufragio convive con desigualdades sustantivas en su peso, no por decisión de los electores, sino por la de quienes diseñan los mapas.
Texas es el laboratorio más visible de esta tensión. Su historia muestra un tránsito inquietante: de las prácticas de exclusión abiertas que marcaron la primera mitad del siglo XX —como el poll tax o las llamadas “primarias blancas”— a la manipulación sofisticada de distritos en el siglo XXI. La coyuntura de 2025, cuando el gobernador Greg Abbott y la legislatura republicana aprobaron un nuevo mapa congresional orientado a producir hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano, ilustra con nitidez ese desplazamiento: ya no se trata de impedir votar, sino de decidir cuánto vale cada voto.
El caso de Texas confirma que el gerrymandering no es una anomalía localista, sino una cuestión estructural de la representación estadunidense. Primero, porque expone la retirada de la Corte Suprema de su papel como garante de la igualdad política. Segundo, porque muestra cómo las legislaturas estatales pueden convertir el rediseño distrital en un recurso partidista recurrente. Y tercero, porque anticipa una dinámica nacional donde la representación se vuelve un terreno de disputa permanente.
Trayectorias históricas
El gerrymandering es un término de ciencia política que se refiere a la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, para producir un efecto determinado sobre los resultados electorales. Es menos visible que la negación directa del sufragio, pero con un efecto igual de relevante: todos los ciudadanos pueden votar, aunque no todos los votos pesan lo mismo.
Texas ofrece un ejemplo histórico. Durante buena parte del siglo XX, la exclusión política fue clara. El poll tax de 1902 limitó la participación de los sectores afroamericanos. Las “primarias blancas”, que prevalecieron hasta su anulación en Smith v. Allwright (1944), reservaron la competencia real al electorado blanco. Estos mecanismos no disfrazaban su intención: el objetivo era restringir el acceso al voto.
Con el avance de la jurisprudencia federal y la legislación en materia de derechos civiles, esos dispositivos se desmantelaron. Pero la exclusión no desapareció; adoptó formas más sofisticadas. La manipulación de distritos sustituyó a las barreras legales. Las técnicas de packing y cracking —concentrar a las minorías en unos pocos distritos o dispersarlas en varios— operaron como nuevas herramientas de administración política del voto. El tránsito de Texas revela un patrón: del veto abierto al sufragio con un control indirecto de su eficacia.
El telón de fondo es demográfico. Entre 2010 y 2020, Texas creció más que cualquier otro estado, ganando más de cuatro millones de habitantes y dos escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Ese crecimiento provino en gran medida de comunidades latinas y afro en las áreas metropolitanas. Sin embargo, el diseño de los mapas tras el censo diluyó su peso político, asegurando que el control republicano de la delegación federal permaneciera intacto.
La historia texana no es un accidente local. Texas funciona de manera recurrente como laboratorio de estrategias de redistritación que, en diversos momentos, influyen en el debate nacional. Varios episodios de manipulación cartográfica en el estado han llegado a la Corte Suprema, donde sirven para delimitar —y a veces tensar— los alcances de la jurisprudencia federal en la materia.
Instituciones y gobernanza legislativa en Texas
El marco jurídico federal abrió espacio a la manipulación partidista. En Shelby County v. Holder (2013) la Corte eliminó la obligación de que Texas sometiera sus mapas a revisión federal. Y en Rucho v. Common Cause (2019) fue más allá: no negó que el gerrymandering partidista pudiera distorsionar la igualdad electoral, pero lo declaró un “asunto político no justiciable” en tribunales federales. Con ello, sostuvo que no hay criterios judiciales claros para determinar cuándo la manipulación de distritos con fines partidistas cruza la línea de la inconstitucionalidad. La consecuencia fue devolver el problema al ámbito de los congresos estatales y sus propias cortes, dejando sin árbitro federal una de las disputas más decisivas de la representación política en Estados Unidos.
En 2025 se aprovechó ese vacío normativo. En un contexto de fuerte presión política, el gobernador Greg Abbott convocó una sesión especial de la legislatura con un tema prioritario: aprobar un nuevo mapa orientado a garantizar hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.
El diseño institucional de Texas refuerza la asimetría. La legislatura estatal se reúne en sesiones ordinarias de apenas 140 días, cada dos años. Fuera de ese lapso, sólo el gobernador puede convocar sesiones especiales, de duración limitada y con una agenda que él mismo define. Así, el calendario político es un recurso bajo control del Ejecutivo, que puede activar o clausurar a conveniencia el debate legislativo.
La reacción demócrata en 2025 fue romper el cuórum: abandonaron el estado para impedir que la Cámara sesionara. Al mismo tiempo, exigieron que antes de discutir el mapa se atendiera la emergencia por las inundaciones en Hill Country. Durante varios días, el congreso quedó paralizado.
La respuesta de Abbott fue contundente. Usando su prerrogativa constitucional, cerró de manera anticipada la sesión especial y anunció la inmediata apertura de otra, colocando la redistritación como primer punto de la agenda. Con ello, no cambió el contenido de la convocatoria —la redistritación ya estaba incluida—, pero sí reafirmó su carácter ineludible y negó espacio a las prioridades demócratas.
El episodio muestra cómo el poder de convocatoria del gobernador se convierte en una herramienta de captura procedimental: controla el tiempo, decide la secuencia y coloca a la oposición en un terreno de resistencia defensiva. Las minorías, privadas de apoyo judicial y de mayorías parlamentarias, recurren entonces a tácticas como el quorum busting no para derrotar la medida, sino para visibilizar la disputa y trasladarla al escenario nacional.
La disputa nacional por la representación
La disputa texana no es un episodio aislado. En agosto de 2025, el gobernador Abbott promulgó la ley que establece los nuevos distritos congresionales en Texas, diseñada para posibilitar hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en 2026. El mapa ya enfrenta litigios federales y estatales —entre otros, acciones promovidas por el League of United Latin American Citizens (LULAC) y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)— por presunta dilución del voto bajo el Voting Rights Act.
La magnitud de este rediseño tuvo un efecto inmediato en el debate nacional. En estados como Missouri, Ohio, Florida y California se impulsaron respuestas propias. En particular, California avanzó con la Proposición 50, que se someterá a votación en noviembre de 2025 y que autoriza a la Legislatura a elaborar mapas congresionales temporales hasta 2030, en respuesta directa al rediseño texano.
La disputa por los mapas no es técnica ni periférica: constituye el núcleo de la democracia representativa, pues define quién elige a quién y en qué condiciones. Texas no sólo refleja las tensiones de su propio diseño institucional, sino que opera como un laboratorio cuyos métodos y controversias se proyectan nacionalmente. Lejos de un asunto administrativo, la redistritación se consolida como un problema estructural de la representación en Estados Unidos y anticipa que su disputa seguirá abierta durante la próxima década.
Diego Forcada Gallardo
Politólogo egresado del CIDE y maestro en Administración Pública por la Columbia University y la London School of Economics.