Más de un año después de que México obtuviera una resolución favorable e histórica en contra de siete empresas fabricantes y una distribuidora de armas de fuego tras una demanda interpuesta en Boston, Massachusetts, la Corte Suprema estadounidense celebró el mes pasado una audiencia clave para determinar la procedencia de la demanda presentada por el gobierno mexicano en 2021.[1]
Esta es la primera vez que este tribunal conoce de la controversia planteada por México marcando un hito en el compromiso y la lucha de nuestro país por detener el flujo ilícito de las armas de fuego que, año con año, ingresan al territorio nacional.
En abril de 2024, las ocho empresas demandadas –Smith & Wesson; Barrett; Beretta; Glock; Sturm, Ruger & Company; Witmer; Century Arms; y Colt– sometieron a la Corte Suprema una petición conocida como writ of certioriati con el objetivo de revertir la decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito que, en enero de ese año, determinó que éstas no gozan de inmunidad conforme a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
En su fallo, la Corte de Apelaciones le dio la razón a México validando sus argumentos: las compañías de la industria armamentista fomentan y propician, a través de sus prácticas comerciales negligentes, que armas de fuego sean traficadas ilegalmente hacia territorio mexicano con consecuencias devastadoras para su población.
Tras la celebración de la audiencia el pasado 4 de marzo, la máxima instancia judicial de Estados Unidos analizará los argumentos escritos y orales de ambas partes para definir si el caso puede avanzar a la etapa de fondo a partir de dos cuestiones planteadas por las empresas demandadas: 1) si la producción y venta de armas en Estados Unidos tiene un nexo causal con los daños ocasionados a México a raíz de la violencia armada en nuestro país (proximate cause); y 2) si la producción y venta de armas en Estados Unidos contribuye y facilita el tráfico ilícito de armas a México, considerando que las empresas tienen conocimiento del trasiego de sus productos hacia nuestro país (aiding and abetting).
Durante la audiencia, las compañías de la industria de armas se enfocaron en desvincular la manufactura y venta de sus armas de los daños ocasionados en México. Su argumento giro en torno a que el nexo entre la producción legal de armas, su comercialización y el posterior tráfico ilícito son eventos desvinculados y ajenos a su actividad comercial, por lo que no se les puede atribuir responsabilidad directa. Es decir, hay mucho trecho entre la producción de las armas y su daño en nuestro país.
Sin embargo, México ha planteado de manera sólida que, desde hace muchos años, las empresas conocen el destino final de sus productos. Inclusive, muchos fabricantes producen armas con modelos que están claramente dirigidos a “consumidores” en México, lo cual demuestra que conocen cuál es su mercado real. Autoridades estadounidenses, tal como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)[2], han visibilizado en reiteradas ocasiones, por un lado, que las armas que estas empresas fabrican terminan incautadas en México y, por el otro, que tiendas a las que estas empresas distribuyen sus productos, incurren a su vez en ventas irresponsables que permiten y facilitan que grupos criminales trafiquen armas a México.
De la misma manera que una compañía que produce medicinas de prescripción puede ser responsable por permitir la venta y distribución de sus fármacos a farmacias que han sido señalada por autoridades federales como vendedoras irresponsables, México plantea que las empresas que fabrican armas no pueden ser eximidas de su responsabilidad por comercializar sus productos a través de puntos de venta que ya han sido identificados como irresponsables. Dicho de otra manera, no se pueden separar los distintos pasos del ciclo del arma –producción, distribución, comercialización y venta– para fines de responsabilidad, sino que esta cadena debe entenderse como un todo: desde la manufactura hasta su desvío al usuario final.
El daño no es lejano ni incidental. Por el contrario, es la consecuencia previsible de un modelo que prioriza las utilidades sobre el control de la venta y distribución de las armas de fuego y, al hacerlo, pone en juego las vidas de miles de personas en nuestro país.
Los retos a los que se enfrenta México en esta instancia no son insignificantes. Es claro que este caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos no está exento de las fuerzas políticas que operan en el país vecino. A ello se suma que se trata de un caso sin precedentes, por lo que la decisión del alcance de la inmunidad procesal es incierta. No obstante, como ya ha sido mencionado en análisis posteriores a la audiencia[3], se le debería dar la oportunidad a México de que el fondo de su demanda sea analizado en juicio.
Independientemente de la decisión que tome esta Corte Suprema, se trata ya de un caso de éxito, no sólo por el planteamiento claro y robusto que se ha formulado; el camino jurídico que se ha recorrido hasta ahora constituye un parteaguas en los esfuerzos de México por hacer frente a este flagelo.
En efecto, no se debe olvidar que se trata de un litigio estratégico de nuestro país, que incluye una segunda demanda presentada en 2022 contra cinco tiendas de armas en Tucson, Arizona – que ha avanzado ya a la etapa procesal conocida como discovery –, así como una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaría por emitirse en los próximos meses. Al mismo tiempo, se analizan posibles acciones y nuevos casos que puedan plantearse en el futuro en los que se aproveche lo que hasta ahora se ha construido.
Todas estas acciones han permitido visibilizar que la manufactura, distribución y comercio de armas de fuego tiene efectos transnacionales de gran magnitud y que afecta directamente la vida diaria de las personas. Esto representa un cambio de paradigma y de narrativa que tiene un gran potencial para lograr también impactos positivos culturales, incluyendo en los estereotipos de género – con énfasis en las nociones negativas de masculinidades – que guardan una relación tan estrecha con las armas.
Ese es el fin último que persigue México: detener el sufrimiento humano producto de actividades ilegales, siempre a través de la razón y el derecho, y fomentando la cooperación y colaboración que caracteriza al principio de buena vecindad.
Pablo Arrocha Olabuenaga. Consultor Jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El autor agradece cumplidamente el apoyo de Armando Alberto Zaragoza Torres, colaborador en la Consultoría Jurídica.
[1] Ver https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expone-ante-suprema-corte-de-estados-unidos-caso-contra-empresas-fabricantes-de-armas?idiom=es
[2] Ver por ejemplo https://www.atf.gov/firearms/national-firearms-commerce-and-trafficking-assessment-nfcta-firearms-trafficking
[3] Ver https://archive.ph/2025.03.04-114541/https:/www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-03-04/us-supreme-court-should-let-mexico-s-gun-suit-go-forward#selection-1701.343-1701.516
De los creadores de las frases de:»abrazos no balazos», «aqui no se produce fentanilo» y ustedes se drogan mucho, en México tenemos valores espirituales (jajaja), llega: las empresas vendedoras de armas son responsables por distribuir armas «a través de puntos de venta que ya han sido identificados como irresponsables». El artículo es anacrónio, hay un antes y un después a partir de los llamados del gobierno de Estados Unidos a reuniones en USA al Secretario Omar García Harfuch. El articulista debió agregar a su impecable sintaxis, su opinión o por lo menos citar la respuesta de EUA, respecto al planteamiento hecho por la SRE, la cual agrego: Que las aduanas están a cargo de las fuerzas armadas de México, y existe un sistema de corrupción que permite el ingreso del armamento ilegal de todo tipo de armas a México.
Esta parte de nuestra historia proxima pasada en México, esta por cambiar si se aprueba las reformas propuestas por la presidenta CSP, para que la SSPyPC tenga facultades para hacer inteligencia, se fortalezca los niveles de confianza para identificar si los elmentos estan amenzados y/o comprados o ambos; un cuerpo de policias capacitados, con facultades, equipo y fortalecer la vinculación con los fiscales de los estados.
Es un tema de Estado y Seguridad Nacional, de urgente y obvia resolución.